El Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) tronó hoy contra el reglamento que autoriza la instalación de cámaras de seguridad en el campus universitario.
Según Luz Clemente, presidenta del cuerpo estudiantil, el reglamento fue aprobado por la Junta de Gobierno sin pasar por el crisol de la Junta Universitaria de la institución académica. Asimismo, la líder estudiantil repudió que se trata de un reglamento aprobado en 2015 y que, al llegar a la Junta de Gobierno de la UPR, se eliminaron disposiciones que prohibían el rodaje de estas cámaras en espacios como pasillos, vestíbulos y oficinas estudiantiles.
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“El estudiantado desde 2015 se ha expresado bastante claro sobre el hecho de que no queremos cámaras en el Recinto para ningún tipo de propósito por la sospecha y la expectativa de que en algún momento ese rodaje se use para perseguir políticamente a les estudiantes y profesores”, señaló la estudiante tras la celebración de un piquete frente a las instalaciones de la institución universitaria en donde también se opusieron al otorgamiento de una plaza de catedrático al presidente de la UPR, Jorge Haddock.
Clemente reclamó que la aprobación del documento no siguió el trámite habitual para avalar un reglamento. Explicó que la discusión de los reglamentos se origina en el Senado Académico del Recinto —en este caso el campus de Río Piedras—, luego pasa a la evaluación de la Junta Universitaria y, de ser aprobado por este organismo, pasa entonces a la JG.
“Encima de que el proceso fue bastante nebuloso lo que se aprobó en JG no es lo que se aprobó en 2015 en Senado Académico. Sufrió unas enmiendas y se eliminó la prohibición de tener cámaras en los pasillos, vestíbulos, salones. [Además], se le cambió un poco el lenguaje en torno al Comité Multisectorial que manejaría el rodaje de esas cámaras y se eliminó una prohibición de que esas cámaras no se pueden usar para juzgar la productividad de les empleades no docentes”, dijo la estudiante, quien además señaló que la JG debió notificar al Senado Académico que estaría evaluando el reglamento.
Clemente, además, contó que sostuvieron una reunión con el rector del Recinto, Luis Ferrao, y que este respaldó la aprobación del reglamento por parte de la JG y argumentó que el documento “es legal”.
Clemente, por su parte, comentó que se comunicaron con la representante estudiantil subgraduada en la JG, Alondra Díaz, para que solicite solicite que el documento regrese al Senado Académico del campus riopedrense. Indicó, además, que el Consejo se opondrá por escrito a la entrada en vigor reglamento. Mencionó que, acorde al procedimiento ante la JG, tienen hasta el 15 de febrero para oponerse al reglamento.
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Denunció, además, que la instalación de estas cámaras se da en momentos en que la Universidad enfrenta una crisis presupuestaria y recortes propuestos por la Junta de Control Fiscal (JCF). Y aunque indicó que las cámaras fueron adquiridas en 2015, comentó que se desconoce si la programación de estos aparatos aún funciona, lo que podría conllevar un gasto adicional.
Ante esto, Mario Alegre, portavoz y director de Comunicaciones del Recinto, aseguró que, tras unas pruebas realizadas hace un año, se confirmó que las cámaras funcionan. Sin embargo, reconoció que aún evalúan la compatibilidad del software de dichas cámaras. No obstante, no pudo precisar cuánto podría costar la compra de otro programa.
De igual manera, Alegre reaccionó a los reclamos del sector estudiantil y sostuvo que la instalación de las cámaras de seguridad “se hará con el único objetivo de contar con un recurso adicional para salvaguardar la integridad física de todos los miembros de la comunidad universitaria, velando siempre por la protección de los derechos civiles y por la misión educativa de la Universidad”. El portavoz de la administración universitaria planteó que el reglamento fue aprobado por el Senado Académico del recinto y avalado por la comunidad estudiantil en un referéndum.
“A pesar de la vigilancia con la que cuenta el Recinto, a través de los años hemos enfrentado un número considerable de delitos contra la persona y la propiedad (incluso patrimonio cultural) en diversos espacios de nuestro entorno universitario, desde vandalismo y robo en la Casa del Rector y en otras estructuras, hasta asaltos, casos de acoso y -hace algunos años- un trágico caso de violación”, dijo el portavoz en declaraciones escritas.
