El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, aseguró que buscará intervenir en el proceso de elaboración y aprobación del plan fiscal a cinco años que el gobernador Pedro Pierluisi ya sometió a la Junta de Control Fiscal (JCF), si bien es un asunto en el que la Asamblea Legislativa no ha participado desde que se aprobó la Ley Promesa.
“Nosotros vemos el plan de ajuste (de deuda), el plan fiscal y el presupuesto como algo integral. Una cosa va amarrada a la otra. Hemos tenido comunicación efectiva con el gobernador y los directores de Aafaf (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal), los miembros de la JCF y su directora (Natalie Jaresko). Entre lunes, martes o miércoles debo estar presentando formalmente unas enmiendas al plan fiscal mediante legislación, que se van a considerar. Todo el mundo está claro, desde enero, que íbamos a presentar esto”, sostuvo Hernández esta tarde en rueda de prensa.
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Pierluisi presentó un plan fiscal a cinco años el pasado 8 de marzo, misma fecha en que la JCF sometió ante la jueza federal Laura Taylor Swain un plan de ajuste para cerca de $35,000 millones en deudas del gobierno central, la Autoridad de Edificios Públicos y el sistema de retiro.
“Hay que saber negociar, hay que conocer a Promesa y los procesos legislativos. No está escrito en ningún lado que la Legislatura tiene injerencia en el plan fiscal, pero la Junta (de Control Fiscal) y el gobernador necesitan de la Legislatura para ratificar la transacción final (del plan de ajuste de deuda). O se sientan con nosotros desde ahora o se tranca la cosa. Lo idóneo, práctico, funcional, es que el diálogo no comience después que de forma arbitraria se aprueben las cosas. Se lo dije a Jaresko, a David Skeel (presidente de la JCF) y se lo dije al gobernador. Yo no soy (el expresidente de la Cámara, Carlos) ‘Johnny’ Méndez. Esta mayoría no es la mayoría del PNP, este es el Partido Popular y vamos a intervenir directamente en los procesos y defender nuestras prerrogativas constitucionales”, manifestó Hernández, al preguntársele si la Legislatura cuenta con las facultades que pretende reivindicar.
Para Hernández, la reciente denegatoria de la JCF a los fondos que solicitó el ejecutivo para llevar a cabo una elección de cabilderos a favor de la estadidad evidencia que la Asamblea Legislativa debe avalar los fines a los que se destina el dinero público.
Desde su llegada a Puerto Rico en 2016, el ejecutivo ha sometido a la JCF los planes fiscales que se le requiere y el organismo federal, a su sola discreción, evalúa, enmienda y certifica la versión final del documento que, a su vez, sienta las bases para la preparación de presupuestos.
