Ante la presentación de tres proyectos de ley que impulsan una auditoría de la deuda pública, integrantes de la Comisión Ciudadana para Auditar el Crédito Público (CCACP), recomendaron hoy que, de realizarse, dicho proceso debe estar guiado por la independencia de criterio, transparencia y que cuente con recursos económicos.
Durante una conferencia de prensa celebrada hoy, la organización planteó cinco principios que deben regir un proceso de auditoría de la deuda a la luz de la presentación de tres medidas legislativas en la Cámara de Representantes y en el Senado que persiguen realizar esta inspección. Los cinco principios recomendados por la organización incluyen que el ente que realice la auditoría cuente con poderes investigativos, con independencia de criterio, transparencia y acceso a la información, suficientes recursos económicos y que se trate de una auditoría integral, la cual incorpore aquellas inspecciones financieras, de cumplimiento, rendimiento y forenses.
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“Nos parece muy interesante que las delegaciones de la Asamblea Legislativa de tres partidos políticos estén activamente promoviendo distintas variantes de la auditoría. Eso nos parece que, por lo menos, hay un punto de encuentro a favor de la auditoría aunque sea en términos muy diferentes y nos parece entonces que hay un terreno muy fértil para la aprobación de un proyecto de esta naturaleza”, dijo el abogado Luis José Torres Ascencio.
Al momento, en la Legislatura se han presentado la Resolución Conjunta de la Cámara 63, que ordena a la Oficina del Contralor realizar una auditoría de la deuda del gobierno desde 1952 hasta 2020. Mientras que el Proyecto de la Cámara 457 pretende crear la Comisión para la Auditoria de la Deuda Pública de Puerto Rico. A su vez, el Proyecto del Senado 159 busca crear la Comisión de la Verdad y para la Auditoría Integral de la Deuda Pública de Puerto Rico.
Por su parte, el profesor universitario José González Taboada indicó que la auditoría de la deuda debe ser una integral que contenga los cuatro tipos de auditorías que se realizan en el campo financiero. Ante esto, González aseguró que, si bien la presentación de los estados financieros del gobierno suponen un tipo de auditoría, esto no necesariamente se traduce en una inspección completa de la deuda que emitió el gobierno.
El catedrático de Contabilidad hizo hincapié en que, además de incluir auditorías financieras y de cumplimiento, el proceso debe incluir auditorías de rendimiento y forenses. Argumentó que en las de rendimiento se podrá analizar si la deuda emitida redundó en beneficios para el pueblo. “Es seriamente cuestionable porque vemos cómo el pueblo carece de servicios básicos y de servicios como electricidad, agua, carreteras que son deficientes a pesar de la cantidad de deuda que se ha emitido”, señaló el profesor de la Universidad de Puerto Rico, quien argumentó que el ente que revise la deuda debe ser uno ajeno a entidades gubernamentales.
Añadió que, al realizar una auditoría forense, podrá revelarse si la deuda emitida cumplió con las leyes y la Constitución del país. Ante este tipo de auditoría, González Taboada hizo referencia a la emisión de deuda bajo la administración del exgobernador Alejandro García Padilla en 2014 donde se emitió unos $3,000 millones en momentos donde se cuestionaba la capacidad financiera del gobierno. El catedrático mencionó que la auditoría integral de la deuda podría tomar unos cuatro a cinco años, por lo que mencionó que catalogó como “irreal” que la Resolución 63 de la Cámara pretenda que esta culmine en seis meses.
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Por su parte, Eva Prados —portavoz del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda— mencionó que el ente que realice la auditoría debe contar con independencia y autonomía. “Tiene que ser una entidad que pueda llevar a cabo su trabajo sin ningún tipo de conflicto de interés”, dijo. Añadió que las personas que vayan a integrar este ente para examinar la deuda no deben tener un interés en la deuda. Asimismo, la excandidata a representante por el Movimiento Victoria Ciudadana planteó que, de contratarse a una firma que realice la auditoría, esta no podría haber tenido un rol en algún proceso anterior en torno a la deuda del país.
Mientras que Roberto Pagán —quien es también presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores— indicó que, de crearse un nuevo ente para auditar la deuda, esta debe contar con suficientes recursos económicos para realizar una auditoría integral. Comentó que la entonces Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público —entidad creada por la Ley 97-2015 y derogada por la Ley 22-2017— solicitó un presupuesto de $5.8 millones para auditar la deuda del país por unos 50 años. El también líder sindicalista planteó que, en los pocos años en que la Comisión pudo operar, la falta de fondos provocó que no pudieran continuar con un proceso investigativo que hubiese podido culminar en consecuencias legales contra aseguradoras.
González Taboada, además, mencionó que al ente se le debe asignar suficientes poderes investigativos que puedan exigir a funcionarios y exfuncionarios a ser interrogados.
Torres Ascencio, por su parte, solicitó que el ente debe tener un “compromiso inquebrantable” con la transparencia y el acceso a la información. Mencionó que se deben divulgar todas las actividades internas del ente que incluyen las reuniones, el manejo de finanzas y la subcontratación que podrían realizar las empresas contratadas por el ente.
Admitió que los tres proyectos de ley cuentan con aciertos y desaciertos y que espera que estas diferencias puedan ser conciliadas. Torres Ascencio aplaudió que la Resolución 63 incluya una disposición sobre la cancelación de la deuda que sea declarada ilegal y celebró que el Proyecto de la Cámara 457 incorpore una auditoría integral de la deuda. Sin embargo, lamentó que en ninguno de las medidas incluya disposiciones que reglamenten el conflicto de interés y una definición sobre el marco de la información pública.
