Consciente de la falta de recursos que enfrenta el Fondo para el Acceso a la Justicia, el portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, anunció este domingo la radicación del Proyecto de la Cámara 24, el cual ordena a la Rama Judicial a depositar el dinero proveniente de fianzas, pago de sentencias y/o sanciones, y otros, en cuentas que generen interés y traspasar la totalidad de los mismos al Fondo.
“A los fines de garantizar el acceso a la justicia, cónsono con la política pública establecida por la ley que crea el Fondo para el Acceso a la Justicia, los fondos que se encuentren al presente y en adelante, bajo la custodia de la rama judicial y depositados en cuentas ‘plica’ que no generan intereses para beneficio de menores e incapaces, tendrán que ser depositados por sus custodios en cuentas CIFAA o Interest on Lawyers Trust Account (IOLTA, en inglés). De igual forma, se dispone que los fondos generados por las sanciones impuestas por el poder judicial, sean transferidos en su totalidad al Fondo de Acceso a la Justicia”, señaló el también expresidente de la Cámara Baja en la Exposición de Motivos del proyecto.
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No se dio un estimado de cuántos interéses puede generar el fondo en un momento en que la tasa que se paga en los bancos por los ahorros está en un nivel bien bajo.
En la actualidad, para Rama Judicial los fondos que son depositados en calidad de fianzas, pago de sentencias y otros, se mantienen bajo su custodia todos aquellos fondos que se depositan, para ser custodiados hasta que una orden judicial disponga su entrega a quien por y en derecho corresponda.
Algunas de las cuentas, por orden específica del foro, se depositan en cuentas que generan intereses para el beneficiario de la cuenta. Al presente, con excepción de algunas cuentas de menores e incapaces, los fondos se depositan en las llamadas cuentas ‘plica’ que no generan intereses.
El Proyecto, que tiene como coautor al actual presidente de dicho cuerpo legislativo, Rafael ‘Tatito’ Hernández Montañez, enmienda los Artículos 2.011 y 4.008 de la Ley 201-2003, mejor conocida como ‘Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003’; para enmendar la Regla 37.7 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico con el propósito de allegar fondos a la Fundación Fondo para el Acceso a la Justicia.
Según dijo el líder novoprogresista, esta iniciativa ha sido implementada, con gran éxito, en estados de la unión.
“En Estados Unidos, la experiencia en el desarrollo histórico del programa de cuentas CIFAA/IOLTA lleva más de treinta años. Al presente, los programas que administran cuentas IOLTA operan en los cincuenta estados, el Distrito de Columbia, las Islas Vírgenes y Puerto Rico. En estas jurisdicciones, los programas IOLTA trabajan de manera estrecha y colaborativa con sus Sistemas de Tribunales con el fin de promover el acceso a la justicia. Por ejemplo, el programa IOLTA en Pennsylvania recibe fondos de los sobrantes identificados en los pleitos de clase, en Texas, los tribunales recaudan un arancel a favor de su programa IOLTA y en Nueva York, la Rama Judicial le asigna un presupuesto anual al programa”, sostuvo el legislador.
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La Fundación para el Acceso a la Justicia de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro creada en el 2013 bajo el amparo de la Ley 165-2013.
Su misión es que las entidades sin fines de lucro que ofrezcan asistencia legal en asuntos civiles a personas necesitadas cuenten con los recursos económicos necesarios para una representación legal justa.
