El portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, radicó una medida que -según dijo- facilitaría el establecimiento de nuevas facilidades de cuidado médico, reestructurando el proceso de otorgación de los Certificados de Necesidad y Conveniencia para hacerlo más ágil, transparente y preciso.
“Puerto Rico se encuentra en un momento histórico de crisis económica y fiscal sin precedentes. Por lo tanto, es necesario tomar medidas que estimulen la actividad económica y la creación de empleos. La mayoría de los estudios consultados apuntan a que el proceso de permisos por el cual tiene que pasar todo aquel que aspire a hacer negocios en Puerto Rico es lento y costoso. La realidad es que, a pesar de varios intentos por acelerar estos procesos, aún resultan ser un área problemática y deficiente del gobierno, la cual afecta gravemente nuestra economía y atrasa nuestro progreso”, señaló el expresidente de la Cámara Baja.
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Se trata del Proyecto de la Cámara 32, el cual busca enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 2 de 7 de noviembre de 1975, mejor conocida como ‘Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia’ para que, entre otras cosas, el secretario del Departamento de Salud no pueda imponer requerimientos de documentación excesivamente onerosos e innecesarios a los solicitantes.
Además, una vez el Secretario de Salud se encuentre en posición de aprobar la solicitud del proponente, entonces este deberá proveer la evidencia de titularidad o de un acuerdo de arrendamiento para que finalmente se expida el Certificado solicitado.
Según explicó Méndez Núñez, el actual proceso de evaluación y expedición de certificados de necesidad y conveniencia actual, es uno relativamente largo que generalmente se extiende por más de un año, sin tomar en cuenta la posibilidad de que haya oposición u objeciones durante el proceso, que, de ocurrir, lo alargaría aún más. Si a dicho término se le añade el tiempo que toma recopilar toda la documentación requerida por el Reglamento vigente para someter la solicitud, evidentemente el proceso se torna excesivamente extenso y oneroso para el solicitante, lo cual desalienta el espíritu empresarial, y reduce la creación de oportunidades de empleo para la clase trabajadora.
“Resulta oneroso al proponente y contradictorio a los estándares del mercado actual que el Gobierno le exija a un proponente que presente desde el principio del proceso la evidencia de titularidad o acuerdo de arrendamiento del lugar donde ubicará una facilidad, si luego habrán de tardar años en considerar y conceder el Certificado de Necesidad y Conveniencia solicitado, y sin que el proponente tenga certeza alguna de que el mismo será concedido en el futuro cercano”, añadió el también representante por el Distrito #26 de Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Vieques y Culebra.
Para terminar, el líder de la delegación estadista resaltó que “esta Asamblea Legislativa no puede permitir en este momento histórico, que el progreso de Puerto Rico se detenga a causa de procesos burocráticos que no sirven bien al Pueblo. La planificación ordenada de las facilidades de salud que promueve la Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia puede ser beneficiosa para proveer un servicio adecuado de acuerdo a las necesidades de los puertorriqueños. Sin embargo, debemos atemperar dicho objetivo a los esfuerzos dirigidos a agilizar los sistemas de permisos que gravemente afectan nuestra economía y estancan nuestro progreso. Ese es el objetivo específico de esta legislación, pues, aunque no resuelve todo el problema, es un paso en la dirección correcta”.
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