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Causa para arresto y grillete para Jerome Garffer por Ley 54

Al contratista de gobierno y ex director de finanzas del PNP le impusieron $50 mil de fianza

Al exdirector de finanzas del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jerome Garffer, se le encontró casusa para arresto por el caso de Ley 54 en el que fue detenido ayer viernes.

La jueza Keila M. Díaz Morales del Tribunal de Bayamón, determinó causa para arresto por violaciones a la Ley 54 y le impuso una fianza de $50,000 más el uso de un grillete electrónico. La violación fue al artículo 3.1 de la Ley 54.

Según el comunicado de Justicia,  Garffer se le imputa maltrato físico y psicológico a la víctima con empujones e insultos. El informe de novedades de la Policía detalla que Garffer, de 47 años de edad, fue detenido por la Policía Municial de Guaynabo en hechos ocurridos el pasado jueves frente al Mirador localizado en la carretera 835 en Guaynabo. Agrega el documento que la detención se dio luego de que Garffer fuera denunciado por la perjudicada de agredirla con sus manos.

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El abogado de profesión, ha incurrido en este tipo de comportamiento en ocasiones anteriores con otras parejas. En el 2020 fue detenido por un incidente con la misma pareja que ahora cuenta con una orden de protección, en el 2019 enfrentó un proceso por agredir físicamente a su ex esposa y en el 2009, Garffer también tuvo otro caso de violencia de género con una pareja en aquel momento y por ello estuvo en un programa de rehabilitación.

La vista preliminar será el 11 de febrero.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Ruth E. González Candelaria de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de la Fiscalía de Bayamón en conjunto con el agente Adrián Rodríguez Vázquez adscrito a la División de Violencia Doméstica de Bayamón del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

 

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Actualmente, Garffer cuenta con dos contratos con el Gobierno de Puerto Rico en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y con la Junta de Retiro del  Gobierno de Puerto Rico.

El contrato con la Junta de Retiro fue otorgado bajo la actual administración, el pasado 4 de enero de 2021, y tiene vigencia hasta el 30 de junio de este año.

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