Un ambiente de hostilidad, acoso, hostigamiento laboral, persecución, intimidación y discrimen por edad y género parece reinar en la oficina de Asuntos Externos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) en Puerto Rico, según hechos documentados desde 2019 por al menos diez empleados, en su mayoría, mujeres.
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La denuncia llegó al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) a través de dos fuentes por separado, que señalan a los directivos de esta oficina, Juan Andrés Muñoz Torres y Ricardo Agosto Castro, director y subdirector de Asuntos Externos, respectivamente, como presuntos responsables de estas situaciones de acoso que han conllevado la renuncia de empleados, relevo de funciones, asignación de tareas no relacionadas y la obstaculización en el progreso laboral dentro de FEMA.
El CPI supo que al menos cuatro de estos empleados se querellaron formalmente ante la Oficina de Igualdad de Derechos Civiles (OER, en inglés) de FEMA, guiados por la Ley sobre Notificaciones y contra la Discriminación y Represalias para Empleados Federales (No FEAR, en inglés), las protecciones de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEO, en inglés), y la declaración de política contra el discrimen de la Oficina para Derechos y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), al que está adscrito FEMA.
“Tengo la obligación de denunciar que mis compañeras de trabajo y yo hemos sido perseguidas, presionadas, acosadas, degradadas como profesionales por estar aisladas y sin acceso a la información y por estar totalmente asignadas a tareas irrelevantes y tratadas de manera insultante”, informó una de las querellantes de esa oficina a un superior en FEMA en un documento al que el CPI tuvo acceso.
No obstante, a casi dos años de haber sido sometidas algunas de estas denuncias, la agencia federal mantiene a ambos funcionarios en sus puestos sin ninguna penalización y no ha ofrecido remedio o protección a las personas que han denunciado estas conductas, confirmaron las dos fuentes del CPI, quienes prefirieron hablar en condición de anonimato por temor a represalias.
El CPI buscó conocer el estatus de esas querellas, si fueron desestimadas o hubo sanciones, pero ni Muñoz Torres ni Agosto Castro respondieron a una solicitud de entrevista o reacción. José Baquero Tirado, coordinador federal de recuperación en desastres en FEMA para Puerto Rico e Islas Vírgenes Estadounidenses, tampoco contestó una petición del CPI para expresarse sobre este asunto. Por su parte, Donald Caetano, director de Asuntos Externos de FEMA para la región 2 — a donde se reporta la oficina de Puerto Rico — dijo que “como práctica general, FEMA no puede confirmar o negar la existencia o el estatus de cualquier investigación de personal”.
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Pero, una de las fuentes afirmó que ese patrón ha sido denunciado “por más de dos años y no han hecho nada”.
“Es como cuando una mujer es víctima de violencia de género y tiene que seguir viviendo con su agresor, a pesar de los moretones. Ellos son unos agresores. Pero, a pesar de que FEMA tiene toda esa información, no han hecho nada”, precisó.
En la oficina de Asuntos Externos se tramitan las relaciones de FEMA con las agencias de gobierno local y federal, los municipios, las organizaciones sin fines de lucro que han reclamado fondos de recuperación, las peticiones de datos de congresistas de Estados Unidos y las solicitudes de información y entrevistas de los medios de comunicación y periodistas.
En una de las querellas revisadas por el CPI, se denunció un patrón de discrimen por edad y género al momento de solicitar puestos de mayor rango dentro de la oficina de Asuntos Externos de FEMA en Puerto Rico. Además, se señalaron situaciones de vigilancia excesiva, hostilidad, aislamiento dentro del lugar de trabajo, bullying e intimidación.
La situación es contraria a las regulaciones que deben respetar los funcionarios de DHS y por extensión los de FEMA, establecidos por la Oficina del Consejero Especial de Estados Unidos (OSC, en inglés) que investiga y procesa casos sobre prácticas prohibidas de personal federal. La misión principal de la OSC es salvaguardar el sistema de principio de mérito mediante la protección de empleados federales y solicitantes de empleo al gobierno federal en contra de prácticas prohibidas bajo la Ley de Reforma del Servicio Civil. Esta oficina también protege a los empleados de represalia por informar sobre corrupción en el gobierno, amparados en la Ley de Protección de Informantes (whistleblowers).
Denuncias incluyen quejas por acoso y machismo en el trato
El ambiente de hostilidad atribuido a Muñoz Torres y a Agosto Castro también fue expuesto en otra denuncia enviada a la Oficina de Igualdad de Derechos Civiles de FEMA, que el CPI revisó. En el narrativo de esa querella, la persona que hace la denuncia explica — con fechas específicas — diversas instancias en las que Muñoz Torres y Agosto Castro supuestamente cometieron actos hostiles y de acoso.
Según se desprende del documento, la persona trabaja en un puesto de carrera en FEMA en Puerto Rico hace más de dos décadas. Había sido asignada a la Oficina de Asuntos Externos, como parte del manejo del proceso de emergencia y recuperación tras los huracanes Irma y María en 2017. Dos años después, solicitó volver a su puesto de carrera debido al trato que recibía junto a otros compañeros. Muñoz Torres le expresó en una reunión a solas que no avalaría esa solicitud y que no le permitiría regresar a su puesto anterior porque le pertenecía, dando a entender que él era su propietario. La persona le hizo saber que se sentía incómoda y le pidió que no le hablara de ese modo.
En otra ocasión, según el testimonio, Muñoz Torres le pidió nuevamente una reunión, pero esta vez con la presencia de Agosto Castro y de Samuel McKay, un observador de las oficinas centrales de FEMA en Washington, D.C., pues había percibido una actitud negativa de su parte en una reunión con todo el equipo.
En la querella, la persona indica que sintió intimidación por parte de Muñoz Torres en ese segundo encuentro por el tono exasperado y enfurecido con el que, supuestamente, le habló.
Alegan que buscaban armar casos para sacar empleados
Una de las fuentes del CPI contó que a medida en que iban escalando las quejas y se fueron creando bandos dentro de la oficina que dirige Muñoz Torres, algunos empleados comenzaron a recibir acercamientos para que se quejaran de manera oficial sobre determinados compañeros de trabajo. “Querían armar casos para sacar gente de sus puestos y traer gente de su confianza”, dijo la fuente.
Dos querellas revisadas por el CPI coinciden en que personas presenciaron una situación en la que una empleada se afectó emocionalmente por una petición de esa índole.
“Estaba muy afectada por el estrés que le provocó esa petición. Estaba llorando y nos mostró sus manos, brazos y cuellos que tenían un sarpullido fuerte y marcas de arañazos provocados por rascarse tan fuerte”, lee unos de los testimonios.
Esa estampa fue confirmada por otra de las fuentes que añadió que otros empleados también contaron haber recibido instrucciones de hacer ruidos para interrumpir la concentración de compañeros de trabajo “para que fallaran en su asignaciones de escritura”. Aunque no atribuyó esas instrucciones a Muñoz Torres o a Agosto Castro, la fuente dijo que ambos funcionarios han fallado en mantener niveles profesionales en esta división de FEMA en Puerto Rico.
Una de las denuncias concluye que Muñoz Torres no entiende cómo mantener un comportamiento profesional y adecuado en el trabajo o cómo tratar a sus compañeros con el mínimo respeto. Indica que Muñoz Torres y Agosto Castro fomentan un ambiente de trabajo de hostilidad constante que es perjudicial para la operación de Asuntos Externos, que se filtra al resto de la misión de FEMA en Puerto Rico. Añade que debe haber algo que FEMA pueda hacer para prevenir esta situación.
¿Qué dice FEMA sobre el acoso y hostigamiento laboral?
Si bien las denuncias reportadas al CPI son contra dos funcionarios específicos, toman mayor dimensión por la inacción de FEMA sobre estos asuntos. Esto, a pesar de que la agencia cuenta con múltiples divisiones, reglamentos y lugares para querellarse incluso de manera anónima ubicados bajo el Programa Anti-hostigamiento de FEMA.
Según FEMA, los valores de este programa — promovidos por el DHS — se fundamentan en la compasión, la justicia, la integridad y el respeto. Este postulado sostiene, además, que en FEMA se promueve “un lugar de trabajo libre de discriminación, incluida la prohibición de acoso”.
“Todo el personal de FEMA tiene la responsabilidad de comportarse y relacionarse con nuestros colegas de una manera adecuada, ética y profesional”, lee la guía contra hostigamiento de FEMA.
Esta guía insta a los empleados de FEMA a reportar cualquier situación relacionada con acoso laboral y sexual por medio de una queja de igualdad de oportunidades en el empleo (EEO) ante la Oficina de Igualdad de Derechos Civiles (OER, en inglés) de FEMA.
La OER ha registrado 992 quejas a nivel de Estados Unidos y sus territorios por situaciones que violentan los derechos civiles en el empleo entre 2012 y 2020, según datos publicados cada trimestre, con el número más alto de querellas en 2018. La misión de FEMA en Puerto Rico para atender la emergencia post huracán comenzó en 2017.
Al mirar las estadísticas, solo el 16% de las quejas registradas en los pasados nueve años han recibido algún tipo de amonestación o acción disciplinaria por parte de FEMA.
Jo Linda Johnson, directora de la OER, dijo por medio de un portavoz, que “FEMA toma en serio cada alegación de acoso o mala conducta y estableció una Oficina de Responsabilidad Profesional para garantizar que investiguemos cada alegación de manera rápida, justa y exhaustiva”.
“Para proteger los derechos de privacidad de los involucrados, no podemos comentar sobre ningún asunto específico que pueda estar en curso. Sin embargo, si encontramos evidencia de acoso, contamos con un proceso para garantizar la seguridad de nuestros empleados, incluso mediante la reubicación del sujeto de una investigación. Si la evidencia corrobora la mala conducta, se exige rendición de cuentas al empleado responsable. Y si un gerente o supervisor no toma medidas inmediatas para iniciar una investigación o proteger a un miembro del personal, también los haremos responsables”, leen las declaraciones enviadas al CPI.
No obstante, la OER no aclaró por qué es tan bajo el número de acciones disciplinarias al compararse con las querellas que esta división ha registrado entre 2012 y 2020.
La agencia citó un nuevo Plan de Acción para la Mejora de la Cultura, publicado en diciembre pasado tras una encuesta a todos los empleados de FEMA en Estados Unidos y sus territorios sobre sus percepciones respecto a derechos civiles y acoso laboral. Mencionó que “los resultados de la encuesta identificaron áreas de mejora y ayudarán a seguir guiando las decisiones de liderazgo de FEMA sobre las respuestas programáticas y de política pública”.
La encuesta, dirigida a examinar el período entre 2018 y 2019, encontró que el 20% de los empleados de FEMA que participaron en el trámite reportaron haber experimentado alguna violación de sus derechos civiles por motivos de sexo y el 18.4% de los empleados reportaron haber experimentado algún incumplimiento por motivos de raza u origen étnico. El informe también sugiere que durante este período las mujeres tuvieron una experiencia menos positiva en el lugar de trabajo en general, en comparación con sus homólogos masculinos.
La OER no estuvo disponible para aclarar si algún empleado de Puerto Rico participó de esta encuesta. Aunque el plan indica que busca “garantizar una investigación rápida, justa y objetiva de las denuncias de conducta indebida”, las querellas revisadas por el CPI datan de 2019 y aún no han sido atendidas según las personas denunciantes.
Ambientes hostiles podrían afectar servicios a la ciudadanía
El DHS — agencia a la que FEMA responde — puede sancionar y hasta despedir al empleado si se comprueban faltas por situaciones de hostigamiento o falta a los derechos civiles de sus empleados. Cosa que, según las fuentes entrevistadas por el CPI, no ha ocurrido en Puerto Rico.
Para Palmira Ríos, experta en Administración Pública, este tipo de situaciones laborales crean ambientes de inestabilidad dentro de las agencias públicas — locales o federales — que podrían repercutir negativamente en los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.
“Cuando una persona está en un espacio de hostigamiento, donde se siente amenazada y donde su trabajo pueda estar en riesgo, no va a tener el servicio como su prioridad, porque no está en un contexto emocional que le permita, por ejemplo, fiscalizar y garantizar que todo se haga de una forma ética y correcta, porque ya está bajo una situación donde no se le va a escuchar y si se atreve a hablar puede enfrentar consecuencias”, analizó Ríos.
Añadió que este tipo de situaciones no impactan solamente a las dos o tres personas que se querellan, sino que tiene un efecto multiplicador en la medida que va a impedir la prestación de servicios.
“Quizás una persona lo denuncie y dos o tres más. Pero, posiblemente, hay muchas otras personas que tenían conocimiento sobre lo que está ocurriendo, pero se callan. Cuando se crean estos ambientes es bien difícil fomentar un compromiso con el servicio público, el bienestar de las personas y, si esa agencia maneja situaciones de emergencia, la respuesta va a ser lenta”, dijo.
Además, según la profesora en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, también hay que tener presente que no todos los empleados víctimas de hostigamiento se querellan, por temor a quedarse sin trabajo en un territorio donde la oferta laboral es escasa.
“Hay que recordar que en el caso de Puerto Rico hay un mercado laboral bien frágil. Los empleos con cierto grado de seguridad y algunos beneficios se han minado. La mayoría de los empleados públicos están en trabajos muy precarios. Así que, ciertamente, hay una presión — sobre todo hacia las mujeres — por tratar de mantener ese empleo”, sostuvo.
Señalan presunto conflicto ético y de interés por contrato externo
Además de las quejas en contra del comportamiento de Agosto Castro en la Oficina de Asuntos Externos de FEMA en Puerto Rico, contra este funcionario también hay otra denuncia debido a un presunto conflicto de interés por unos contratos que mantuvo su empresa personal, Empowerment Strategies, LLC, con la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera, una corporación pública, mientras es empleado a tiempo completo en FEMA.
La denuncia, a la que el CPI también tuvo acceso, se presentó ante la Oficina del Inspector General (OIG) del DHS el 16 de enero de este año.
“Ricardo J. Agosto Castro ha estado desempeñando funciones para el Gobierno de Puerto Rico iguales a las desempeñadas para FEMA como subdirector de la Oficina de Asuntos Externos. La Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera, cuya creación promueve el desarrollo y el bienestar del barrio de Cantera, tiene la disponibilidad de recibir fondos de Asistencia Pública bajo la Ley Stafford como entidad gubernamental. Estos fondos incluyen desembolsos para asuntos administrativos entre proyectos de recuperación, por lo que existe la posibilidad de que la empresa administrada y representada por Agosto se haya beneficiado de estos fondos”, lee la denuncia que pudo ver el CPI y que el mismo sistema de querellas recoge de forma anónima.
Según la Oficina del Contralor, Agosto Castro firmó en calidad de presidente de Empowerment Strategies, LLC, cuatro contratos con la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera entre 2018 y 2020 por servicios profesionales de asesoría de prensa y comunicación. El de mayor cuantía alcanzó los $30,000 y tuvo vigencia entre septiembre de 2019 y junio de 2020. Estos acuerdos le exigían a la empresa servicios de entre 30 y 40 horas al mes.
Francine Sánchez Marcano, exdirectora ejecutiva de la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera, y quien firmó los contratos con Empowerment Strategies, LLC, dijo al CPI que desconocía que Agosto Castro era empleado de FEMA mientras era contratista de la entidad que ella representaba.
“Ni tan siquiera sabía que él tenía un empleo a tiempo completo, me estoy enterando ahora”, dijo.
Entre 2018 y 2020, FEMA ha aprobado y obligado fondos para cuatro reclamaciones de daños de la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera que totalizan $602,701. De ese monto, $42,973 corresponden a la Categoría Z del programa de Asistencia Pública de FEMA dirigidos a pago de costos administrativos.
Sánchez Marcano dijo que entiende que pueda existir la percepción de un posible conflicto de interés, pero aclaró que nunca trabajaron con Agosto Castro asuntos relacionados con FEMA. Incluso, dijo que los servicios de Empowerment Strategies, LLC eran ofrecidos en realidad por otros tres subcontratistas de la firma de Agosto Castro — Angel Rivera, Linda Ceballos y David Méndez.
“Sí, se puede interpretar que hubo un conflicto, pero no lo hubo. En ningún momento, nosotros discutimos con él temas de FEMA. Él [Agosto Castro] no estuvo vinculado con nuestra relación con FEMA, sino que estaba relacionado a los proyectos de la comunidad. Su labor se basaba en coordinar las entrevistas para que la comunidad tuviera espacio para exponer sus puntos de vista”, explicó Sánchez Marcano, que estuvo en la dirección de la entidad hasta diciembre de 2020.
Según el Título 5 del Código de Normas Suplementarias de Conducta Ética para Empleados del DHS, el personal de esta agencia, y por extensión el de FEMA, que hagan trabajos fuera de la agencia (outside activities) requieren autorización previa, que sería otorgada de manera estándar, a menos que haya un conflicto con las regulaciones internas o con las prohibiciones establecidas en la parte 2635 de este código y que señala las normas de conducta ética para los empleados federales en puestos ejecutivos.
Esta dispensa debe ser consultada y aprobada por el Oficial Adjunto de Ética de FEMA con el fin de evitar cualquier apariencia de conflicto debido a que el empleado podría usar información no pública, abusar su posición para ganancia personal, entrar en conflictos financieros o beneficiar sus negocios externos.
Para otorgar esta dispensa, el oficial debe determinar que la exención es consistente con el Título 5 del Código de ética de DHS y no está prohibida por la ley. El estatuto establece que el funcionario debe certificar que la excepción no es un cheque en blanco para que se dé paso a cualquier apariencia de abuso del cargo o pérdida de imparcialidad y que no socavará la confianza del público en la imparcialidad y objetividad del empleado de FEMA.
El CPI preguntó a Agosto si hizo esta consulta u obtuvo la dispensa, pero no obtuvo respuesta.
Víctor Rodríguez Velázquez es integrante de Report for America
