La ciudadanía desconoce cómo se han usado los fondos federales para la recuperación tras los terremotos y los huracanes Irma y María en el Departamento de Educación, o cuál es el presupuesto de cada una de las escuelas del sistema público.
Y luego de solicitarla varias veces al Departamento de Educación, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitó este miércoles al Tribunal de Primera Instancia que ordene a la agencia y a su Secretaria designada, Elba Aponte Santos, la entrega de la misma.
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El recurso especial de revisión judicial presentado por el CPI es el remedio que ofrece la recién aprobada Ley de transparencia para el acceso a la información pública (Ley Núm. 141 de 2019) cuando una agencia de gobierno incumple con el término para entregar la información pública solicitada, explicó Carla Minet, directora del CPI.
La información que solicita el CPI incluye la matrícula y el presupuesto de las escuelas públicas desde el año fiscal 2015-2016, los fondos asignados al DE para atender las emergencias de los huracanes Irma y María y los terremotos, la lista de contratos adjudicados con esos fondos, información actualizada sobre el uso de los fondos del programa federal de Ayuda Inmediata para Reiniciar Operaciones Escolares (Restart), el memorando de entendimiento entre la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y el DE y el plan que la agencia presentó el 21 de diciembre pasado con los proyectos de recuperación que se harían con los 2,000 millones de dólares que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ya obligó.
“Se le vendió al país que Reforma Educativa aprobada el pasado cuatrienio traería transparencia en cuanto al presupuesto de cada escuela y al uso de fondos en el Departamento de Educación. Esa promesa no se está cumpliendo. A casi tres años de los huracanes no se sabe cómo se ha estado usando el dinero de recuperación en esa agencia, ni cuál es el plan vigente para el uso del dinero que todavía está sin usarse. A un año de los terremotos, tampoco sabemos cómo se ha usado el dinero. Esa información debería estar pública y actualizada continuamente para la ciudadanía. Pero no está, y pedirla con insistencia tampoco ha resultado”, dijo Carla Minet.
La información pública la solicitó el CPI a través de sus periodistas Tatiana Díaz Ramos y Cristina Del Mar Quiles durante los pasados meses. De la información pública requerida, el DE solamente ha entregado datos parciales de matrícula y presupuesto en las escuelas públicas para el año fiscal 2019-2020.
El recurso que presentó el CPI a través de sus abogados, Luis José Torres Asencio y Steven P. Lausell Recurt, de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de Universidad Interamericana, recuerda que “el derecho de acceso a la información ha sido reconocido en Puerto Rico como un derecho humano y constitucional de rango fundamental”.
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Asimismo, el recurso recuerda que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido el derecho de acceso a la información pública como un “catalizador indispensable de la participación ciudadana”, por lo que el estado “no puede negar caprichosamente y sin justificación aparente la información recopilada en su gestión pública”.
Finalmente, el recurso de revisión judicial del CPI deja claro que la información que solicita al DE “no está protegida de forma alguna por algún privilegio o reclamo de confidencialidad y tampoco está cobijada bajo alguna de las excepciones al derecho de acceso a la información pública”.
