El juez federal Gustavo Gelpí decidió hoy que, por el momento, no sancionará al exproductor televisivo Sixto Jorge Díaz Colón —también conocido como Sixto George— por posibles violaciones a la orden de mordaza en el pleito judicial en su contra. En cambio, el juez se limitó a advertirle al acusado que, de emitir comentarios adicionales, incurrirá en desacato.
Más temprano, la abogada de Díaz Colón, Sulay Ríos, presentó sus argumentos al juez Gelpí por las cuales el acusado no debe ser amonestado por expresiones que realizó mediante sus plataformas de redes sociales la semana pasada en las que solicitó un juicio televisado. Sin embargo, los argumentos de Ríos fueron presentados mediante una moción sellada, por lo que no estaba disponible para el público.
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“Ante los planteamientos de la representación legal del acusado de que este se abstendrá de emitir comentarios públicos en torno al caso, se le advierte que en un futuro resultará en desacato a la corte. El tribunal, en este momento, ha decidido que no tomará acciones adicionales. Sin embargo, nos reservamos el derecho de retomar este asunto de ser necesario”, dijo Gelpí en su orden.
“La Corte, además, hace constar que las expresiones del propio acusado que solicitaron un juicio público fueron voluntarias y, como tal, están sujetas a admisibilidad y podrían ser utilizadas por el Gobierno en un juicio para impugnarlo o para cualquier otro motivo”, reza la orden de Gelpí.
El productor publicó en sus redes sociales, el pasado 9 de marzo, un comentario pidiendo un juicio televisado en su caso. “Que todo Puerto Rico vea como los federales te fabrican un caso desde la maldad, la mentira, el encargo, la politiquería y la corrupción”, expuso el acusado federal. Díaz inició su publicación reconociendo que no puede hablar sobre el caso, pero invitó a que desfilen todas las personas necesarias para que la ciudadanía pueda ver “en primera fila” como las autoridades federales tocan la puerta “desde la mentira” y “su imaginario nivel Netflix”.
El pasado 29 de enero, el juez Gelpí impuso una orden de mordaza que prohíbe a las partes a divulgar públicamente información sobre el caso.
El pasado 4 de febrero, Díaz Colón se declaró no culpable de todos los cargos de los cuales se le acusa de supuestamente haber cometido los delitos de tentativa de extorsión, extorsión interestatal y destrucción de evidencia.
Según la acusación, Díaz Colón habría intentado extorsionar en varias ocasiones a Anthony Maceira, exsecretario de Asuntos Públicos y al entonces gobernador Ricardo Rosselló. El esquema, según la acusación, habría consistido en que George —al enterarse de la existencia del chat de Telegram— intentó obtener dinero y contratos gubernamentales a cambio de ayudar a “arreglar” la imagen de la administración de Rosselló tras la publicación del chat. Díaz Colón habría solicitado unos $300,000 para supuestamente detener la publicación de extractos adicionales del chat de Telegram.
