El Área de Querellas e Investigaciones, de la Oficina del Inspector General de Puerto Rico, anunció que, tras culminar un proceso investigativo, con la colaboración del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, se procedió a presentar las primeras querellas de los empleados públicos que solicitaron y recibieron los beneficios del PUA, con lo cual se da inicio a un procedimiento adjudicativo formal para determinar las penalidades y consecuencias que en derecho procedan, si alguna.
En este procedimiento los servidores públicos concernidos serán acreedores de las garantías del debido proceso de ley. Las querellas se sustentan en conducta ilegal al recibir los beneficios del “Pandemic Unemployment Assistance” (PUA), sin tener derecho a ello.
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El secretario del Trabajo, Carlos J. Rivera Santiago expuso que: “desde que se identificaron irregularidades en las reclamaciones relacionadas a la compensación del PUA, hemos investigado diversos casos de posible fraude. Hemos estado en estrecha colaboración con la OIG proveyéndole asistencia técnica para que la misma pueda ejercer sus funciones fiscalizadoras.”
La evaluación e investigación llevada a cabo estuvo a cargo del Área de Querellas e Investigaciones de la OIG, bajo las facultades conferidas en los artículos 2,7,8 y 17 de la Ley Núm. 15 de 2017, Ley del Inspector General de Puerto Rico. Las querellas presentadas son parte de una primera etapa, no obstante, la OIG y el Departamento del Trabajo continúan trabajando conjuntamente en el proceso investigativo.
Esta información parte del interés público que ha generado las reclamaciones del PUA. Para salvaguardar la pulcritud del proceso administrativo, no se podrán emitir declaraciones adicionales a las contenidas en este comunicado.
