Séptimo acusado en caso de Keleher pide desestimación de acusación federal

Alegó que la Fiscalía Federal presentó evidencia errónea al Gran Jurado.

Por Sadot Santana Miranda

Aníbal Jover —quien figura como coacusado en el caso contra la exsecretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher— pidió al Tribunal Federal que desestime la acusación que pesa en su contra bajo el argumento de que la fiscalía "desinformó" al gran jurado.

"Los alegatos en esta acusación federal demuestran cuán crítico debió haber sido la desinformación que provocó la Fiscalía federal al Gran Jurado en torno a los hechos y al derecho aplicable en este caso. Esto provocó una grave violación a los derechos constitucionales del acusado [Jover]", reza la moción presentada por el abogado Francisco Rebollo el pasado lunes 1 de febrero.

Jover, un contable público autorizado y propietario de la empresa Intelligent Grant Solutions (IGS), fue detenido el pasado 12 de agosto por las autoridades federales y se le imputaron 14 cargos criminales por los delitos de fraude electrónico, conspiración y conspiración para cometer fraude electrónico. La acusación señala que, entre el 16 y 23 de enero de 2017, los coacusados Ángela Ávila, Alberto Velázquez Piñol y Jover desarrollaron un esquema para defraudar y privar a la Administración de Seguros de Salud (ASES) de su uso exclusivo de información confidencial.

En cuanto a los cargos relacionados a fraude electrónico, la defensa de Jover planteó que la fiscalía federal presentó información errónea al gran jurado que provocó un pliego acusatorio en su contra. Esencialmente, los abogados argumentaron que no existió un esquema de fraude electrónico con "información confidencial" ya que, según Rebollo, dichas propuestas no eran de carácter privilegiado, sino de dominio público.

"Es evidente, según surge de los alegatos presentados en el pliego acusatorio, que los hallazgos del Gran Jurado, en torno a que las propuestas de contratos que se le presentó a ASES eran información confidencial, solo podría ser basado en una teoría mal planteada por el gobierno, por lo que desinformó a dicho cuerpo en torno al significado de 'información confidencial"", lee el documento legal.

Asimismo, la representación legal de Jover planteó que el gran jurado alcanzó una conclusión errónea debido a que la Fiscalía federal les "desinformó" en torno a la definición que presentaron de "propiedad" para sustentar sus alegaciones.

"Para sustentar una violación por fraude electrónico, cualquier daño provocado o en tentativa, debe ser relacionado a un derecho propietario individual", señaló el abogado en su documento legal.

"ASES no tiene un interés económico 'tradicional' en la confidencialidad de las propuestas de contratos ya que estas no se venden ni tampoco se mercadean. No puede derivar un beneficio o sufrir un daño económico al catalogar como confidencial dicha información. Asimismo, el acusado tampoco obtiene un beneficio económico al obtener la información ya que no era requerido un proceso vinculante o competitivo para proveer servicios a ASES", reza la moción.

"La alegada divulgación de dicha información gubernamental, aun siendo 'confidencial', simplemente no es un crimen de propiedad", continuó.

La representación legal también argumentó que el gran jurado se equivocó al determinar que la empresa de Jover, IGS, debió establecer una relación de empleado-patrono con todas las personas que contratara para dicho contrato.

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