El gobernador, Pedro Pierluisi, nombró al planificador Manuel A.G. Hidalgo presidente de la Junta de Planificación (JP). De ser aprobado por el Senado, será la mano derecha del mandatario en el diseño de la política pública de planificación, desarrollo económico y de la protección de los recursos naturales.
El nominado cuenta con unos quince años de experiencia en el sector público. Dirigió, hasta enero de 2021, la Oficina de Planificación de Canóvanas bajo la administración de la alcaldesa Lornna Soto, del Partido Nuevo Progresista (PNP). Uno de los trabajos más significativos de Hidalgo allí fue revisar el Plan de Ordenamiento Territorial, que organiza los distintos usos del suelo en el municipio.
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El Fideicomiso de Conservación, una de las entidades que protege los recursos naturales en Puerto Rico, está impugnando la legalidad, la veracidad y el proceso de ese plan ante el Tribunal de Apelaciones, porque alegadamente va en contra de las indicaciones del Plan de Uso de Terrenos de la JP.
Pierluisi también nombró como miembros asociados a la JP a funcionarios que ya habían sido confirmados durante la administración de Ricardo Rosselló, y guardan una característica en común: todos han estado ligados a administraciones del PNP.
Entre los nombramientos están el de la planificadora María Gordillo, quien presidió la JP durante los pasados cuatro años, así como Rebecca Rivera. Pierluisi además designó como miembro asociado a Mercemar Rodríguez, ex directora del Programa de Planificación Física de la JP, donde se crean planes y reglamentos sobre los usos de los terrenos de Puerto Rico.
A la agencia se unirán otros miembros asociados cuyos currículos no muestran experiencia de peso como planificadores. Julio Lassús, quien viene de dirigir la Comisión de Seguridad Pública en el Senado y la oficina del senador Henry Neumann (PNP), y el ingeniero José Díaz, quien acaba de pasar dos años trabajando para la polémica empresa Innovattel Services, que está instalando antenas de telecomunicaciones alrededor de la isla, lo que le ha merecido una fuerte oposición de grupos comunitarios en Aguada y Salinas. Lassús ya fue nombrado vicepresidente de la Junta de Planificación, según lo identifica un tuit de la agencia del 26 de febrero.
Entre los nombramientos de Pierluisi se encuentra el de Suheidy Barreto, quien también había sido miembro asociado de la JP durante la administración de Rosselló, y ahora rechaza el puesto para atender nuevas oportunidades profesionales, según la agencia.
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La permanencia de Gordillo y Rivera, por su parte, implica que podrían continuar “patrones de administración que no viabilizan la justicia climática para las comunidades ni de adaptación a la crisis del clima”, sostuvo la coordinadora de movilización de El Puente-Enlace Latino de Acción Climática, Marissa Reyes. La organización sin fines de lucro comenzó a fiscalizar a la JP como parte de su reclamo de justicia climática, cuando a partir de 2019 la agencia hizo un nuevo mapa de calificación de suelos que, al igual que los reglamentos conjuntos de permisos de 2019 y 2020, se trató de un proceso duramente criticado por ser atropellado, con poca transparencia y limitada participación ciudadana.
“Estas personas se quedan nuevamente dentro de la Junta de Planificación cuando ya vimos durante los pasados cuatros años que no cumplieron con los procesos administrativos que deben permitir la participación ciudadana. Nos preocupa que sigan con esa mirada, sin incorporar al sector comunitario y sin una planificación pensada para la mitigación y adaptación”.
Las designaciones de Pierluisi aún no han sido enviadas a la Comisión de Nombramientos del Senado, según un portavoz del presidente senatorial, José Luis Dalmau. Sin embargo, Hidalgo ha estado visitando oficinas de legisladores, entre estas la de María de Lourdes Santiago, confirmó la senadora independentista. En esta visita, Hidalgo buscaba recabar apoyo para cuando llegue su proceso de confirmación.
Aunque Pierluisi hizo los nombramientos el 28 de enero, no se han anunciado por La Fortaleza. La JP publicó un tuit el 17 de febrero en el que se identifica a Hidalgo como presidente.
Esta es la trayectoria de los funcionarios escogidos por el Gobernador para diseñar parte del futuro económico y ambiental de Puerto Rico:
Manuel A.G. Hidalgo Rivera
Obtuvo una Maestría en Planificación Urbana y Territorial de la Universidad de Puerto Rico (UPR), en Río Piedras. Además de su experiencia en el sector gubernamental, ha laborado para su empresa de consultoría y servicios Hidalgo + Partners.
Uno de sus primeros trabajos con el Gobierno fue de 2005 a 2008, en la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión, en la que impulsó proyectos para el desarrollo de pequeñas empresas y comunidades pobres, entre otros.
De 2009 a 2018, dirigió la Oficina de Urbanismo y Ordenamiento Territorial en Aguadilla, donde actualizó la política pública y los mapas municipales, y preparó planes de rehabilitación del centro urbano, de mitigación de emergencias, de transporte y de desarrollo económico, entre otros.
Cuando fue jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo Económico de Canóvanas, esta enmendó “de manera ilegal e inconstitucional” las clasificaciones de suelo, bajo el “falso argumento” de que se trataba de una armonización con el Plan de Uso de Terrenos de la JP, alega el recurso legal incoado por el Fideicomiso de Conservación, que también demanda a la JP. El plan de Hidalgo eliminó, por ejemplo, casi 50 cuerdas clasificadas como Suelo Rústico Especialmente Protegido Agrícola y las cambió a Suelo Urbano, lo que autoriza las construcciones en áreas inundables. Canóvanas modificó además a Suelo Urbano otras 63 cuerdas que eran Suelo Rústico Especialmente Protegido Ecológico. La demanda también cuestiona el proceso de notificación y de participación, que evitó que una comunidad de Cubuy se enterara de que su Suelo Urbano ahora aparece como Suelo Rústico Común (no contemplado para urbanizar).
Hidalgo no respondió a una solicitud de entrevista del CPI.
Es miembro de la Junta Examinadora de Planificadores Profesionales desde 2019, en la que trabajó en la aprobación de reglamentos, la administración de exámenes, el otorgamiento de licencias y la acreditación de instituciones que ofrecen educación continua.
María Gordillo
La expresidenta de la JP cuenta con más de 30 años de experiencia en el servicio público y el sector privado. Obtuvo un Bachillerato en Geografía en la UPR de Río Piedras, en 1987, y se licenció como planificadora profesional, según el informe senatorial sobre su pasado nombramiento.
Entre 1987 y 2000, ocupó diversas posiciones en la JP, incluida la de miembro asociado, y luego laboró en el sector privado como socia de la compañía CFG Group, dando consultoría en ingeniería, planificación y asuntos ambientales, según el registro de corporaciones. Se convirtió en consultora independiente hasta que en 2011 regresó a la JP como Vicepresidenta y Directora Ejecutiva Auxiliar. Entre 2013 y 2014 fue miembro asociado de la Junta Revisora de Permisos y Usos de Terrenos. Trabajó como consultora independiente hasta que en 2017 Ricardo Rosselló la nombró miembro asociado y presidenta de la agencia.
Tras llegar a la jefatura de la JP, invalidó la designación como reservas naturales de siete áreas de alto valor ecológico, una decisión que el Tribunal Supremo revocó en 2019. La agencia aún no informa en su web que las ha reinstalado.
La JP bajo Gordillo intentó aprobar el Reglamento Conjunto 2019, que buscaba uniformar todo el sistema de adjudicación de permisos de construcción, uso de terrenos y operación de los negocios, una iniciativa que contó con una amplia oposición de sectores comunitarios y del mundo de la planificación, y que fue rechazada por el Tribunal de Apelaciones, porque la agencia incumplió con la Ley de Procedimiento Administrativo. En 2020, la JP sometió un nuevo Reglamento Conjunto, que cuenta con una fuerte oposición de sectores como la Sociedad Puertorriqueña de Planificación (SPP). Esta señala “falta de rigor en los procesos”, porque se mantienen los problemas que ese gremio señaló en 2019, y porque la agencia no consideró las recomendaciones de un comité formado por la ex gobernadora Wanda Vázquez para desarrollar procesos participativos.
Rebecca Rivera Torres
Completó un Bachillerato en Economía en la UPR de Río Piedras en 1997, hizo una maestría en Planificación Regional en la Universidad de Massachusetts en 2001 y posteriormente obtuvo su licencia como planificadora profesional, según el informe de su nombramiento a miembro asociada en el cuatrienio anterior.
Trabajó en 1997 como analista económica en la JP. Entre 1997 y 2002, se convirtió en asistente de investigación y de enseñanza de la Universidad de Massachusetts y coordinadora académica de la Universidad Central de Bayamón. Regresó a la JP en 2002, donde hizo estudios, análisis y evaluaciones de las consultas de ubicación de proyectos públicos y privados, examinó los impactos económicos y ambientales de las infraestructuras y evaluó reglamentos y planes de ordenamiento territorial.
De 2005 al 2016, dirigió la planificación de Toa Baja, durante toda la administración del exalcalde Aníbal Vega Borges (PNP). Entre las labores de Rivera en ese municipio se encuentran haber aprobado el Plan de Ordenamiento Territorial y hacerle seis revisiones parciales, además de planificar y desarrollar los sistemas de transporte colectivo.
Fue recomendada por Gordillo para ser miembro asociada de la JP. Es secretaria de la Junta Examinadora de Planificadores Profesionales.
Mercemar Rodríguez Santiago
Se graduó de Biología en la UPR de Cayey en 1999, y de una maestría en Planificación Ambiental del Sistema Ana G. Méndez, Recinto de Cupey, en 2018.
En el 2000 comenzó a laborar en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), donde ocupó diversas posiciones administrativas.
La Oficina del Contralor menciona a Mercemar Rodríguez como parte de los funcionarios del DRNA, bajo la administración del ex secretario Daniel Galán Kercadó, responsables de la falta de implantación del Plan de Aguas y de la utilización de los fondos recaudados de las franquicias de agua en violación de ley y de deficiencias en el otorgamiento de franquicias de pozos, entre otros.
De 2017 a 2019 fue ayudante especial en la antigua Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS), donde coordinó proyectos asociados a la reconstrucción tras los huracanes Irma y María. Entre sus labores estuvo apoyar una iniciativa de la ex primera dama, Beatriz Rosselló, para la educación de maestros de artes visuales que llevaron a cabo actividades de arte público con los estudiantes.
La funcionaria fue una de las integrantes en el grupo de WhatsApp denominado “coffee break” en el que se discutían estrategias de la campaña electoral de Ricardo Rosselló con allegados al partido, entre ellos el convicto juez, y luego presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Rafael Ramos Sáenz.
Rodríguez comenzó labores en la JP en 2019, como directora del Programa de Planificación Física, donde culminó los procesos de creación y revisión de planes territoriales en Arecibo, Moca y Orocovis, entre otros.
José Díaz
Hizo un bachillerato y una maestría en ingeniería en la Universidad Politécnica de Puerto Rico y cuenta con más de 30 años de experiencia, principalmente en el sector de la construcción.
Trabajó en la extinta Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) entre 1987 y 1992, donde orientaba, evaluaba y certificaba el proceso de solicitudes de permisos.
Entre 1992 y 1993 fue asistente del gerente general de la empresa AH Development, en la que tramitó permisos y coordinó la creación de planos para la construcción de la urbanización Montehiedra, en San Juan, y posteriormente estuvo en diferentes empresas de la industria.
Fue ayudante especial de Michael Pierluisi, ex secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor e hijo del actual gobernador, entre 2017 y 2019.
Entre 2015 y 2016, y tras su salida de DACO, fue manejador de proyectos de Innovattel Services, donde ha coordinado más de 25 instalaciones de telecomunicaciones, según su resumé.
Julio Lassús Ruiz
Completó un bachillerato en Biología en la UPR de Cayey en 2008, un juris doctor en la Pontificia Universidad Católica de Ponce en 2017, una maestría en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana en 2019 y otra en Planificación en la Universidad Metropolitana en 2018, según datos provistos por la JP.
Supervisó la región de Guayama en la Junta de Calidad Ambiental (JCA) entre 2010 y 2014, pero fue despedido porque su contratación ocurrió durante el periodo de la veda electoral, sin una dispensa, según consta en documentos de una demanda que este radicó contra la agencia.
Entre 2009 y 2010, fue asistente especial del Director Ejecutivo y presidente de la JCA, Pedro Nieves Miranda, bajo la administración del ex gobernador Luis Fortuño. Lassús trabajó en el desarrollo de política pública ambiental, como la legislación para controlar la contaminación lumínica y la reforma de permisos, entre otros.
El 1ero de febrero de 2018 se convirtió en director ejecutivo de la Comisión de Seguridad Pública en el Senado. Asistió en la redacción de medidas como la nueva Ley de Armas y la Ley del Protocolo para la Determinación de las Causas y Manera de Muerte Relacionadas a Desastres Naturales o Eventos Catastróficos (que vetó Rosselló). Asesoró a Newmann en temas relacionados a planificación, gestión de permisos y medioambiente, entre otros temas.
