Sentencian a Ramón Orta a seis meses de prisión y 12 bajo confinamiento domiciliario

El exsecretario del Departamento de Recreación y Deportes aseguró sentirse arrepentido por los hechos.

Por Sadot Santana Miranda

El exsecretario del Departamento de Recreación y Deportes Ramón Orta fue sentenciado hoy a una pena de 18 meses luego de declararse culpable por un cargo de mal uso de fondos federales.

El juez Pedro Delgado determinó que, de los 18 meses, Orta deberá cumplir seis meses de la sentencia en prisión, mientras que el restante de la sentencia continuará bajo confinamiento domiciliario. Asimismo, una vez cumpla con su pena, el exfuncionario deberá cumplir dos años de libertad supervisada.

Orta se declaró culpable el pasado 2 de octubre y alcanzó un acuerdo con la Fiscalía federal que incluyó la desestimación de 22 cargos de los 23 originalmente presentados en la acusación federal en 2017. En 2017, la Fiscalía Federal acusó al exfuncionario de un total de 23 cargos entre ellos conspiración, robo de dinero propiedad del gobierno estadounidense, robo de fondos federales asignados a programas de agencias estatales, soborno, fraude electrónico, fraude postal, robo de identidad, conspiración y participar en transacciones electrónicas ilegales.

Durante la vista, Orta aseguró sentirse arrepentido por los hechos que desembocaron en su arresto en 2017.

"Aunque al final el gobierno reconoce que no hubo pérdida de fondos ni enriquecimiento de mi parte, esto no subsana ni mucho menos alivia el sufrimiento y las largas noches de tristeza y desolación de todo este proceso. Qué no daría por retroceder en el tiempo...Esto me acompañará el resto de mi vida y tendré que vivir con esto", señaló Orta durante la vista, quien fungió como secretario del Departamento de recreación y Deportes durante la administración del exgobernador Alejandro García Padilla.

Según la acusación federal, Orta y otros siete acusados por participar de un supuesto esquema de fraude que ascendió a unos $10 millones. Específicamente, Orta Rodríguez alegadamente utilizó su posición como secretario del DRD para solicitar fondos federales del Departamento de Educación y de la Administración de Vivienda Pública utilizando información falsa sobre la capacidad de su departamento para llevar a cabo las actividades y firmó contratos con empresas de los coacusados sin que mediasen procesos de licitación o evaluación para los servicios prestados.

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