Proponen enmendar plan fiscal para destinar sobre $900 millones adicionales a municipios

Las enmiendas delegarían formalmente a los ayuntamientos el mantenimiento de escuelas, carreteras y áreas recreativas

Por Manuel Guillama Capella

Partiendo de la premisa de que los municipios tienen la capacidad de manejar el dinero más eficientemente que el gobierno central, los representantes populares Jesús Santa y Juan José Santiago Nieves propusieron que el plan fiscal se enmiende para que los fondos correspondientes al mantenimiento de carreteras, la infraestructura escolar y el cuidado de áreas recreativas se asigne directamente a los ayuntamientos.

En una conferencia de prensa junto al presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, los legisladores precisaron que, bajo el presupuesto vigente, la asignación supondría $922 millones adicionales a los municipios para realizar tareas que, expusieron, muchas veces terminan en sus manos debido a la ineficiencia del gobierno central.

El ahorro, producto del uso más eficiente de los fondos separados para esos tres propósitos, sería suficiente para cubrir las obligaciones de los municipios con la Administración de Seguros de Salud (ASES), así como para evitar recortes adicionales a las transferencias que anualmente el gobierno envía a los ayuntamientos, y que la Junta de Control Fiscal (JCF) pretende eliminar para el 2024.

Santiago Nieves, quien preside la Comisión de Autonomía Municipal, Descentralización y Regionalización en la Cámara de Representantes, detalló que las asignaciones que se destinarían para los municipios ascienden, este año fiscal, a $385 millones para el mantenimiento de escuelas, $513.6 millones para el programa de construcción de carreteras y $23.8 millones para atender las áreas recreativas que actualmente quedan bajo la jurisdicción de la Compañía de Parques Nacionales.

Esas cifras, en conjunto, representan un ahorro, respecto al presupuesto actual, de $210 millones. Esto permitiría, argumentaron, que $166 millones se destinen a la aportación a ASES, mientras el remanente de $44 millones haría viable mantener al nivel vigente del pago de los llamados subsidios municipales, de unos $132 millones anuales.

“De todo el presupuesto que se supone que se asigne, uno más o menos identifica grasa. En la medida que eliminas capas burocráticas, eliminas gastos. Uno está apostando a eso. Nos fuimos conservador, (el ahorro) pudiera ser mayor”, sostuvo Santa, presidente de la Comisión cameral de Hacienda, al preguntársele sobre los fundamentos que justifican la premisa de que los municipios podrían hacer las mismas funciones con menos recursos.

Los funcionarios reconocieron que históricamente los municipios han llegado a acuerdos para asumir funciones que en principio competen al gobierno central. Sin embargo, plantearon que frecuentemente el gobierno incumple con los acuerdos pactados, al tiempo que ese modelo se presta para favoritismo por líneas político partidistas.

Para viabilizar las propuestas que anunciaron, señalaron que será necesario legislar para enmendar las leyes orgánicas de las distintas agencias impactadas, así como para establecer las fórmulas que permitirían asignar el presupuesto. De esta manera, dijo Hernández, los municipios recibirían fondos de acuerdo a la cantidad de estudiantes en sus escuelas públicas, o los kilómetros de carreteras que ahora estarán encargados de mantener en buenas condiciones.

Sin embargo, los líderes populares insistieron que es importante que JCF incorpore las propuestas al plan fiscal certificado, para evitar un reto judicial como el que ocurrió con la Ley 29-2017, que eximía a los municipios de aportar a la ASES y al pago de pensiones de sus empleados.

“Estamos discutiendo el tema con el legislativo porque le compete al legislativo sentarse con el gobernador (Pedro Pierluisi), enmendar el plan fiscal, que es lo que estamos buscando. No queremos cometer los errores del pasado, recordar lo que vivimos con la Ley 29, (que fue) un acuerdo entre el gobierno y los alcaldes pero que nunca fue incluido en el plan fiscal y anulado por la jueza (Laura) Taylor Swain”, expresó Hernández, quien enfatizó que el primer ejecutivo, en sus primeras semanas en el cargo, ha recalcado la necesidad de proteger las finanzas municipales y ha avalado una serie de propuestas que presentaron, de forma conjunta, el alcalde villalbeño y el presidente de la Federación de Alcaldes, Ángel Pérez.

A preguntas de la prensa, Santa indicó que ya se reunió en una ocasión con la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, pero que no ha discutido en detalle la propuesta para delegar funciones y presupuesto a los ayuntamientos. Añadió que tienen en agenda reuniones adicionales para entrar en asuntos más “técnicos”.

“Nosotros tenemos que demostrárselo (a la JCF). Así como yo les voy a pedir que me demuestren cómo ellos hacen las proyecciones de ingresos, yo tengo que demostrarles esto. Estamos preparados y hay una información técnica para eso”, dijo Santa.

“La Junta no puede andar por ahí con dos lenguajes diferentes. Siempre que se reúnen con los alcaldes nos dicen ‘alcalde, cuándo tiene la propuesta de cómo se transfieren las competencias y servicios a ustedes y cómo eso significa un ahorro en el presupuesto’. Aquí está (la respuesta). Si ese era el lenguaje, aquí está la solución”, afirmó Hernández, quien responsabilizó a la administración del exgobernador Ricardo Rosselló, y no a la JCF, de la política de recortes directos a los municipios.

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