La Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público expresó este jueves preocupación sobre la Resolución de la Cámara 63, que busca delegar en la Oficina de la Contralora la auditoría de la deuda pública.
“La Oficina del Contralor no cuenta con las herramientas para hacer una auditoría forense de la deuda, como se necesita, porque su experiencia ha sido con auditorías de cumplimiento. Además, la actual contralora, Yesmín Valdivieso, se ha expresado en contra y rehusado constantemente a realizar una auditoría de la deuda por más de cinco años” expresó José González Taboada, CPA y catedrático de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Contabilidad e integrante de la Comisión.
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Por otro lado, la licenciada Nylca Muñoz, abogada y profesora de derecho, añadió que “existe conflicto de interés con el Departamento de Justicia a quién la medida le asigna tareas de apoyo técnico en la auditoría. Varias de las emisiones de bonos cuentan con una opinión del Secretario de Justicia certificando su legalidad y muchas de estas emisiones fueron emitidas en violación de la Constitución como ha sido señalado en pre-auditorías y por la propia Junta de Control Fiscal. Para nuestra Comisión, la auditoría de la deuda significa asignar responsabilidad y dar respuestas a todas las acciones y omisiones que nos llevaron a la peor crisis fiscal en la isla y la quiebra más grande bajo la jurisdicción del gobierno de los Estados Unidos”.
“Aunque en la medida se mandata referidos al Departamento de Justicia ante hallazgos de deuda ilegal, nos preocupa que la pretensión de promover la cancelación de deuda ilegal mediante este mecanismo se torne académica, particularmente dado que, mientras se anuncia este proyecto, La Fortaleza y AAFAF apoyan que la Junta de Control Fiscal someta un nuevo Plan de Ajuste de la Deuda ante el Tribunal Federal que persigue reestructurar, no cancelar, la deuda del Gobierno central”, añadió González Taboada.
Los integrantes de la Comisión también cuestionaron que la medida no incluya lenguaje que clasifique como pública toda la información relacionada a esta auditoría, y que no cuente con mecanismos de transparencia y participación ciudadana en el proceso de auditoría. Otra deficiencia del proyecto de Resolución es el escaso presupuesto que se asigna para auditar 70 años de deuda con solo 1 millón, cuando la Comisión creada por Ley tenía un presupuesto de 5 millones en gastos y la Junta le pagó a Kobre & Kim 16 millones de dólares por estudiar apenas un puñado de emisiones.
Recibimos positivamente cualquier propuesta que adelante una auditoría independiente de la deuda pública. Sin embargo, la misma no puede ser un ejercicio simbólico o fútil sino una auditoría integral, independiente, transparente y con amplia participación ciudadana para que tenga credibilidad ante el pueblo.
La Comisión, es una corporación sin fines de lucro que tiene la misión de realizar una auditoría integral del crédito público para beneficio del pueblo de Puerto Rico. Esta Comisión, de naturaleza estrictamente ciudadana, dará continuidad a los trabajos iniciados por la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público creada por la Ley 97 del 2015, que fue eliminada en 2017.
