El Tribunal de Primera Instancia en San Juan a través del Juez Superior Alfonso S. Martínez Piovanetti, declaró Ha Lugar a la petición del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) presentada en 2017 contra el entonces gobernador Ricardo Rosselló para que se les entregara información y documentos intercambiados entre la Fortaleza y la Junta de Control Fiscal (JCF).
En la sentencia, el Tribunal haber concluido que los documentos solicitados por el CPI son de carácter público y por tanto las entidades gubernamentales peticionadas tienen el deber de producir las comunicaciones y documentos.
“El Estado Libre Asociado y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal tienen el deber ministerial y constitucional de divulgar los documentos intercambiados desde el 2016 hasta el presente entre la Oficina del Gobernador (y otras dependencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico) y la Junta de Supervisión Fiscal –ya sea por correo electrónico o en otro formato– que se relacionen con la implantación y el cumplimiento de la Ley PROMESA, a los que no le aplique algún privilegio o norma de confidencialidad particular. Ello por tratarse de documentos públicos a los que la ciudadanía, y en este caso el Centro de Periodismo Investigativo, tienen un derecho constitucional a su acceso y divulgación en armonía con la libertad de expresión y los valores más fundamentales de toda sociedad democrática”, lee la sentencia del Tribunal.
Ante esto, el Tribunal le concedió a las partes un término de 20 días para cumplir con la entrega de las comunicaciones y documentos requeridos. Además, se ordenó que los documentos tanto físicos como electrónicos deberán ser divulgados comenzando con aquellos de fecha más antigua hasta los más recientes.
El primer periodo deberá cubrir el inicio de funciones de la Junta de Supervisión Fiscal en o alrededor del 30 de agosto de 2016 hasta la fecha del requerimiento de información hecho por el CPI el 3 de mayo de 2017, lo que equivale a un periodo de nueve meses.
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Ante la posibilidad de la confidencialidad de algunos documentos, el Tribunal ordenó a AAFAF preparar una bitácora en la que identifiquen tales documentos. Esta bitácora deberá incluir una descripción particularizada de la naturaleza del documento, sin divulgar la posible materia confidencial contenida en el mismo.
El proceso judicial que duró cuatro años culminó con la celebración de una vista en su fondo el pasado 27 de enero.
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