El representante Víctor Parés Otero informó sobre la radicación de una medida que busca crear la Oficina de Acceso al Diseño y la Construcción con la finalidad de establecer una clínica que brinde asesoría para la construcción de estructuras seguras para la población de escasos recursos.
“Este fenómeno se conoce como la ’construcción informal’, que es muy común en la Isla, particularmente en las áreas montañosas y desventajadas económicamente. Esta construcción, también conocida como construcción ilegal, a riesgo, criolla o clandestina, se refiere a aquella que no tiene permisos, que no es diseñada por un ingeniero o arquitecto licenciado (únicos profesionales facultados por ley para diseñar y fungir como proyectistas), y no se rige por los códigos vigentes, por lo que resultan en la construcción de estructuras más vulnerables a los efectos de fenómenos naturales como huracanes, tsunamis y terremotos”, expresó el representante.
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Según el Proyecto de la Cámara 342, la Oficina de Acceso al Diseño y la Construcción tendrá la responsabilidad de establecer una clínica que brinde asesoría técnica para la construcción de estructuras seguras para la población de escasos recursos.
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También tendrá la facultad de contratar los ingenieros en entrenamiento, ingenieros asociados, ingenieros licenciados, arquitectos en entrenamiento y arquitectos licenciados y cualquier otro empleado o funcionario necesario para la creación, administración y funcionamiento de la Oficina.
Además, los gastos de funcionamiento de la Oficina provendrán de fondos generados por servicios de la oficina, donativos de fundaciones, corporaciones e individuos, propuestas de fondos federales, estatales o municipales y fondos federales de mitigación a raíz de un desastre natural, entre otros.
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“Si bien es cierto que una de las medidas que hay que tomar es la revisión de los códigos de construcción y mantener actualizados los cambios a los mismos, de nada funcionará esa medida si no se utilizan los códigos para realizar las construcciones. El espíritu de los códigos de construcción no es que los ciudadanos diseñen y erijan sus viviendas, sino que busquen la asesoría de un ingeniero o arquitecto licenciado. Facilitar el acceso a estos servicios para las personas de escasos recursos debe ser la política pública del país, para reconstruir responsablemente las viviendas parcial o totalmente destruidas por los huracanes Irma y María; y eventualmente las que se continuarán construyendo en el futuro post-catástrofe”, añadió Parés Otero.
Según el comunicado de prensa, datos de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) apuntan a que en el país hay cerca de 75,000 viviendas construidas sin permisos y se indicó que “este número no es perfecto dada la manera de construir sin que pase por el filtro de los procesos que permiten hacer la contabilidad más fiable, por lo que podríamos pensar que son más viviendas que las que apunta la OGPe. Estas estructuras no solo son vulnerables a huracanes, tsunamis y terremotos, sino también a deslizamientos e inundaciones”.
