La Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) obtuvo una reunión con el asesor de asuntos laborales del gobernador Pedro Pierluisi, de quien esperan intervenga para que la administración del primer centro docente del país acceda a cerrar el convenio colectivo que se viene negociando desde hace cuatro años.
Jannell Santana Andino, líder de la Heend –que desde temprano en la mañana organizó un campamento en la intersección de las calles Fortaleza y del Cristo–, planteó que, en una reunión que sostuvieron a finales de enero, el presidente de la UPR, Jorge Haddock, esencialmente solicitó renegociar la totalidad del convenio colectivo, pese al acuerdo que se había alcanzado en febrero de 2020 tras un proceso que contó con la mediación del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
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“Ellos quieren tratar de atemperar las condiciones de trabajo en la UPR a la Ley 26 (de cumplimiento con el plan fiscal) y la Ley del Empleador Único, que son leyes que no aplican a la UPR”, denunció la líder gremial.
Santana Andino señaló que, previo a la reunión de la semana pasada con el presidente de la UPR, Haddock había solicitado reevaluar hasta siete cláusulas específicas de las 127 que contendría el nuevo convenio colectivo, incluyendo unas “súper sensitivas”, como la facultad de la institución para relocalizar a miembros de la Heend a otros recintos del sistema universitario.
“A mí me parece que Haddock tiene que darle cuentas al gobierno. La Universidad depende del gobierno en su presupuesto y el gobierno debe darse cuenta de que tiene un presidente que está causando un problema real en la UPR, que quiere eliminar beneficios que se usan para la acreditación de la Middle States, que se le extienden a otros trabajadores universitarios y otros no docentes y (el gobernador) tiene que intervenir en que la firma del convenio se dé. Tenemos que cerrar un capítulo de una negociación que tenemos desde 2017”, sostuvo Santana Andino.
Según la presidenta de la Heend, la responsabilidad por el extenso tranque es compartida entre Haddock y la Junta de Gobierno de la UPR. Santana Andino argumentó que, paralelamente, la Junta de Control Fiscal ha accedido a los pedidos que le realiza la administración universitaria, al establecer mandatos que se acomodan a sus intereses.
Sin embargo, señaló que la Heend no contempla entablar comunicación directa con el organismo fiscal.
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“La Heend nunca va a buscar esa vía porque quienes tienen la responsabilidad ministerial de defender los derechos de los trabajadores y la UPR son el presidente, para eso se le pagan $240,000 al año, y la Junta de Gobierno, que es el ente rector de la UPR”, dijo.
Según Santana Andino, la Junta de Gobierno pretende, mediante una certificación, estipular que las cláusulas del convenio colectivo puedan ser invalidadas unilateralmente si se determina que incumplen con el plan fiscal de la UPR o el presupuesto asignado.
La reunión que concedió La Fortaleza, precisó, sería con Yamil Ayala, quien es el asesor de relaciones laborales del primer ejecutivo. Mientras tanto, dijo Santana Andino, los miembros de la Heend continuarán congregándose a diario en la calle Fortaleza, que tuvo que ser cerrada al tránsito de vehículos.
“Vamos a estar viniendo aquí todos los días hasta que el gobernador tome acción y acciones que sean concretas y que podamos verlas, no que nos digan una cosa de boca y después no se haga o se haga otra cosa totalmente diferente”, advirtió Santana Andino.
