A un mes de haberse declarado el estado de emergencia por violencia de género en Puerto Rico, el Gobierno junto a organizaciones sin fines de lucro y sector privado, iniciaron formalmente los trabajos del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE), creado en la orden ejecutiva.
El Comité realizó ayer su primera reunión con los 19 miembros que lo componen para establecer las necesidades, iniciativas y proyectos de agencias que buscarán erradicar la violencia de género.
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La secretaria de la Familia y presidenta del Comité PARE, Carmen Ana González Magaz, dijo que se logró establecer una “mesa abierta” con los diferentes sectores donde se discutieron temas como las diferentes modalidades de violencia “para identificar la raíz”, así como las características que ponen en riesgo a una víctima
En entrevista con este medio, González Magaz abundó en que se identificaron como prioridades el atender temas de órdenes de protección, capacitación de funcionarios del Gobierno y manejo de casos.
La secretaria apuntó que el objetivo del Comité también es identificar fondos para que los proyectos se puedan realizar “de manera total” a favor de las víctimas.
Entre los fondos destinados a combatir la violencia de género, se encuentran $654 mil asignados por el gobernador Pedro Pierluisi a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM).
Aunque los fondos se anunciaron días después de la firma de la orden, la procuradora Lersy Boria, dijo a Metro que llegaron gracias a una petición que se hizo desde su oficina hace dos años para aumentar la cantidad de abogados inspectores.
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“Era sumamente importante porque nosotros solamente contamos con un inspector para más de 80 leyes protectoras de la mujer”, aseveró Boria. Los fondos ya se comenzaron a recibir en la Procuraduría y reanudaron las inspecciones de salas de lactancia.
Por otro lado, Boria aclaró que aunque la OPM es parte del Comité, esta “no trabaja a raíz de la orden ejecutiva” y enfatizó en que es una “oficina independiente, con un trabajo diario, fiscalizador y educativo” cuyo insumo será presentado en las reuniones del Comité.
Otro de los componentes del Comité es la inclusión de una oficial de cumplimiento que le responderá al gobernador y tendrá a su cargo asegurar que las agencias cumplan con la orden. Para esto fue nombrada la fiscal Ileana Espada.
“Mi labor es de fiscalización también es de cooperación”, dijo Espada al salir de la reunión y agregó que su rol será evaluar el progreso de los subcomités de PARE en reuniones semanales. Para la fiscal, algunos de los resultados de los trabajos deberá ser el tener un “sistema centrado en la víctima” y “promover una cultura institucional de cero violencia”.
Organizaciones sin fines de lucro, agentes clave para la ejecución
Las organizaciones que participan del Comité PARE son la Red de Albergues, Coordinadora Paz para la Mujer, el Centro Mujer Dominicana, la Fundación Alas a la Mujer y Proyecto Matria.
Dos de ellas fueron endosadas por la Casa Protegida Julia de Burgos, una organización que otorga albergue y servicios a mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos. Para su directora ejecutiva, Coraly León, la declaración de estado de emergencia es una victoria al movimiento feminista en medio del reto que ha significado la pandemia de COVID-19.
“No hemos parado de brindar servicios en ningún momento”, dijo León, quien explicó que para garantizar la continuidad establecieron un protocolo para cuando las sobrevivientes requieran los albergues y que incluye un proceso de aislamiento.
“Nosotras separamos uno de nuestros pisos dónde están ubicados los cuartos para las sobrevivientes para que fuera un espacio de aislamiento. Cuando la sobreviviente llama para solicitar el servicio de albergue porque identifica que su vida corre riesgo, se le orienta sobre el proceso”, agregó.
Uno de los asuntos que aún inquietan a organizaciones es que, aunque la orden ejecutiva se compromete a establecer un proceso para desarrollar un currículo con perspectiva de género en las escuelas, no describe cómo se hará. Además, tampoco incluye la problemática de los transfeminicidios.
A esto, la secretaria de la Familia aseguró que el Comité PARE funcionará como consultor de los manuales que se preparen para entonces establecer el currículo.
Ante la preocupación de que esta declaración de emergencia pudiera quedarse en papel, González Magaz enfatizó en que eso no sucedería. “Todos vamos a estar pendientes a que esto se esté cumpliendo. Lo que no se esté cumpliendo por falta de recursos o por necesidades, las demás organizaciones, agencias y el sector privado van a estar proveyendo”, dijo.
Sobre el tiempo que tomarían estos trabajos, González Magaz explicó que “no hay una manera o porcentaje en una de las áreas para medir la magnitud del impacto” pues datos como las estadísticas de la Policía no necesariamente reflejan que la violencia de género está minimizando. Sin embargo, dijo se establecerán métricas nuevas sobre el tiempo que deben tomar las labores y que serán evaluados por la oficial de cumplimiento.
Finalmente, León aseguró que el rol de las organizaciones de ayuda a las mujeres será vital en el esfuerzo.
Si se encuentra en una situación de peligro, puede comunicarse con la Casa Protegida Julia de Burgos al (787) 723-3500 o al (787) 548-5290.
