Desde el momento en que con su firma la entonces gobernadora, Wanda Vázquez Garced convirtió en ley el nuevo Código Electoral, el Partido Nuevo Progresista (PNP) se aseguró inmediata e indefinidamente el control de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), reveló una investigación realizada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
PUBLICIDAD
La Ley 58 del 20 de junio de 2020 le otorgó al presidente de la entidad, en aquel momento Juan Ernesto Dávila, nombrado por el pasado gobernador Ricardo Rosselló, el poder de escoger a todos los directores de las diferentes oficinas administrativas sin que tengan que ser confirmados por el voto mayoritario de los comisionados electorales, por ser ahora considerados “funcionarios de confianza” del presidente. Además, el estatuto perpetúa al PNP en la presidencia de la CEE ya que dispone que la nominación a ese cargo recae en el partido de mayoría, redefinido en la nueva ley como el partido que más votos íntegros saque en las elecciones generales. Hasta la aprobación del nuevo Código Electoral, se consideraba partido de mayoría aquel cuyo candidato a gobernador obtuviera el mayor número de votos.
“Corresponderá al Comisionado Electoral del Partido Estatal de Mayoría, cuyo partido hubiere obtenido en la anterior Elección General la mayor cantidad de votos íntegros en la Papeleta Estatal del total de votos válidos emitidos en esa papeleta, proponer a los restantes Comisionados propietarios el o los nombres de los candidatos a los cargos de Presidente y de Alterno al Presidente”, lee el artículo 3.7 del nuevo Código Electoral.
Desde su creación en 1967 y su primera participación en las elecciones generales de 1968, el PNP ha logrado obtener la mayor cantidad de votos íntegros en 10 de los 14 eventos electorales, constató el CPI. La última vez que el Partido Popular Democrático (PPD) obtuvo más votos íntegros que el PNP fue en las elecciones generales de 2000 en las que prevaleció Sila María Calderón. En las elecciones posteriores en las que el PPD ha ganado la gobernación con Aníbal Acevedo Vilá (2008) y Alejandro García Padilla (2016) no ha rebasado al PNP en la cantidad de votos íntegros.
¿Cuáles fueron los cambios que colocaron al PNP en control absoluto de la CEE?
A solo horas de convertirse en Ley el nuevo Código Electoral, el entonces presidente de la CEE despidió a los vicepresidentes y subsecretarios, tal y como disponía el estatuto. La nueva ley eliminó las posiciones ejecutivas, como las vicepresidencias y subsecretarios que ocupaban los partidos minoritarios. De todas estas posiciones administrativas, la nueva Ley solo mantiene al presidente, presidente alterno y secretario, quienes serán propuestos por el comisionado electoral del partido de mayoría bajo la nueva definición. .
PUBLICIDAD
El nuevo Código Electoral le dio todos los poderes administrativos al presidente de la CEE para hacer cambios y remover personal dejando a un lado el balance institucional que había existido en la agencia hasta entonces. En el pasado se alternaban entre el PNP y PPD los directorados, un mecanismo que supone dará la fiscalización entre ellos. Además, la pasada ley electoral disponía que estos nombramientos debían ser confirmados con el voto mayoritario de los comisionados electorales, lo que aseguraba una evaluación de los méritos y la capacidad de trabajar por el interés público de los designados, independientemente de que se identificaran con un partido político, según funcionarios de la CEE consultados por el CPI.
“Las Oficinas Administrativas estarán dirigidas por funcionarios de la confianza del Presidente. El Director de cada Oficina Administrativa será nombrado por la confianza del Presidente de la Comisión, y será de su libre remoción. Solamente las Oficinas Electorales de la Comisión tendrán personal de los Partidos Políticos utilizando el concepto de una junta con Balance Institucional”, lee el artículo 3.1 del Código Electoral que convierte al Presidente en ”la autoridad ejecutiva y administrativa” a quien le corresponderá tomar toda determinación de reestructuración, consolidación o reducción de las Oficinas Administrativas. De manera colegiada, los Comisionados Electorales sólo podrán hacer recomendaciones administrativas al Presidente o requerirle información sobre las operaciones de estas.
Desde la aprobación del estatuto, todas las oficinas administrativas están dirigidas por funcionarios nombrados por el PNP, excepto la Oficina de Servicios Generales, confirmaron al CPI cinco fuentes internas de la CEE. Los cambios se dieron principalmente en las oficinas en las que por balance electoral eran dirigidas por funcionarios del PPD.
Con las nuevas facultades que le otorgó la ley, el entonces presidente de la CEE despidió a Nicolás Gautier y a Carlos Avilés, dos de las personas con más experiencia y conocimiento electoral en la agencia que fungían como segundo y tercer vicepresidente del PPD y el PIP respectivamente, y que tenían a su cargo proyectos específicos, como coordinar las Juntas de Inscripción Permanentes (JIPS) y mantener al día el Registro Electoral. Ninguna de esas tareas fue reasignada, quedándose en el aire una parte fundamental de los preparativos para la jornada electoral de noviembre pasado. Además de sustituir al presidente en su ausencia, según el antiguo Código, estos estaban a cargo de supervisar los trabajos en la CEE. Al ser despedidos, tras la renuncia de Dávila, quedó un vacío en la gobernanza de la agencia que a solo 11 semanas de las primarias del PNP y el PPD provocó el histórico caos en ese evento electoral, precuela de las múltiples irregularidades y cuestionamientos en el conteo de votos en las pasadas elecciones.
Dávila también prescindió de los subsecretarios José Crespo, del PIP, y Sostycelie Galarza, del PPD, y además sacó a Carlos Cortés Díaz (PPD) de la dirección de las oficinas administrativas de la CEE. Nombró como director de la Oficina de Administración, a quien fuera su asesor, José J. Pintor Santiago, que aparece donando $2,000 al Comité del PNP en San Juan en el 2016, según la Oficina del Contralor Electoral (OCE).
Una situación similar ocurrió en la Oficina de Operaciones Electorales donde Julio Bonet pasó a ser el director desplazando a Daniel González del PPD; en la Oficina de Planificación donde Juan Ríos Muñoz del PNP se convirtió en su director; Elia Walker fue nombrada como directora de la Oficina de Educación y Adiestramiento. Walker se identifica en su perfil de Twitter como comisionada electoral del PNP. La Lcda. Julia Álvarez también fue despedida para nombrar al también abogado Jason Caraballo Oquendo como director de la Oficina de Asuntos Legales, quien aparece como donante de los comités de Thomas Rivera Schatz, Ricardo Rosselló y Servidores Públicos Progresistas entre 2015 y 2018 con $2,002, según el registro de la OCE.
De igual modo, la Oficina de Conservación y Mantenimiento pasó a manos de Felix García. En septiembre de 2020, el actual presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer sacó a Javier Rodríguez de la dirección de la Oficina de Recursos Humanos y nombró a Ferdinand Rosado, que fue Secretario Auxiliar de Recursos Humanos del Departamento de Educación bajo la dirección de Julia Keleher.
La Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVAA), que maneja el voto adelantado y donde ocurrieron múltiples irregularidades durante este ciclo electoral, según halló una investigación del CPI, también tuvo un cambio de mando luego de la aprobación del Código. Hasta ese momento era presidida por Ramón Allende del PPD, pero con el cambio de ley el presidente Dávila lo sustituyó por Vilma Rosado, la gerente en esa Junta que representaba al PNP.
Debido a la desorganización que imperó en el manejo del voto adelantado y la aparición de 182 maletines en una bóveda una semana después del evento electoral, Rosado fue removida de su posición, más no despedida. En su lugar, Rosado Colomer nombró a Rosa Vellón Márquez, quien fue directora de radicaciones de la CEE para el PNP. Vellón Márquez trabajaba en la Oficina del Comisionado Electoral del PNP, y su cónyuge laboraba como Oficial de Enlace de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado. En octubre, Vellón Márquez ofreció un adiestramiento a los senadores y representantes del PNP que buscaban reelección, según anunció el entonces presidente de ese partido, Thomas Rivera Schatz.
Hasta el 2013, JAVAA había sido dirigida por alguien con trayectoria de juez o abogado para asegurar que representara el interés público. Durante la presidencia de Liza García esta nombró al entonces representante del PPD en JAVAA Ramón Allende como presidente de esa dependencia, según tres de las fuentes consultadas.
Actualmente, todas las oficinas administrativas, excepto Servicios Generales que es dirigida por Jennifer Burgos del PPD, tienen al mando a funcionarios del PNP. Aunque los subdirectores son del PPD, fuentes del CPI sostienen que no son consultados en la toma de decisiones. “A esos subdirectorados le pasan el rolo. Tú no te enteras de nada”, indicó una de las fuentes. Esta afirmación fue validada por otros dos confidentes que también laboran en la CEE, y por el pasado tercer vicepresidente por el PIP y el excomisionado alterno de esa colectividad, Carlos Avilés y Adrían González, respectivamente.
“Se creó una finca política nunca antes vista en la CEE. Esto no había ocurrido”, dijo al CPI Avilés. Este explicó que entre los roles de los vicepresidentes de los partidos minoritarios estaba servir de una especie de juez o supervisores de las diferentes oficinas, en su caso, de las Operaciones de Campo (Juntas de Inscripción Permanentes) representando el interés público. De esta forma, no solo los directores de oficinas se alternaban por partidos políticos, sino que además de tener que ser confirmados por voto mayoritario de los comisionados electorales, estos respondían además, a un vicepresidente de un partido político contrario, lo que en la práctica permitía asegurar que las decisiones se tomaban sin que se inclinara la balanza a favor o en contra de un partido u otro.
“Por eso era un diseño saludable. Ahora como no existe alternancia de partidos ya que todos son del PNP, nombrados por el presidente que a su vez ha sido nombrado por ese partido, sin que sean supervisados por vicepresidentes de otros partidos, ya no sienten la obligación de tomar decisiones consensuadas ni consultar a los subdirectores”, coincidió González.
En septiembre de 2020, el presidente de la CEE nombró a Thais M. Reyes Serrano como secretaria sustituta del CEE. Reyes Serrano laboraba como ayudante del entonces presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez y directora de la comisión de Gobierno que presidía Jorge Navarro, por un sueldo de $8,000 mensuales. En enero fue designada por el gobernador Pedro Pierluisi como nueva directora de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC).
Otros nombramientos de funcionarios vinculados al PNP trascendieron durante el escrutinio general. El director del escrutinio Fernando Ocasio se vio obligado a renunciar luego de que los comisionados electorales de los partidos minoritarios exigieran su remoción tras un caldeado incidente en el escrutinio general que culminó en empujones y gritos en el Coliseo Roberto Clemente tras este ceder el micrófono al comisionado electoral del PNP, Héctor Joaquín Sánchez para avivar a los funcionarios luego que se detuviera el proceso de escrutinio por una orden judicial. Los partidos de oposición cuestionaron su capacidad para dirigir el proceso electoral mientras mantenía contratos con el Gobierno, incluyendo uno como asesor del entonces presidente senatorial, Rivera Schatz. Tras su salida, el escrutinio fue dirigido por el segundo en mando, Manuel González Azcuy, recién nombrado por Pierluisi director del Sistema de Emergencias 911, posición que había ocupado bajo la gobernación de Luis Fortuño, además de ser donante del comité político de Ricardo Rosselló.
Ocasio Vélez trabajó como comisionado alterno en la Oficina del Comisionado Electoral del PNP de mayo de 2013 a marzo de 2014, fue asesor legislativo del senador y representante PNP, Luis Daniel Muñiz y Norman F. Ramírez Rivera, respectivamente, preside la Asociación de Abogados y fue, junto a Ramón Rosario, el abogado de esta organización en el caso de impugnación de la legislación que en el 2016 intentó restituir la colegiación compulsoria para practicar la abogacía. Como parte de sus labores como asesor de Rivera Schatz, participó en el proceso de aprobación en el Senado del nuevo Código Electoral. Su firma, Ocasio Law Firm, LLC., fue incorporada en el 2015 y ha contratado con el Gobierno desde febrero de 2017 al presente por la suma de $2,261,175. De acuerdo con el Registro de Corporaciones de la Oficina del Contralor, mantiene dos contratos vigentes para ofrecer servicios legales a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico y en la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC).
El pasado 15 de enero de 2021 el presidente Rosado Colomer dio a conocer la designación de Beatriz Chapman Martínez como directora de Control de Calidad; Luis A. Bauzá Rivera como nuevo director de Seguridad; y Norma Figueroa Morales en la presidencia de JAVAA. El presidente de la CEE describe los nombramientos como “nuevos directores en el equipo de trabajo del Presidente”, según el documento circulado al personal de la CEE y del que el CPI obtuvo copia.
Durante su comparecencia en las vistas públicas sobre el Código Electoral efectuadas la pasada semanas en la Cámara de Representantes, el presidente de la CEE informó incorrectamente a los miembros de la Comisión por omisión o por accidente:
“Debe tomarse conocimiento legislativo de que en todas las áreas medulares de la estructura administrativa de la Comisión que inciden en asuntos electorales impera el balance institucional con funcionarios de los diferentes partidos políticos”, aseveró en su ponencia.
Tras ser cuestionado durante la audiencia sobre los nombramientos administrativos en la CEE, Rosado Colomer dijo desconocer cómo, previo a su llegada a la CEE, se hacían los nombramientos en la parte administrativa, y admitió que el Código vigente no requiere que las oficinas administrativas tengan balance institucional.
“El código no dice en esas áreas particulares que tenga que haber balance. Las áreas de balance, igual que el Código anterior, se designan con el de mayoría recomendando acogido por el presidente. Eso es lo que siempre ha estado en la Comisión y sigue siendo así”, sostuvo el presidente de la CEE durante las audiencias públicas.
“No siempre ha sido así. Falso. Eso es totalmente falso. ¿De dónde saca eso? No sé”, aseguró el pasado tercer vicepresidente por el PIP, Carlos Avilés quien laboró por 37 años en la CEE.
“El presidente escogió sus palabras que llevan a inducir a error a los miembros de la comisión legislativa cuando no hace claramente la distinción entre el trabajo administrativo y lo críticamente electoral. Hay que analizarlo de forma muy crítica porque habla desde el poder”, señaló por su parte el profesor de derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Carlos E. Ramos.
Durante la audiencia, el comisionado electoral del PPD, Antonio ‘Toñito’ Cruz dijo que hay mucho espacio para mejorar el desempeño en la CEE, pero que nunca se debió haber perdido el balance en la toma de decisiones ya que existen asuntos administrativos que inciden en los asuntos políticos y electorales.
“Si yo lo nombro a usted presidente de la CEE bajo esta reglamentación actual y usted tiene todos los poderes para decidir los asuntos administrativos, yo espero que usted traiga el mejor talento, usted lo escoja de PR para ayudarlo a dirigir esa cosa administrativa que se llama la Comisión. Pero si usted busca de un solo partido político la dirección de todo el andamiaje administrativo, usted casi se está convirtiendo en el comisionado electoral de ese partido también”, dijo en referencia a los nombramientos hechos.
“Coincido en parte con ese planteamiento del compañero Cruz. Pero tenemos que atenderlo de caso a caso. No podemos ver la Comisión como un todo”, dijo por su parte Edwin Mundo en representación del PNP.
Expertos exigen cambios al Código Electoral
Para una docena de expertos en temas electorales y funcionarios vinculados a la CEE consultados por el CPI, las situaciones anómalas del ciclo electoral 2020 son consecuencia directa de la aprobación del nuevo Código Electoral que cambió las reglas de juego a solo meses de las primarias y las elecciones generales.
Bajo el supuesto de lograr ahorros en el presupuesto de la CEE, el Código Electoral eliminó oficinas y puestos con un criterio partidista y le dio la facultad al presidente de la entidad de nombrar a los funcionarios que dirigen las oficinas administrativas, lo que afectó el balance electoral, el principio de consenso y en la práctica, le otorgó el poder administrativo de la CEE al Partido Nuevo Progresista (PNP), planteó al CPI el Lcdo. Héctor Luis Acevedo, profesor de derecho y ex comisionado electoral del PPD.
“El PNP legisló a sabiendas de eso. Es una ley hecha con la mentalidad del ‘banquete total’ que ignora las minorías, lacerando el concepto de la democracia. Echa por la borda cuarenta años de consenso electoral. Con esa disposición se aseguran de que, ganen o no la gobernación, ellos nombran al presidente de la CEE, que anteriormente lo nominaba el partido que ganaba el Ejecutivo”, dijo al CPI el Dr. José Efraín Hernández, director del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Interamericana.
De acuerdo con el constitucionalista Ramos, las bases del Código están cimentadas sobre la pretensión de que la Comisión esté controlada por el partido en el poder. “Eso sale de la exposición de motivos”, añadió.
Para la socióloga Marcia Rivera, que es parte del Movimiento Victoria Ciudadana, es urgente que se revise todo el andamiaje del sistema político electoral ya que los problemas e irregularidades confrontados evidencian que el sistema ha colapsado porque la CEE no pudo correr el proceso con agilidad.
“Han dejado al descubierto problemas de organización, capacidad, formas de tomar las decisiones y de cuánto se adhieren a las leyes y reglamentos esas decisiones que se toman en el organismo electoral. Estamos en un colapso general. El daño está hecho y la gente ha perdido la confianza en el sistema electoral”, planteó Rivera.
“La experiencia histórica de Valencia en el 1980 demuestra que lo mejor es un sistema de pesos y contrapesos, un sistema adversativo político contencioso. Una vez se rompe el consenso es bien difícil recuperar la confianza en esa institución”, sostuvo el Lcdo. Samuel Quiñones, investigador de casos de corrupción y quien dirigió el equipo de observadores en las elecciones del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR).
Quiñones sostuvo que la aprobación del Código Electoral con la oposición de cinco de los seis partidos y a meses del evento electoral, fue el detonante del caos que inició con las primarias del PNP y PPD en agosto, las irregularidades en las diferentes modalidades del voto adelantado el día de las elecciones y que se extendió durante todo el “atropellado” proceso de escrutinio general. “Con el Código se amplió la definición del voto ausente y se depositó ese proceso en una estructura que no estaba preparada”, añadió en referencia a JAVAA.
“Lo fraudulento aquí fue la aprobación del Código Electoral. Ellos [el PNP] sabían lo que estaban haciendo”, sostuvo por su parte el comisionado electoral del PIP, Roberto Iván Aponte.
Pierluisi no descarta cambios al Código
Ante la desconfianza de la ciudadanía, los partidos de oposición y minoritarios, que hoy son parte de un gobierno compartido, reclaman cambios en la manera en que se administra el organismo electoral. El gobernador Pierluisi abrió la puerta a considerar enmiendas al Código Electoral que fue aprobado sin consenso y que le llevó a La Fortaleza, lo que podría implicar perder el control absoluto que hoy día tiene el PNP en la CEE. Aunque el PPD tiene los votos para aprobar enmiendas o derogar el Código Electoral, no cuenta con la cantidad de votos para ir por encima del veto del Gobernador. La Asamblea Legislativa puede aprobar medidas con mayoría simple, pero necesitaría dos terceras partes de los votos para ir por encima del veto del Mandatario.
“Ya yo le he expresado a los líderes legislativos que no tengo objeción a que procedan a investigar lo sucedido antes de las pasadas elecciones, a determinar si hubo cualquier falla administrativa y de igual manera, si el Código Electoral, algunas de sus disposiciones, causó parte de lo sucedido. Y si es ese el caso, que se presenten enmiendas. Lo único que he dicho es que voy a tener la debida apertura para considerar enmiendas en su momento si me llegan al despacho, pero eso sí deben estar debidamente justificadas”, aseguró el mandatario al CPI.
Para el Gobernador, la Asamblea Legislativa deberá revisar el Nuevo Código con la determinación de mejorar las áreas en las que los cambios fueron negativos, como por ejemplo, que los partidos políticos participen de los procesos.
“Si en esa área que tú mencionas, que es de la representación de los partidos, es una de las áreas, pues yo con mucho gusto la considero. Ya me expresé. Yo pienso que todos los partidos debidamente inscritos deben tener representación y participación en los procesos electorales. Ya yo hice esa expresión pública. Ahora voy a aguardar a ver cuál es el resultado del proceso legislativo cuál es el resultado del proceso legislativo”, respondió el mandatario.
“Tienen que justificarlo porque tampoco voy a aprobar un proyecto que incurra en gastos extraordinarios y que no estén justificados”, insistió Pierluisi.
Esta nota se publica en Metro gracias a una alianza con el Centro de Periodismo Investigativo. Puede acceder la versión original AQUÍ
