La cervecería Destilería Nacional, Inc., fabricante de la marca Old Harbor, se encuentra inmersa en un proceso de quiebra del cual –alega el dueño– su distribuidor exclusivo pretende aprovecharse para, con la anuencia de varias entidades gubernamentales, apropiarse del negocio por una fracción de su valor real.
El propietario de Destilería Nacional, William Cruz, explicó que desde que la compañía solicitó, en marzo pasado, protección bajo el capítulo 11 del Código de Quiebras, la distribuidora Ballester Hermanos, a través de Alejandro Ballester, mostró interés en adquirir el 100% de la cervecería, si bien el propio Cruz únicamente le había ofrecido la posibilidad de que se convirtiera en dueño minoritario.
Según se desprende de una moción radicada ante el Tribunal de Quiebras para el Distrito de Puerto Rico, el 2 de diciembre de 2020, luego de que Cruz rechazara la oferta de compra, Ballester, junto a otras personas, incorporó Miramar Brewing, una compañía de responsabilidad limitada que a su vez adquirió una reclamación pendiente contra Destilería Nacional y procedió, el 31 de diciembre, a radicar un plan de reorganización mediante el cual ganaría posesión de la cervecería.
En la moción de objeción a la confirmación del plan presentado por Miramar Brewing, Cruz sostiene que “meses antes de lanzar su apoderamiento hostil (‘hostile takeover’), los ejecutivos de Miramar presentaron al Dr. Cruz una oferta para comprar su participación en el deudor (Destilería Nacional) por $1,728,354. Según la oferta, el traspaso debía cerrarse el 30 de noviembre. Pocos meses después, el periodo de exclusividad del deudor caducó, Miramar adquirió una o dos reclamaciones y, a través de maniobras de bancarrota, Miramar ahora busca liquidar el interés propietario del Dr. Cruz por un valor de $0.00”.
“En otras palabras, en poco más de 70 días, los compradores –los mismos individuos– devaluaron el interés propietario del Dr. Cruz de sobre $1,728,000.00 a $0.00”, añade el recurso legal.
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El plan propuesto por Miramar, se indica en una moción sometida el 3 de febrero, cuenta con el aval de cinco acreedores: Porfirio Díaz y herederos, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el Centro para la Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y el Departamento de Hacienda.
Metro solicitó reacciones a la AEE, AAA y Hacienda sobre su intervención en este caso de quiebra pero, al cierre de esta edición, ninguna había respondido.
Cruz, en entrevista con este diario, cuestionó el interés y la legitimación de estas agencias y corporaciones públicas para intervenir activamente, acción que catalogó de “muy inusual”.
La acreencia con la AEE, por ejemplo, asciende a $112,454.98, pero Cruz cuenta con un documento que evidencia que entre en marzo de 2018 y enero de 2020 se le facturó por debajo del consumo real debido a que el contador de la corporación pública había sido hurtado.
“La AEE acepta, por ejemplo, que ellos no tenían contador y, según el reglamento de la AEE, tenemos dos años para pagarle. Nosotros le vamos a pagar el 100%, pero la AEE le votó a favor de un plan que cobra 95%. Aquí brincaron todos sus propios reglamentos”, dijo Cruz a este medio.
“Aquí tenemos que llegó el CRIM a valorar (la propiedad) y votaron a favor de cerrar la empresa, llegó Hacienda con una multa de $100 que no sabíamos que existía y votó también a favor de cerrar la empresa. Llegó Acueductos, que nunca se reclamaron deudas y también votó, es algo bien inusual”, dijo Cruz, quien planteó que la deuda de $12,669.03 con la AAA corresponde a los pasados dos meses, por lo que considera que no tenía derecho a votar sobre el plan de quiebra propuesto por Miramar.
De acuerdo con Cruz, Destilería Nacional radicó la quiebra en marzo de 2020 en parte por la deuda contraída con la AEE de la que tomaron conocimiento dos meses antes, así como por una demanda presentada en su contra, también presentada ante el Tribunal de Quiebras, por parte de los dueños previos de la cervecería.
“Viendo que venía la pandemia nos fuimos a quiebra, al capítulo 11 de reorganización. Básicamente porque llegó (la factura) de energía eléctrica y porque estábamos pendientes a la demanda, porque las demás deudas son de día a día a suplidores”, sostuvo el empresario.
En la moción de oposición al plan de Miramar, la representación legal de Cruz alegó que Ballester Hermanos ha incumplido con las condiciones de su acuerdo de distribución, negándose a comprar las cuotas establecidas contractualmente.
“De forma similar, al menos tres vendedores críticos han abandonado al deudor y se niegan a hacer negocios con el deudor porque, según alegan, han sido acosados por Miramar debido a su indisposición para favorecer el plan de Miramar. En síntesis, los compradores están pisoteando al Dr. Cruz y su interés accionista por su negativa a REGALARLES su interés por un valor de $0.00”, lee la moción, donde se hace constar que el acuerdo con Ballester Hermanos es la fuente del 85% de los ingresos de Destilería Nacional.
“Ellos nos dicen ‘tú no vendes si yo no te vendo’”, ilustró el galeno.
Según el registro de corporaciones, Miramar Brewing es presidida por el conocido inversionista Cyril Meduña, al tiempo que Ballester figura como vicepresidente y Renato Garzaro como tesorero.
Cruz añadió que los suplidores y contratistas de la cervecería, a los que debe cantidades que describió como ordinarias, favorecen el plan de reorganización que someterá a la corte y que mantendría abierta la compañía, que, dijo, emplea a unas 12 personas.
El empresario suministró evidencia de 11 acreedores, además del propio Cruz, que favorecen el plan de reorganización, por lo que se opondrían a la propuesta de Miramar.
“Nosotros tenemos todos los votos de la gente a la que debemos dinero, que son nuestros suplidores. A pesar de que les debemos dinero, votan a favor de nuestro plan. Todos están de acuerdo con que nos mantengamos abiertos porque saben que les vamos a pagar”, argumentó Cruz.
Aunque no forman parte del proceso de quiebra, Cruz advirtió que, si se concretara el plan de Miramar, otras corporaciones ligadas a Destilería Nacional, como la barra-restaurante Old Harbor que opera en Carolina y la empacadora, Destilería Nacional LLC, también “se irían a pique”.
Cruz precisó que este viernes habrá una vista sobre el caso que preside el juez Enrique S. Lamoutte.