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Demandan a la Junta y al gobierno por alegada retención “ilegal” de fondos municipales

La Liga de Ciudades argumenta que pretende cobrarle a los municipios las cantidades que no pagaron mientras estuvo vigente la Ley 29.

La Liga de Ciudades —organización que agrupa a unos 27 municipios del país— presentó hoy una demanda contra la Junta de Control Fiscal (JCF) en la que argumentan que el ente fiscal retuvo ilegalmente unos $340 millones para pagar el periodo en el que a los ayuntamientos se les eximió de los pagos al sistema de salud y retiro.

La demanda —presentada el domingo 14 de marzo— surge luego de que, según los demandantes, la JCF decidió que los municipios debían pagar las cantidades que dejaron de contribuir al sistema de salud de la Administración de Seguros de Salud (ASES) y al nuevo sistema de retiro por el periodo en el que la Ley 29 de 2019 estuvo vigente. Y es que el pasado 15 de abril de 2020, la jueza federal Laura Taylor Swain —quien preside el proceso judicial de la reestructuración de la deuda del país— invalidó dicha legislación, la cual eximió a los municipios de continuar realizando contribuciones a ASES y al PayGo.

En síntesis, la entidad argumentó en su demanda que la Junta busca aplicar de forma retroactiva la decisión de Swain.

La Ley 29 entró en vigor el 17 de mayo de 2019 y fue invalidada por la jueza el 15 de abril de 2020. Sin embargo, la jueza decidió que el dictamen entraría en vigor el 6 de mayo de 2020.

La Liga pidió al tribunal que determine que la Ley 29 estuvo vigente durante el periodo de aproximadamente un año, por lo que los municipios estaban exentos de pagar dichas cantidades a ASES y al Sistema de Retiro. Además, solicitaron que se declare que los demandados no pueden cobrar de los municipios aquellos fondos de los cuales se les eximió pagar en el periodo en el que estuvo vigente la Ley 29, entre el 17 de mayo de 2019 y el 6 de mayo de 2020.

“La decisión de la juez [Swain] solamente tiene efecto prospectivo, lo que significa es que lo actuado durante la vigencia de la Ley [29] es válido. Por lo tanto, los municipios no tienen deuda alguna para con nadie durante ese tiempo y que los municipios son dueños de esos fondos… [Los municipios] no deben los $340 millones que la Junta dice que deben”, planteó el abogado Guillermo Ramos a Metro. La organización también demandó a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), Administración de Seguros de Salud (ASES) y a Luis Collazo, en su capacidad como administrador del Sistema de Retiro.

“Durante ese periodo, los municipios no realizaron contribuciones a ASES ni al programa del PayGo ya que se les había eximido de estos pagos por medio de la Ley 29”, reza la demanda de la Liga de Ciudades, una entidad no partidista creada en 2017 que busca fortalecer los vínculos entre los ayuntamientos para atender problemas sociales y fiscales.

“Luego de esto, la Junta de Supervisión Fiscal presentó una interpretación incorrecta en torno a la orden del pasado 15 de abril de la jueza Swain y comenzaron a exigirle al CRIM, ASES y al Sistema de Retiro a cobrarle a los municipios las contribuciones que se les eximió por medio de la Ley 29 y que estos no realizaron durante dicho periodo. De acuerdo con la Junta de Supervisión, la orden del pasado 15 de abril anuló todo lo que se había realizado desde que la Ley 29 entró en vigor como si nunca hubiese existido”, lee el documento.

Los demandantes argumentan que la decisión de la jueza entró en vigor a partir del 6 de mayo de 2020 y que el periodo que ofreció entre su dictamen y la fecha de ejecución de la sentencia únicamente correspondía para acordar el proceder ante la invalidación de la Ley y no para intentar cobrar de forma retroactiva aquello que no se pagó por casi un año.

La entidad alegó también que el CRIM y las otras agencias “sucumbieron” a la presión del ente fiscal a cobrarle a los ayuntamientos la cantidad de dinero que hubiesen tenido que pagar a estos sistemas de no haberse firmado la ley 29.

Asimismo, la Liga indicó que, ante la resistencia de los municipios, el CRIM comenzó a retenerle fondos a los ayuntamientos para pagar el periodo en el que argumentan que estuvo vigente la Ley 29.

“Debido a estas retenciones ilegales, los municipios han visto sus finanzas seriamente perjudicadas debido a una interpretación errónea de una decisión judicial en un pleito en el que los municipios ni tan siquiera formaron parte y que se les negó cualquier tipo de participación”, reza la demanda. Alegan que esta acción provocó que a los municipios se les retuviera alrededor de $340 millones.

Si bien la Ley 29 eximió a los municipios de contribuir al sistema de salud y al retiro, dicha medida permitía que el CRIM retuviera el equivalente al 50% del PayGo y el 90% de ASES destinado a un fondo especial. Ramos argumentó que, tras la decisión de la jueza, el CRIM envió esos fondos a ASES y a Retiro en lugar de distribuirlos entre los municipios.

Cuestionan falta de representación en el pleito

Por su parte, la Liga de Ciudades cuestionó que tras la demanda que presentó la Junta en julio de 2019 no se incluyó representación de los municipios en dicho pleito. La demanda menciona que la Federación de Alcaldes y la Asociación de Alcaldes intentaron intervenir en el proceso judicial, pero la Junta se opuso y la jueza Swain negó los pedidos.

Asimismo, detallaron que el municipio de San Juan también intentó formar parte del pleito, pero se les denegó la petición. “Nadie puede ser perjudicado por una decisión en la cual no fue parte”, señaló Ramos.

La Ley 29 de 2019 fue firmada por el entonces gobernador Ricardo Rosselló para eximir a los municipios del pago al sistema de salud y al sistema de retiro. Dicha ley se promulgó luego de denuncias de los alcaldes y alcaldesas del país que aseguraron que el gobierno central le impuso dichas cargas adicionales por medio de la Ley 106 de 2017 y que esta nueva obligación perjudicó las finanzas de los ayuntamientos.

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