Las senadoras del Partido Popular Democrático, Rosamar Trujillo Plumey y Migdalia I. González Arroyo radicaron a finales del mes pasado el Proyecto del Senado 135, que busca prohibir que se utilicen fondos públicos para pagar los daños que se adjudiquen por hostigamiento sexual en el empleo.
La medida, aún ante la consideración de la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, no permitiría que se desembolsen fondos del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ni de instrumentalidades del gobierno, corporaciones públicas, ni municipios.
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Así, proyecto llevaría a enmendar la Ley para Prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empleo para establecer que el importe por daños causados por un acto de hostigamiento sexual en el empleo por cualquier persona, patrono o supervisor sea sufragado con recursos de la persona responsable del acto en cuestión.