El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, volvió a la carga hoy, jueves, en contra del discrimen por tener tatuajes y “piercings” en el empleo al radicar por segunda ocasión una medida legislativa para tales efectos que ahora, además, propone protección laboral a personas con el cabello teñido con colores no tradicionales o naturales.
Se trata del proyecto 566, que establecería la política pública del Gobierno de Puerto Rico y establecería la prohibición específica de discrimen en el empleo contra esta población.
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“Insisto por segunda ocasión en esta medida legislativa porque las personas con tatuajes, ‘piercings’ o cabello teñido de colores no tradicionales o naturales -cuyo número va en aumento- carecen de protección legal específica en casos de discrimen laboral”, expresó Márquez Lebrón en comunicación escrita.
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Mencionó que, durante su primer término, radicó una medida similar que contó con el apoyo de diversos sectores e incluso de agencias del Gobierno.
Además, el portavoz cameral del PIP aprovechó la oportunidad para reconocer las aportaciones de la organización “Mi estilo no me define, Inc.”, con la cual ha sostenido comunicación desde que radicó un proyecto similar durante el cuatrienio pasado, y a quienes describió como un grupo que posee “una trayectoria en el reclamo de protecciones laborales y que han llevado múltiples batallas y testimonios del discrimen laboral que enfrentan miles de personas por su mera apariencia”.
Por último, Márquez Lebrón precisó, que bajo el estado de derecho actual, “estas personas se encuentran susceptibles a enfrentarse a situaciones discriminatorias en el empleo, tales como suspensiones, denegatorias de oportunidades de empleo a base de su apariencia, despidos o actuaciones dirigidas a perjudicarles con respecto a los términos y condiciones de su empleo por tener tatuajes, ‘piercings’ o cabello teñido de colores no tradicionales o naturales” y que, incluso, dicha realidad “inevitablemente incide en la taza de empleo y aminora las posibilidades de que esta población se inserte en la fuerza laboral impactando negativamente la economía de Puerto Rico”.
