Al determinar que el estado de emergencia por violencia de género, en teoría, culminará el 30 de junio de 2022, la idea era “sacudir la estructura” con unos objetivos fijos que obliguen al gobierno a tomar acción diligentemente, sostuvo la secretaria de la Gobernación, Noelia García.
“Uno tiene que sacudir la estructura. Esto no es un plan de emergencia vitalicio, no es perpetuo. Esto se crea para provocar un detente, para provocar una reacción inmediata. Si lo ponemos a perpetuidad no vamos a ser efectivos, así que tenemos que ponernos unos retos agresivos para verdaderamente conseguir la ejecución que se persigue”, planteó García en entrevista con Metro.
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Una de las labores más importantes que llevará a cabo el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE), señaló García, será precisamente establecer los indicadores que permitirán a la administración de Pedro Pierluisi medir el impacto de la orden ejecutiva, así como las áreas que deberán ajustarse sobre la marcha.
El propio gobernador ha indicado que, sobre todas las cosas, quisiera que a lo largo de los próximos 17 meses se observe una reducción en la cifra de feminicidios, pero reconoció que la crisis abarca múltiples otros factores que igualmente deben analizarse minuciosamente.
“Nosotros tenemos métricas, la Procuradoría de las Mujeres tiene métricas, la Policía tiene métricas. Cuáles son verdaderamente las variables numéricas que se deben establecer, que funjan como un termómetro social de emergencia, eso es lo que nos van a establecer (el Comité PARE). Lo primero que tenemos que retar es si las estadísticas son las correctas y si estamos llevando a cabo las estadísticas con la metodología correcta”, manifestó la secretaria de la Gobernación.
“Una orden ejecutiva donde se establezca una emergencia de violencia de género va a la raíz de un problema social que tenemos que atender en ‘bold’, que tenemos que atender como prioridad”, subrayó García, quien anteriormente se desempeñaba como directora de la Autoridad para el Distrito de Convenciones.
García puntualizó que, durante las tres semanas que pasaron entre la juramentación del nuevo gobierno y la promulgación de la orden ejecutiva, además de mantener discusiones con grupos propulsores y detractores de la declaración de emergencia, fue posible identificar las agencias que más problemas sufren a la hora de atender dinámicas relacionadas con la violencia de género.
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Específicamente, abundó la funcionaria, se detectó que la cadena de respuesta a incidentes de violencia de género cuenta con demasiados eslabones sueltos, que previenen un manejo adecuado los casos clasificados como de violencia doméstica, que en 2019 superaron los 7,000, siendo mujeres las víctimas en el 84% de ellos.
García resaltó que el llamado oficial de cumplimiento, una figurada nombrada directamente por Pierluisi, tendrá la importante función de supervisar directamente a las 10 agencias que, junto a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, componen el Comité PARE.
“Entre las (áreas) que ciertamente necesitan un cariño especial es el adiestramiento al personal de respuesta de emergencias. Desde la persona que coge el teléfono, hasta la ambulancia que llega a escena, el policía que llega, quien despacha y da seguimiento a la querella, toda esa línea de respuesta tiene que estar en alerta. La violencia a la mujer o la violencia de género se esconde. Tenemos que asegurar que tenemos personal adiestrado para identificar esas señales tímidas que envía una víctima de violencia. Eso es bien importante y a veces fallamos en eso”, manifestó la secretaria de la Gobernación, quien puntualizó que esa fase de respuesta y apoyo a las víctimas merece tanta atención como el aspecto de prevención de la violencia.
En momentos en que se desconoce cuánto presupuesto será necesario para ejecutar las disposiciones de la declaración de emergencia, García afirmó que muchas iniciativas no conllevarán desembolsos mayores
“Una de las cosas que nos dijeron las mujeres que están representando a instituciones que protegen, educan y ayudan a la mujer, es que la mayoría de las situaciones de emergencia que se tienen que hacer no inciden en mucho presupuesto. (Para el componente de) Educación, ya tenemos trabajadores sociales y llevamos educación a los policías, a toda la cadena de emergencia”, sostuvo García, quien sí señaló que será necesario revertir el recorte de cerca de $1 millón que sufrió la OPM en su pasado presupuesto.
A unos días de el gobernador impartiera la directriz de que las agencias y corporaciones públicas cancelaran los contratos de servicios que mantenía el abogado Jerome Garffer, contra quien se encontró causa para arresto por un caso de violencia de género, García no fue categórica al preguntársele si la presente administración prohibiría el otorgamiento de contratos a personas con señalamientos de este tipo de conducta.
“Cada agencia tiene la discreción de identificar si el acontecimiento, o su contratista, cumple con los valores éticos que quiere perseguir la agencia. En este caso, el propio gobernador solicitó la cancelación de los contratos”, dijo García en referencia a Garffer, quien desde 2009 ha sido señalado en al menos cuatro ocasiones de actos violentos contra mujeres.
¿Cuál será el estándar para descartar a contratistas por un historial de violencia de género?, le preguntó Metro.
“Se tiene que circunscribir a hechos éticos. El gobierno no puede perseguir valores efímeros, tenemos que ser responsables con el mensaje que predicamos… Estos análisis tienen que ser profundos. Uno no puede, porque alguien haya hecho una alegación, ejecutar. No puede ser una mera acusación. Es importante que se profundice y se confronte con la evidencia. (El caso de Garffer) ya está bajo un proceso judicial”, expresó García.
