El proceso de candidaturas para buscar uno de los seis escaños pagos para realizar labores de cabildeo a favor de la estadidad para Puerto Rico cerró al mediodía de hoy con 16 nombres, de los cuales nueve intentarán ser electos como “delegados especiales” a la Cámara de Representantes federal y otros siete, al Senado de los Estados Unidos.
Entre las nueve personas que destacan entre los candidatos para cabildear en la Cámara de Representantes destacan, tal como había adelantado Metro, la exalcaldesa de Ponce María “Mayita” Meléndez y Zayira Jordán Conde, exaspirante a la comisaría residente del Movimiento Victoria Ciudadana. Los otros siete estadistas que buscarán uno de esos cuatro escaños, según la lista divulgada por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), son Raúl Eduardo Rosas Marrero, Jorge Iván Rodríguez Feliciano, Janet Riefkohl Alicea, Roberto Luis Lefranc Fortuño, Elizabeth Torres Rodríguez, Adriel Jared Vélez Torres y Ricardo Andrés Marrero Passapera.
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Torres Rodríguez es analista radial y pareja de Edwin Domínguez, exesposo de Alexandra Lúgaro y quien fue indultado por la exgobernadora Wanda Vázquez tras ser convicto de violentar órdenes de protección que se habían impuesto a favor de la dos veces aspirante a la gobernación.
En tanto, los siete aspirantes a los dos cargos de cabilderos en la Cámara alta federal son las exsenadoras estatales Miriam Ramírez de Ferrer y Melinda Romero Donnelly; Zoraida Buxó Santiago, exvicepresidenta de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico; Víctor Pérez Rentas; Roberto Jesús López Román; Aurelio Antonio Agelviz Rodríguez; y Dereck’s José Negrón Torres.
La elección especial para elegir a los cabilderos proestadidad está programada para el 16 de mayo, según dispone la Ley 167-2020. Los 16 aspirantes deberán presentar 3,000 endosos a sus candidaturas en o antes del 15 de marzo.
El presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, ha estimado que el costo de la consulta asciende a $6.6 millones, pero la Junta de Control Fiscal aún no ha aprobado la reasignación presupuestaria que se requiere.
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La ley habilitadora dispuso que todos los candidatos deben dominar tanto el español como el inglés y “comprometerse bajo juramento a defender el mandato del Pueblo expresado el pasado 3 de noviembre de exigir que Puerto Rico sea admitido como un Estado de Estados Unidos”, así como a “trabajar activamente a tiempo completo durante el término de su cargo para lograr ese fin”.
En la Ley 167 no se define cuánto dinero devengarán las seis personas que sean electas en el proceso especial, más allá de especificarse que sus gastos serán cubiertos por la oficina de Administración de Asuntos Federales (Prfaa) en Washington DC.
Sin embargo, la Ley 165-2020 detallaba que Prfaa custodiaría $1.25 millones anuales para los gasto de funcionamiento de la Comisión de Igualdad, organismo que fue disuelto por la Ley 167.
El presidente del Senado, José Luis Dalmau, prometió la semana pasada que reduciría el presupuesto de Prfaa precisamente en $1.25 millones para evitar el gasto en los cabilderos congresionales. A su vez, la Cámara de Representantes, también dominada por el Partido Popular Democrático, ya aprobó la derogación de las leyes 165 y 167, si bien se espera que el gobernador novoprogresista Pedro Pierluisi vete cualquier proyecto que llegue a su despacho para esos fines.
El presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, en tanto, ha anticipado que impugnará la constitucionalidad de ambas leyes ante los tribunales, al considerar que derivan en la erogación de fondos públicos para fines político partidistas.
