Como parte del preámbulo de la orden ejecutiva que emitió hoy el gobernador Pedro Pierluisi para hacer frente a la crisis de violencia de género que atraviesa el país, se estipula que la actual administración gubernamental mantiene el compromiso de implementar un currículo de enseñanza con perspectiva de género, si bien el documento no traza el proceso que se seguirá para desarrollarlo ni las fechas para las que se espera que forme parte del sistema de educación pública.
Por cuanto “estamos comprometidos con establecer un proceso para desarrollar un currículo de perspectiva de género que ayude a combatir las causas que contribuyen a la desigualdad, el discrimen y la violencia”, lee uno de los puntos del preámbulo de la orden ejecutiva de Pierluisi, que incluye 22 secciones dispositivas.
El currículo con perspectiva de género fue implementado en el Departamento de Educación mediante carta circular bajo la administración de Alejandro García Padilla, pero fue eliminado por la exsecretaria de Educación Julia Keleher.
El decreto del gobernador, quien en campaña prometió la declaración de emergencia por la violencia de género, como por años han reclamado organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, mantuvo vigente el Protocolo de Acción para Combatir la Violencia hacia las Mujeres en Puerto Rico, que se creó a raíz de una “alerta nacional” declarada por la exgobernadora Wanda Vázquez Garced en septiembre de 2019.
Sin embargo, la orden ejecutiva de Pierluisi derogó la Comisión Multisectorial contra la Violencia a la Mujer (Comuvi), que Vázquez Garced creó por decreto en octubre de 2020 para implementar el Protocolo de Acción. Pierluisi, a su vez, sustituyó la Comuvi con Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE), que tendrá entre sus responsabilidades “evaluar el Protocolo de Acción para Combatir la Violencia hacia las Mujeres en Puerto Rico, incorporado por la Orden Ejecutiva 2020-078, y hacer recomendaciones para mejorarlo y acelerar su implementación”.
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En el documento se estipula que en 2019, de los 7,021 casos registrados de violencia doméstica, 5,896, o un 84%, ocurrieron contra mujeres.
El Comité PARE, en tanto, tendría un representante de 11 entidades gubernamentales, un representante de la “academia”, un miembro de los medios de comunicación, tres representantes de organizaciones sin fines de lucro y un “oficial de cumplimiento”, designado por el gobernador. El oficial de cumplimiento, se especifica, tendrá en sus manos las tareas administrativas del comité, por lo que trabajará a tiempo completo.
En la orden se dispone que los integrantes en representación de los medios de comunicación, la academia y las organizaciones no gubernamentales serán seleccionados por Pierluisi y la secretaria de la Familia, Carmen González Magaz, quien presidirá el Comité PARE. El gobernador se reservó el derecho de añadir miembros al comité, según lo entienda pertinente.
A identificar fondos
El decreto, por otro lado, no detalla las partidas que se requerirán para garantizar su implementación efectiva, sino que deja en manos de las agencias individuales identificar el presupuesto necesario. Durante el resto del presente año fiscal, la cantidad indeterminada de fondos provendría del presupuesto certificado, la reserva de emergencia del gobierno central, partidas federales o “cualquier otro fondo disponible”, para lo cual las agencias deberán trabajar de la mano con la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal.
Para el año fiscal 2022 en adelante, se ordena que cada agencia “identifique como parte de su presupuesto, una partida para asignar recursos dirigidos a cumplir con los objetivos de esta Orden Ejecutiva y/o programas de prevención y atención de la violencia de género”.
El estado de emergencia tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2022, aunque se deja la puerta abierta a extenderlo a solicitud del Comité PARE.
Entre las agencias que deberán identificar fondos para responder al estado de emergencia se encuentran los departamentos de Familia, Justicia, Educación, Vivienda, Salud, Desarrollo Económico, Corrección y Rehabilitación, el Instituto de Ciencias Forenses, el Instituto de Estadísticas, el Negociado de la Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Las 11 dependencias contarán con un representante en el Comité PARE.