La senadora del partido Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, radicó un proyecto de ley que prohibiría discriminar contra una persona con récord delictivo al momento de buscar empleo debido a sus antecedentes penales.
La medida también buscaría que personas con antecedentes penales tampoco sean discriminadas para solicitar a programas de rehabilitación.
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“’La Ley para Prohibir el Discrimen por Razón de tener Antecedentes Penales’ es una medida que busca enmendar esta deficiencia sistémica y eliminar las barreras que existen entre una persona que tiene antecedentes penales y su capacidad de reinsertarse a la sociedad y ser productivo”, lee la exposición de motivos.
De este modo, el proyecto de ley también aplicaría a empleos en el sector público y establece como derecho a la clientela del Departamento de Corrección de Rehabilitación el que el historial delictivo de la persona no sea considerada para este participar en otros programas de rehabilitación y mejoramiento provistos por dicha agencia.
No obstante, la medida también dictamina que tal Ley no se debe interpretar como absoluta y emite ciertas excepciones, como ocupar un puesto en el Gobierno tras se convicto por corrupción.
De acuerdo con el abogado laboral y profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico Jaime Sanabria Montañez, la medida es una legislación necesaria para una población del País que ha sido “históricamente olvidada”.
“Cuando lees el proyecto te das cuenta de que contempla un procedimiento, una manera, para que cualquier persona que tenga historial criminal en su expediente pueda reinsertarse al mercado laboral”, expresó Sanabria Montañez en entrevista con Metro Puerto Rico.
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“A esos fines busca, entre otras cosas, facilitar la reincersión de una persona con antecedentes que no necesariamente tiene que ser confinado”, agregó.
A su vez, Sanabria Montañez también resaltó la necesidad de una legislación como esta dado a que en gran medida, es costumbre en Puerto Rico descartar a una persona de un empleo si tiene récord delictivo, pese a que nuestro ordenamiento contempla un derecho constitucional que garantiza la rehabilitación.
“Sin tomar en consideración esos patronos que esa persona pudo haberse criado en unas condiciones donde no tuvo las mismas oportunidades que otras personas tuvieron”, sostuvo.
El argumento principal de la medida yace en que el proceso de rehabilitar a personas con antecedentes podría ser facilitado con un empleo como método de reinserción. Sanabria Montañez coincidió en que la medida contiene lo necesario para lograr esto.
“Las personas, cuando salen de la cárcel y no se les da la oportunidad de reinsertarse, suelen sentirse marginadas, aisladas, y sin otra alternativa que no sea volver a delinquir o volver a cometer algún otro delito porque en la sociedad normalmente no se les suele dar la misma oportunidad o el mismo trato que otras personas que no tienen antecedentes”, explicó.
A modo de ejemplo, el profesor aseguró que tener antecedentes y buscar un empleo suele ser como cargar con una escarlata y todo empleador la verá de inmediato. Esto, según su experiencia, suele ser la norma y dificulta el proceso para ese sector.
De ser aprobada, esta medida sería la primera que intentaría atar a varias agencias gubernamentales en el proceso de reinserción y, aunque se ha intentado aprobar anteriormente legislación, la primera en prohibir este tipo de discriminación.
