Senado da paso por tercera ocasión a proyecto sobre la Lengua de Señas Puertorriqueña

La medida, de la autoría del senador de mayoría Ángel Toledo López, establece además como política pública la protección de los derechos lingüísticos de la comunidad sorda, su inclusión y el reconocimiento de la LSP como parte del patrimonio cultural de Puerto Rico.

Toledo explicó que el proyecto había recibido aprobación unánime tanto en el Senado como en la Cámara en dos ocasiones anteriores, pero no se convirtió en ley. La segunda versión, que incluía una enmienda para realizar un censo de la comunidad sorda, fue veto de bolsillo.

“Como realmente yo creo fielmente que hacerle justicia y honrar los derechos de la comunidad sorda en Puerto Rico es una cuestión de gran importancia para nosotros, me di a la tarea de revisar el proyecto en una tercera ocasión para incorporar precisamente referencias de la literatura científica que permitan justificar el que estemos presentando este proyecto… Tenemos que respetar el honor de la comunidad sorda, reconocer que son bilingües y reconocer el esfuerzo que hacen para aprender una lengua que no es la suya y poder comunicarse con nosotros”, expresó Toledo.

El senador independiente Eliezer Molina Pérez también respaldó la medida.

“Pues por tercera ocasión tendrá el respaldo de este servidor. Me parece que es una comunidad que ha estado siempre rezagada y son pocas las veces que se les atiende, y aquí el compañero ha hecho una exposición muy completa y espero que todos podamos, porque este servidor se tiene que incluir, que todos podamos comprender un idioma que por cosas de la vida nadie escoge las facultades que pueda tener, y hay personas que nacen en desventaja y lo que el compañero trae nos integra a todos como sociedad”, expresó.

Otras medidas aprobadas

El Senado también aprobó el Proyecto del Senado 1151, que establece un mecanismo para atender situaciones de difícil reclutamiento en los municipios.

La medida permite utilizar requisitos alternos de preparación académica y experiencia para determinadas posiciones directivas, gerenciales o de confianza que no requieran licencia profesional, siempre que esos requisitos hayan sido establecidos previamente en el Plan de Clasificación de Puestos y Retribución Uniforme o en la reglamentación municipal aplicable.

También recibió el aval el Proyecto del Senado 1304, que transfiere a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras la responsabilidad de administrar y hacer cumplir las disposiciones de la Ley de Agencias de Informes de Crédito.

Además, se aprobó el Proyecto del Senado 1337, que aclara los procedimientos de separación y lanzamiento en las cooperativas de vivienda y su relación con el procedimiento ordinario de desahucio.

En cuanto a la disposición de propiedades públicas, el Senado aprobó la Resolución Conjunta del Senado 157, relacionada con una propiedad ubicada en Adjuntas que ha sido ocupada y mantenida durante décadas por la familia de Ruth Nilda Rodríguez Ruiz.

El texto aprobado permite que, previa evaluación y autorización del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles y de proceder en derecho, el Departamento de Transportación y Obras Públicas formalice una compraventa, transferencia, arrendamiento, arrendamiento con opción a compra, usufructo u otro negocio jurídico autorizado por ley respecto de la propiedad.

El Senado también aprobó la Resolución del Senado 615, para extender el pésame a los familiares de Ramón Luis Rivera Rivera, exalcalde de Bayamón, exrepresentante, veterano y servidor público.

Senado avala medidas de la Cámara

El Alto Cuerpo también dio paso al Proyecto de la Cámara 818, que establece parámetros para evaluar a personas con antecedentes penales que soliciten un certificado de aprendiz de perito electricista o licencias de ayudante o perito electricista.

La medida sustituye la exclusión automática por una evaluación de factores como la naturaleza y gravedad del delito, su relación con las funciones de la ocupación, el tiempo transcurrido desde la condena, la rehabilitación y el riesgo para la seguridad pública.

También, se aprobó el Proyecto de la Cámara 707, que enmienda la “Ley para Requerir que en Todo Contrato de Seguros de Salud, se Incluya dentro de su Póliza el Pago de la Cubierta de Servicios Clínicos para el Tratamiento de la Obesidad Mórbida y el Síndrome Metabólico con la Cirugía Bariátrica”, al fin de añadir la definición de “co-morbilidad” y atemperar la ley a la Declaración Conjunta de 2022 de la ASMBS y la Federación Internacional para la Cirugía de la Obesidad y los Trastornos Metabólicos (IFSO).

Durante la consideración de la medida, se aprobó una enmienda para ampliar el reconocimiento de organismos acreditadores en cirugía metabólica y bariátrica, incluyendo a la Surgical Review Corporation (SRC) y otros programas que establezcan estándares de calidad y seguridad reconocidos por el Departamento de Salud de Puerto Rico.

Por su parte, el Proyecto de la Cámara 817, propone enmendar la “Ley de la Junta Examinadora de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado”, con el fin de sustituir el requisito absoluto de certificado negativo de antecedentes penales por una evaluación individualizada de la Junta cuando el certificado sea positivo, considerando la naturaleza y gravedad del delito, su relación con las funciones del oficio, el tiempo transcurrido, el cumplimiento de la sentencia y la participación en programas de rehabilitación, referencias y el riesgo para la seguridad pública.

También fue aprobada la Resolución Conjunta de la Cámara 339 que ordena a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico liberar las condiciones y restricciones aplicables al Solar Número 2-A del Proyecto Arenas, localizado en el barrio Arenas de Utuado y perteneciente actualmente a la Sucesión de Ángela Santiago González. La autorización tiene el propósito específico de permitir la segregación del predio donde se ubica la residencia principal de la finca.

Igualmente, se le dio paso a la Resolución Conjunta de la Cámara 351 que ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas realizar estudios técnicos de ingeniería de tránsito para evaluar un sistema de circulación vehicular en una sola dirección entre los kilómetros 3.8 y 4.3 de la carretera PR-308, en la comunidad Puerto Real de Cabo Rojo.

También, el Alto Cuerpo aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 299 para ordenar la liberación de las restricciones de preservación e indivisión impuestas sobre un predio número 7 de la finca Pasto, en el Barrio Pasto de Morovis, a favor de Florentino Negrón Rodríguez y Otilia Jiménez.

De igual forma, la Resolución Conjunta de la Cámara 340, que ordena liberar las condiciones y restricciones impuestas sobre una finca compuesta del Proyecto Castañer, en el Barrio Bartolo de Lares, perteneciente a la Sucesión de Ceferino Ruiz Acevedo, con el propósito de autorizar la segregación del predio donde ubica la residencia principal.