Además de celebrar la determinación judicial que les permitirá retener representación plena en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), los tres partidos que habrían quedado fuera del luego de una resolución del presidente Francisco Rosado Colomer aseguraron que utilizarán su posición para fiscalizar las operaciones del organismo.
“Sobre todas las cosas (la decisión) me parece que es un triunfo para el pueblo puertorriqueño y su sistema electoral. Bien sabemos que el año 2020, en términos electorales, fue complicado, con la aprobación del nuevo Código Electoral, el desastre de las primarias, con el caos del escrutinio general y el voto adelantado. Creo que esta decisión es un bálsamo dentro de esa difícil situación por la que venía pasando la CEE. Esa determinación también refleja el mensaje contundente que expresó el pueblo con los resultados históricos de las elecciones: en primer lugar, que haya una pluralidad de voces, y que al momento de tomar decisiones en la CEE tienen que estar todas las partes. También se demuestra nuevamente que el tiempo del bipartidismo culminó y que esto es un nuevo Puerto Rico”, sostuvo Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
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Fue precisamente el PIP la colectividad que presentó el recurso que, tras consolidarse con los del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Proyecto Dignidad, derivó en la revocación de la resolución de Rosado Colomer por parte del juez superior Anthony Cuevas.
El comisionado del MVC, Olvin Valentín, por su lado, señaló que, más allá de los argumentos legales, la decisión de Cuevas fue correcta desde “un punto de vista democrático”.
Valentín recordó que aún quedan procesos pendientes relacionados con las polémicas elecciones generales de 2020, particularmente en cuanto a reconciliaciones de listas de electores con la cantidad de votos adelantados, un proceso que debe hacerse en 105 de los 110 precintos.
“Es crucial que los partidos que participaron del proceso y retuvieron sus franquicias sean parte […] Quedaron unas cuantas investigaciones pendientes. Cuando se hizo la consolidación de papeletas y electores de los precintos 1 al 5, luego el presidente determinó que no se iban a hacer del 6 en adelante, y que se iba a hacer a principios (de 2021). Quiero ver qué surge de ahí. También está la auditoría de la Oficina del Inspector General, que hay que atender esos hallazgos. Igualmente, (es importante participar) en la depuración de listas (electorales) que se va a hacer próximamente”, dijo Valentín.
Al igual que Valentín y Aponte, el comisionado electoral del Proyecto Dignidad, Juan Frontera Suau, instó a la CEE y al Partido Nuevo Progresista (PNP) a evitar extender el litigio en el Tribunal de Apelaciones o, en última instancia, el Tribunal Supremo. Esta mañana, en entrevista con Radio Isla, Rosado Colomer expresó que se inclinaba por aceptar el dictamen de Cuevas, ya que la CEE necesita “estabilidad”.
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“La CEE no es propiedad de ningún partido, ni puede serlo. La CEE tiene que ser garante de la democracia electoral participativa regida por la participación igualitaria de todos los partidos políticos con franquicia electoral. Es nuestra esperanza que tanto el PNP, como la CEE, reflexionen en lo anterior y desistan de apelar la determinación del juez Cuevas. De lo contrario, volveremos a ver el triste desfile de argumentos fallidos ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, tratando de defender lo indefendible en justicia y en derecho”, planteó Frontera en declaraciones escritas.
Al momento de publicación, el comisionado electoral del PNP, Héctor Joaquín Sánchez, no había respondido a un pedido de entrevista de Metro. El PNP fue el único de los cinco partidos que se opuso a la representación igualitaria del PIP, MVC y Proyecto Dignidad y, como parte involucrada en el caso, podría optar por apelar la decisión de Primera Instancia.
El Partido Popular Democrático (PPD), que junto al PNP habría permanecido en la CEE como “partido estatal principal”, según la resolución de Rosado Colomer, defendió el derecho a representación de las tres colectividades de minoría.
“Sin duda, la determinación del Tribunal hace justicia a los partidos minoritarios y evidencia, una vez más, las ineficiencias del Código Electoral mientras pone de manifiesto la intención por parte del Partido Nuevo Progresista de secuestrar el proceso eleccionario del país para tener control absoluto del mismo”, expresó Gerardo “Toñito” Cruz, comisionado del PPD, al recordar que la nueva Asamblea Legislativa se propone revisar la ley electoral.
¿Cuál será el tercer partido?
La resolución del juez Cuevas, sin embargo, dejó en el aire el orden de jerarquía que prevalecerá en la CEE para asuntos administrativos.
En su recurso ante el tribunal, el MVC había planteado que, en caso de que se aplicaran las disposiciones del nuevo Código Electoral para la representatividad de las colectividades, debían ser reconocidos como el “tercer partido” ya que obtuvieron la tercera mayor cantidad de votos íntegros en la papeleta estatal. El MVC, en la figura de Alexandra Lúgaro, también llegó en la tercera posición de la candidatura a la gobernación, que era el criterio de la pasada ley electoral para establecer el orden jerárquico.
El PIP, en tanto, presentó candidatos a la alcaldía y las legislaturas municipales en los 78 pueblos, contrario al MVC y el Proyecto Dignidad, por lo que cumplieron con todos los requisitos que establece la nueva ley electoral para retener representación.
“El nuevo Código Electoral eliminó que el tercer partido tuviera representación en las JIP (Juntas de Inscripción Permanente). Ahora, con esta decisión, y reafirmando que se debe aplicar las disposiciones del Código de 2011, entenderíamos también que está la posibilidad de tener representación, aunque sea el tercer partido. Eso era lo que estaba en el Código anterior, aunque deberían ser todos. Ahí el costo va a ser el principal argumento que van a traer”, anticipó Valentín.
Aponte, por su parte, señaló que habrá que esperar a conocer cómo Rosado Colomer implementará la sentencia del Tribunal de San Juan.
“No quisiera adelantarme a esa discusión hasta que se lleve a cabo. El momento es positivo para una discusión y en la Legislatura va a haber una discusión sobre este tema, tanto en la estructura en sí de la CEE y cómo se van a atender los próximos eventos electorales, como qué procesos vamos a utilizar para fiscalizar mejor el tema de voto adelantado”, indicó el comisionado.
Valentín cuestionó la afirmación que hizo Rosado Colomer esta mañana, al aludir al costo de $1.2 millones anuales que representa cada partido para la CEE.
Según el comisionado, los partidos mayoritarios, al tener más empleados en la estructura del organismo, implican asignaciones de presupuesto más elevadas.
Para Aponte, las preocupaciones presupuestarias a las que ha aludido el presidente de la CEE son un reflejo de las políticas de austeridad impulsadas por las pasadas administraciones gubernamentales y la Junta de Control Fiscal.
