Si bien la Junta de Control Fiscal (JCF) alcanzó un acuerdo con un grupo de bonistas para reestructurar la deuda del país, el liderato del ente fiscal reconoció que deberán recorrer un largo camino previo a su aprobación que incluye más negociación con otros acreedores y posibles desafíos en el tribunal.
Más temprano, la JCF anunció que pactó con un grupo de acreedores de bonos de Obligación General (GO’s) y de la Autoridad de Edificios Públicos reducir el monto de la deuda que estos poseen a $7,400 millones. Este grupo eran tenedores de unos $18,000 en bonos del gobierno de Puerto Rico, según una comunicación del ente fiscal. El acuerdo, además, dispone que Puerto Rico deberá pagar unos $7,000 millones en efectivo a estos bonistas. Asimismo, reduce la cifra que deberá separar el gobierno para el pago de la deuda pública a $1,150 millones en lugar de $1,472 millones.
“Esperamos someter un plan de ajuste enmendado para el 8 de marzo. Luego el tribunal celebrará vistas en torno al plan y de esas vistas pueden resultar cambios a esta propuesta. Pero esperamos que el Tribunal confirme el plan de ajuste de la deuda en algún momento durante el otoño de este año. De esta forma, Puerto Rico podrá salir de la quiebra antes que culmine este año”, señaló Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta, durante una conferencia de prensa para explicar los términos del acuerdo. La fecha límite para confirmar el plan es el 15 de diciembre.
Por su parte, David Skeel, presidente del ente fiscal, aseguró que el plan de ajuste cuenta con el apoyo de un 60% de los acreedores. “Este pacto reducirá la deuda de Puerto Rico en la medida de lo legalmente posible. Y permitirá tener un plan que pueda ser confirmado y luego avalado por el Tribunal”, dijo Skeel, quien, al igual que Jaresko, indicaron que continuarán las negociaciones con otros acreedores del país.
Ante posibles choques con el gobernador Pedro Pierluisi y la Legislatura, Jaresko se limitó a responder a que esperará por el proceso de negociación y las vistas que celebrará la jueza Laura Taylor Swain como parte de la evaluación del plan de ajuste de la deuda.
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Esta mañana, Pierluisi apoyó a medias el acuerdo para reestructurar una porción de la deuda del país ya que no favorece recortes a las pensiones de trabajadores públicos.
“No quiero adelantarme a lo que podría ocurrir en el futuro y entiendo las preocupaciones del gobernador, las cuales son similares a las de la Legislatura. Pero, quiero recordarles que con el umbral de $1,500 al mes en pagos de pensiones [que sí recibirían un recorte de 8.5%], sobre el 70% de los pensionados no tendrán recortes. La mayoría de los pensionados que recibirán recortes, en su mayoría, son aquellos que se le conoce como ’pensiones Cadillacs”, comentó Jaresko ante el rechazo de Pierluisi al plan de ajuste. Jaresko también argumentó que el acuerdo incluye la creación de un fideicomiso para los pensionados que permitirá el financiamiento de estos pagos incluso en años de déficit presupuestario.
Cabe destacar que el pasado 20 de febrero, la Junta advirtió al gobierno de Puerto Rico que, de aprobar el proyecto de ley de Retiro Digno, podría presentar una demanda contra la administración de Pierluisi para que se deje sin efecto la medida. El proyecto propone evitar que se realicen recortes a pensiones actuales y futuras.
La directora ejecutiva del ente fiscal, además, planteó que, al momento, desconoce los términos del acuerdo que deberán contar con el aval de la Legislatura. Por ejemplo, el plan de ajuste de la deuda —publicado hoy— propone un Instrumento de Valor Contingente (CVI) que, en esencia, otorgará el 45% del incremento que obtenga el gobierno de Puerto Rico de los ingresos que recibe del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU). Esta porción será sufragada únicamente si los recaudos del IVU exceden las proyecciones del Plan Fiscal certificado.
“Estaremos pendientes a lo que decidirá el Tribunal sobre qué componentes del plan necesitarán legislación, por lo que dependerá de lo que surja en las vistas de confirmación”, dijo Jaresko.
Tampoco quiso anticipar qué podría ocurrir si la Legislatura se opone a presentar legislación que respalde ciertos términos del acuerdo, como sería el caso del CVI. “No quiero anticipar si la Legislatura no cumplirá [con el plan de ajuste]”, mencionó Jaresko a preguntas de Metro. “He hablado con el liderato en la Cámara de Representantes y en el Senado, y el consenso es que todos queremos salir de la quiebra y acabar con la ley Promesa”, añadió.
Según Jaresko, el CVI no se pagará a los acreedores si el gobierno de Puerto Rico no excede los recaudos proyectados en los presupuestos. A su vez, comentó que dicho instrumento cuenta con un límite para la cantidad de dinero que podría recibir cada bonista. En síntesis, anualmente un bonista no podrá recibir más de $400 millones anualmente y no más de $3,500 millones durante la duración del instrumento de valor contingente. De acuerdo con el plan, dicho instrumento durará 22 años.
El acuerdo también mantuvo la disposición que incluye el repago de deuda que fue impugnada por el ente fiscal. En 2019, la JCF impugnó unos $6,000 millones en bonos de GO emitidos por el gobierno en 2012 y 2014. Skeel aseguró que a estos acreedores se les pagará menos de lo que tenían previsto recobrar. Justificó la posición de la Junta ya que ahorraría a la isla de miles de dólares en litigios judiciales.