Cerca de un 41 % de los funcionarios que cometen faltas éticas y actos de corrupción en el gobierno apenas llevan entre meses y cinco años trabajando en el gobierno. Mientras que el 48% de las violaciones, el funcionario intentó obtener beneficios económicos de las agencias o municipios para los que laboró.
Así se desprende de la Radiografía de la Corrupción en Puerto Rico, un informe que elabora la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) anualmente, en la que muestra el perfil de aquellos funcionarios que incurren en actos de corrupción gubernamental y que se les impuso sanciones éticas en dicha agencia. De acuerdo con Luis Pérez Vargas, director ejecutiva de la OEG, el periodo estudiado por la agencia comprende el 2012 al 2020 y se examinaron unas 86 resoluciones emitidas por el organismo fiscalizador.
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“Las personas que más cometieron faltas éticas al 2012-2020, llevaban entre cero y cinco años y eso representa un 41%. Comparado con la radiografía anterior, ese mismo renglón representaba un 31%. O sea, que hubo un aumento en ese renglón”, dijo el funcionario en entrevista con Metro.
“Aquí lo que demuestra es que los que están llegando [al gobierno], muchos de ellos que cometen actos, ya venían con la mente pre-hecha y exclusivamente llegar al gobierno y cometer un acto constitutivo de corrupción violatorio a la ley 1 de 2012 [Ley de Ética Gubernamental]”, añadió.
Para el funcionario, esta cifra contrasta con el renglón de las personas o entidades beneficiadas por los actos de corrupción en el que el 67% correspondió al propio funcionario. Es decir, en la mayoría de las faltas éticas, el querellado intentó obtener un beneficio económico para sí mismo. Mientras que el 14% fue para beneficiar a un familiar, el 11% para beneficiar a un tercero o a una entidad privada y un 8% para intentar favorecer a un partido político.
Otro de los hallazgos que menciona el estudio de la agencia es que en el renglón de propiedad pública utilizada indebidamente, un 45% correspondió a fondos públicos.
Pérez Vargas, asimismo, planteó que en dicho periodo la Oficina impuso multas por un total de $2.4 millones. De dicha cifra, indicó que la agencia ha recobrado cerca de $900,000. Además, mencionó que, en el periodo examinado, ordenaron que los querellados restituyeran un total de $177,000.
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Por su parte, Pérez Vargas señaló que el 52% de las violaciones a la Ley de Ética Gubernamental se registraron en agencias y corporaciones públicas. Mientras que el restante 48% se identificó en los municipios del país. El funcionario mencionó que los funcionarios que más violentaron la Ley de Ética Gubernamental se encontraron en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). Agregó que, en cuanto a municipios, los servidores públicos que más cometieron violaciones éticas se registraron en los municipios de San Juan, Guaynabo y Maricao.
Pese a estos informes que retratan la incidencia de corrupción en el país, Pérez Vargas reconoció que aún resulta cuesta arriba despejar la percepción negativa en torno a las agencias fiscalizadoras del país. El funcionario indicó que, si bien la Radiografía demuestra que han podido resolver querellas éticas, las agencias y municipios deben incluir sanciones disciplinarias en sus respectivos reglamentos en un intento por reducir la impunidad.
“Estas agencias no tienen que esperar por Justicia, por FEI o Ética a que actúen. Hay una responsabilidad que si la persona violentó un proceso ya sea de compra, una mala adjudicación, que llevó a una pérdida de propiedad que no necesariamente puede ser violatoria a la Ley de Ética, pero sí a un manual interno, puede ser suspendida de empleo y sueldo y destituida”, señaló Pérez Vargas, quien añadió que como director de OEG no puede ordenarle a un jefe de agencia o a un alcalde a que destituya a un servidor público.
“Esas acciones sí pueden ayudar al sentido de impunidad que no solamente las agencias de orden público pueden tomar acciones correctivas, pero hay acciones disciplinarias internas que no se están utilizando como se debería”, agregó.
Pérez Vargas indicó que, al momento, evalúan unas 300 querellas éticas, incluyendo una contra el alcalde de Vega Baja, Marcos ’Turín’ Irizarry, la cual fue presentada el pasado 11 de enero.
El informe de la OEG, además, expuso que 67% de las violaciones éticas y de corrupción fueron cometidas por hombres. Entretanto, el 33% de las personas que violentaron la Ley de Ética Gubernamental fueron mujeres.
