Gobierno no implanta su propia estrategia de vacunación contra el coronavirus

Varias decenas de personas han dado testimonio de que se ha vacunado a empleados públicos

Por Omaya Sosa Pascual y Jeniffer Wiscovitch | Centro de Periodismo Investigativo

El Departamento de Salud de Puerto Rico no ha dado prioridad en la vacunación contra el COVID-19 a las personas más vulnerables a morir por la pandemia, los adultos mayores, quienes esperan en fila por sus dosis mientras decenas de personas, sino cientos o miles, se saltan el turno y se vacunan fuera de fase, según ha documentado el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) a través de confidencias, documentos y evidencia colgada en las redes sociales.

Varias decenas de personas han dado testimonio de que se ha vacunado a empleados públicos, a allegados a hospitales y a médicos que no tienen contacto con pacientes y trabajan remoto, a periodistas, a empleados de la empresa privada y a otras personas que no cualifican para las fases en proceso, la 1A y el primer inciso de la 1B, pese a que no hay suficientes dosis llegando a la Isla para las 600,000 residentes mayores de 65 años. Entre los vacunados hay jóvenes y adultos de 20, 30 y 40 años que no están en escenarios de exposición directa al virus.

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Entre los empleados públicos vacunados a destiempo figuró personal del Municipio de San Juan bajo la administración de la ex alcaldesa, Carmen Yulín Cruz, y de la Comisión Estatal de Elecciones, según trascendió en los medios. El CPI también recibió evidencia de que el rector del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, Segundo Rodríguez Quilichini, se colocó en el primer lugar de prioridad de vacunación junto a los ex rectores de la institución, a pesar de estos no estar necesariamente en contacto con pacientes, e incluyó a estudiantes y miembros de la facultad “seleccionados para representar a su escuela” para ser vacunados el pasado 28 de diciembre. Asimismo, el gobernador Pedro Pierluisi – quien también se vacunó antes de que le tocara – tomó la determinación de comenzar a vacunar fuera de fase a los maestros para intentar cumplir con su promesa de comenzar las clases presenciales en marzo. La tabla vigente de Salud de las fases de vacunación indica que había que vacunar primero a los trabajadores de la salud y cuido, y a los adultos mayores, antes de proceder con los grupos de los primeros respondedores, y maestros, entre otros.

El secretario de Salud, Carlos Mellado, quien ha dicho que investiga algunas confidencias, no respondió una solicitud de reacción a las informaciones del CPI, ni preguntas sobre la cantidad de casos que está investigando y las presuntas penalidades que ha dicho que impondrá.

Durante una entrevista con el CPI en diciembre, la doctora Iris Cardona, subsecretaria de Salud y funcionaria a cargo del esfuerzo de vacunación, indicó que se podía pasar de una fase a otra sin terminar la anterior, siempre que hubiera vacunas de más. Pero este no ha sido el caso, porque en la Isla se han recibido menos vacunas de las necesarias para atender a los profesionales de la salud y a los adultos mayores, que juntos suman unas 740,000 personas.

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El doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, dijo al CPI que durante las vacunaciones que han estado haciendo en distintos puntos de la Isla para profesionales de la salud y personal de oficinas médicas solicitan como evidencia, antes de proceder a vacunarlos, documentos como talonario de empleo, el formulario W2 o el 480. Esto, tras las preocupaciones que le manifestó la Guardia Nacional (GN) de que les parecía que había profesionales de la salud que estaban certificando mediante cartas a supuestos empleados de sus oficinas que en realidad no lo eran.

“La Guardia Nacional, al principio, estaba permitiendo que los médicos y otros profesionales de la salud le hicieran una carta de que ‘tales personas trabajan en mi oficina’. Allí es que ellos sospechan que alguna gente no cualificaba y nos alertan”, sostuvo Ramos.

Después, dijo, la GN comenzó a requerir documentos oficiales como la W2, la 480 y talonario de empleo.

Mencionó que en una ocasión recibieron personas que instalan techos con cartas que los certificaban como primeros respondedores. No las vacunaron, aseguró.

No obstante, a preguntas del CPI sobre casos de personas que se han vacunado en sus centros de vacunación sin ser profesionales de la salud, Ramos reconoció que pudo haber pasado, a pesar de que han tratado de ser estrictos durante el proceso.

“Nosotros hemos puesto más de 10 mil vacunas. Si alguien en el proceso pudo haber pasado desapercibido, eso puede pasar. Pero bueno, nosotros hemos tratado de ser lo más estrictos posible en esa situación”, expresó.

Ramos sostuvo que el Colegio de Médicos ha estado utilizando la plazoleta del Banco Popular de Hato Rey para vacunar profesionales de la salud. Allí han puesto, además, vacunas a empleados del Banco mayores de 65 años y en su mayoría retirados.

“Ponemos mil vacunas y ponemos 30 a empleados retirados”, ejemplificó.

La gravedad del problema no ha podido ser determinada porque Salud se ha negado a hacer pública o entregar al CPI la información contenida en el Registro de Vacunación de COVID-19.

El CPI comenzó a solicitar información desglosada de la distribución de vacunas el pasado 15 de diciembre, y en enero solicitó además, los datos del Registro. Desde entonces la Dra. Cardona, quien ocupaba la misma posición bajo la anterior administración de la agencia, se ha rehusado a entregar los datos.

El viernes, Cardona dijo en conferencia de prensa que el desglose de la distribución de vacunas hasta diciembre estaba público en una página de internet de la agencia llamada vacunatepr.com, pero al buscarla, el CPI no la encontró. Al pedirla a la agencia, no obtuvo respuesta. Lo único que se encontró en dicha página el viernes fue una lista de proveedores que han recibido vacunas, pero no hay dato alguno sobre dosis recibidas, ni fechas.

Cardona no mencionó en la conferencia una segunda petición de información hecha por el CPI desde mediados de enero: la del Registro de Vacunación.

En entrevista con el CPI el 15 de diciembre, Cardona había dicho que utilizaría la información del Registro de Vacunación para fiscalizar que cada dosis que fuese administrada en Puerto Rico estuviera justificada dentro de la fase que correspondiera, pero al momento, un mes y medio después, esto no ha ocurrido.

Al ser cuestionada por el CPI sobre cómo estarían fiscalizando el proceso, Cardona indicó que por medio del Registro de Vacunación podían identificar “elementos adversos”, ya que “el que vacuna tiene que reportar los datos al Registro de Vacunación”.

Esta información del Registro de Vacunación fue solicitada a mediados de enero con datos demográficos para poder analizarla, pero sin los datos de la identidad de los pacientes, pero tampoco ha sido entregada, por lo cual el pasado jueves, el CPI tuvo que acudir al tribunal para demandar al Dr. Carlos Mellado y al DS por la información pública solicitada: La lista de distribución y el Registro de Vacunación.

En vez de entregar la información, en la conferencia de prensa del viernes, Mellado presentó el documento de la distribución que el CPI le ha solicitado a la agencia desde diciembre en una pantalla y dijo que no tenía problema en entregar la información al CPI, pero no lo ha hecho hasta la fecha, a pesar de haberle enviado mensajes a su equipo de trabajo desde el mismo viernes.

Desde el viernes, el CPI volvió a solicitar también el enlace al que se refirió Cardona como el desglose de la distribución, pero no hubo respuesta de parte de la agencia.

El lunes, el Dr. Mellado anunció que firmará “una orden administrativa para garantizar el proceso de vacunación exclusivo para la población de adultos mayores de 65 años o más”. Hizo pública la orden firmada en horas de la noche.

También el lunes, el DS cambió el documento de la lista de proveedores en su web e incluyó unas cifras en una columna identificada como “PIN”, sin fechas, por lo que no se pudo determinar el significado de estos números.

Breve historial de las prioridades de vacunación
Vacunar a los residentes de los hogares de cuidado prolongado está desde el pasado 3 de diciembre entre las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para la Fase 1A. La directriz se incorporó en el Plan de Vacunación COVID-19 del Departamento de Salud de Puerto Rico el 15 de diciembre. Sin embargo, el plan local mantenía a los adultos mayores que no viviesen en hogares de cuido, equivalentes al 95% de esta población en la Isla, en la Fase 1C, después de todos los empleados de las agencias federales, estatales, y municipales.

El 10 de enero Cardona anunció que el lunes 11 de enero comenzaría el proceso de vacunación de los mayores de 75 años y la agencia publicó una lista de proveedores con los teléfonos para sacar cita. Sin embargo, la movida resultó en un caos pues algunos proveedores no estaban listos, ni habían sido alertados, y no estaban aún coordinando citas. La agencia ha dicho que tendrá un sistema centralizado de citas para la vacunación COVID a través de www.turnospr.com, el cual aún no está listo, y que estará disponible una vez aumente la cantidad de dosis semanales que recibe Puerto Rico, que al presente son unas 41,000.

Seguir el tracto al proceso de vacunación en la Isla ha sido imposible porque, pese a que el Secretario de Salud había anunciado que colgaría en internet un dashboard público donde se actualizaría la información a diario, esto no ha ocurrido. Incluso, el plan de vacunación de Puerto Rico incluye la creación de esta plataforma. La agencia tampoco responde las peticiones de información del CPI sobre el particular.

José Acarón, director ejecutivo de AARP Puerto Rico, sostuvo que están preocupados por la forma en que se ha conducido el proceso de vacunación ya que no da prioridad a la población de adultos mayores a la que su organización representa. Indicó que quisiera ver la cifra oficial de personas mayores de 65 años que ha sido vacunada a la fecha y que, al momento, los datos que ha podido recopilar apuntan a que se han puesto alrededor de 31,000 dosis entre los hogares de cuidado prolongado, los esfuerzos de la organización VOCES, y la contratación por el gobierno federal de las farmacias Walgreens. La cifra recopilada por AARP excluye las dosis que hayan sido puestas a través de hospitales, las farmacias de la comunidad u otros proveedores, así como en las 178 égidas que comenzaron a recibir dosis la semana pasada, y representan dosis, no individuos vacunados, ya que algunos pueden haber recibido ya una segunda dosis.

“Para mí es una preocupación y tengo la esperanza de que con la orden dada por el Secretario hoy (lunes) por fin las vacunas lleguen a los adultos mayores que son la principal preocupación del país”, sostuvo Acarón tras recalcar que este segmento ha registrado el 80% de las muertes por COVID-19, aunque representa solo el 20% de los contagios.

Según los CDC, en Puerto Rico se han vacunado cerca de 194,000 personas con la primera dosis y de estas 54,000 con la segunda dosis. El presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá, estimó en 140,000 los trabajadores de la salud en Puerto Rico.

Mellado y Cardona han dicho que hay más vacunados en Puerto Rico de lo que reflejan los datos de los CDC porque, aunque la información que publica la agencia federal proviene del propio DS, hay un retraso entre el envío desde Puerto Rico y el tiempo en que se refleja en el sistema del CDC. Al lunes se habían administrado 265,000 dosis, según constaba en el registro del DS, informó al CPI la directora de Prensa de la agencia, Lisdián Acevedo. Se le preguntó cuántas de esas dosis eran segundas dosis y cuántas fueron para adultos mayores de 65 años y quedó en conseguir la información, pero al cierre de esta edición aún no se había recibido.

El Secretario dijo el lunes en una conferencia de prensa a su salida de una reunión con el gobernador Pierluisi que hasta el viernes habían sido vacunados 110,000 profesionales de la salud, 50,000 adultos mayores que no están en instituciones, 45,000 primeros respondedores, 16,000 empleados docentes y no docentes de escuelas públicas y privadas, unas 1,900 personas con discapacidad, y cerca de 1,800 encamados. No queda claro cuántas de estas personas están duplicadas por pertenecer a dos grupos, por ejemplo un profesional de la salud mayor de 65 años, o porque ya han recibido dos dosis.

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