El número de transfeminicidios que se ha registrado desde el año pasado y las posibles soluciones para reducir el número de incidentes de violencia de género en Puerto Rico fueron algunas de las temáticas que se discutieron durante la vista pública que celebraron hoy, miércoles, la Comisión de lo Jurídico y la de Asuntos de la Mujeres del Senado.
Ambas comisiones escudriñaban un proyecto senatorial que definiría el Feminicidio y Transfeminicidio como conductas que constituyen el delito de asesinato en primero grado.
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En específico, el Proyecto del Senado 130 enmendaría el artículo 90(e) de la Ley 246-2014, también conocida como el Código Penal de Puerto Rico, para definir el Feminicidio y Transfeminicidio como tales comportamientos.
Según explicó Irma Lugo Nazario, del Observatorio de Equidad de Género, organización que se dedica a reportar datos sobre incidentes de violencia de género en el País, es necesario que investigadores y personas que manejen casos de este tipo trabajen desde el ángulo de una perspectiva de género, para así agilizar el esclarecimiento de cada incidente.
Del mismo modo, Lugo Nazario también propuso durante su ponencia que cada caso violente se trate como si fuera un Feminicidio o Transfeminicidio hasta que se encuentre evidencia en contra.
Al ser cuestionada por la senadora del partido Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, sobre cómo esto afectaría la presunción de inocencia de cada persona, Lugo Nazario explicó que esta propuesta solo alteraría el posible ángulo de alguna investigación de índole similar.
“Que se mantenga una perspectiva amplia en lo que se desarrolla la investigación. Ahí no está acusando directamente al feminicida ni a la feminicida, simplemente se está exponiendo que debe ser una de las miradas en esta interseccionalidad de la investigación que se desarrolla”, contestó Lugo Nazario.
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“Que se mantenga esa mirada hasta que haya resultado forenses, por ejemplo”, agregó.
Durante la ronda de preguntas las senadores presentes, Lugo Nazario también denunció el poco acceso que obtiene a los datos de la Policía en cuanto a las estadísticas de feminicidios.
“Si miran la página de la Policía, los datos del año 2020 no aparece nada”, dijo.
Por su parte, la directora ejecutiva del Proyecto MATRIA, Amárilis Pagán Jiménez, avaló la medida y agradeció a su radicación.
“Agradecemos el esfuerzo para viabilizar y nombrar a través de legislación la forma más extrema de violencia hacia las mujeres y esperamos que este proyecto sea complementado con otras medidas de equidad y justicia social que permitan a las mujeres de este país desarrollar su pleno potencial y vivir en paz”, expresó durante su ponencia.
Justicia identifica defectos en la medida
En tanto, los representantes del Departamento de Justicia en la vista pública, los fiscales Elba Cruz y José Iván Caraballo, objetaron la medida y presentaron enmiendas para evitar controversias con el vocabulario jurídico.
“Nosotros somos lo que conocemos lo difícil que es probar estos casos. En las enmiendas, nostros lo que decimos desde el punto de vista estrictamente jurídico dos planteamiento fundamentales: que hay que anticipar que existe un ataque constitucional bajo la cláusula de igual protección de las leyes”, expresó Carraquillo Santana.
“Segundo, va a ser el estado quien tiene que probar la constitucionalidad de esa ley”, continuó.
No obstante, pese a estas exigencias, ambos representantes de Justicia no se oponen a la medida.
“Nuestra postura no es que nos oponemos y ya al proyecto, en principio estamos a favor de él, hacemos unas recomendaciones porque hay asuntos que se deben evaluar para proteger la medida de ataques futuros”, expresó la fiscal Cruz durante su ponencia.
