La portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Cámara de Representantes, la licenciada Mariana Nogales Molinelli presentó ayer una medida para que ese cuerpo investigue la forma en que el Departamento de la Familia atiende casos como el de la joven sorda Janet Viera Grau, cuya muerte por aparente suicidio fue reportada el pasado 18 de enero, días después de que sus hijos fueron removidos de su hogar por la agencia.
La Resolución de la Cámara 196 ordena a la Comisión de Bienestar Social y Personas con Discapacidad de la Cámara realizar una investigación sobre los procesos, protocolos, deberes y funciones de las agencias con responsabilidades bajo la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, Ley Núm. 246 de 16 de diciembre de 2011, según enmendada, al intervenir con personas con diversidad funcional y, en particular, con personas sordas.
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Nogales Molinelli explicó que la medida busca, entre otras cosas, recopilar información sobre si existen protocolos y servicios especiales para casos que involucren a personas con diversidad funcional, si se ofrecen adiestramientos sobre las necesidades de esta población al personal de las agencias responsables y si éstos cumplen con las disposiciones constitucionales y legales, tanto a nivel federal como estatal, que prohíben el discrimen.
“Nos interesa que quede claro cómo es que el Departamento de la Familia está trabajando con estos casos para poder saber si cumplió con sus propios reglamentos y protocolos en el caso de Janet y otros similares, o si hacen falta cambios a la legislación para acabar con el trato discriminatorio y desigual de las personas con diversidad funcional en las investigaciones y procesos sobre maltrato de menores”, indicó la representante.
“La información que se ha publicado sobre el caso de Janet, como que no tuvo un intérprete de señas durante el proceso para removerle a sus hijos y que las autoridades no respondieron a las llamadas de sus vecinos y familiares ante una evidente emergencia de salud mental, levanta serios cuestionamientos sobre el cumplimiento de los protocolos para atender denuncias de maltrato y el respeto a los derechos básicos de las personas con diversidad funcional por parte del Departamento de la Familia, la Policía de Puerto Rico y otras agencias que deben intervenir ante circunstancias como éstas. ¿Por qué Janet no tuvo las mismas oportunidades para comunicarse y defenderse? ¿Por qué la dejaron sola luego de quitarle a sus hijos? ¿Qué pasa después de un desenlace fatal como este? Su familia y la comunidad de personas sordas merecen respuestas”, aseguró.
