El nuevo representante por el distrito 26 (Barranquitas, Orocovis, Villalba y Coamo), Orlando Aponte Rosario, radicará hoy lunes una medida para derogar las escoltas obligatorias a los exgobernadores de Puerto Rico, según dijo, por “a crisis fiscal que vive el país y concentrar los esfuerzos del Negociado de la Policía en las tareas para combatir el crimen en todas sus manifestaciones”.
“Este es un reclamo del pueblo desde hace muchos años. Previo a mi elección como representante, atendí este caso de manera particular, ante la polémica pública por la asignación de escoltas al exgobernador Ricardo Rosselló. Argumentamos que él no cumplía con los requisitos para clasificarse como exgobernador al no culminar su término como mandatario, por lo que era una persona privada sin derecho a escolta policíaca. Sin embargo, al contestar la demanda, la dirección del Negociado de la Policía argumentó que los planteamientos se tornaron académicos pues la exgobernadora Wanda Vázquez le había retirado el servicio de escoltas a la familia de Rosselló Nevares. Ante esta realidad, lo conveniente es la derogación de escoltas a los exgobernadores, mediante una ley”, dijo Aponte Rosario.
La medida de Aponte Rosario, a la que se asignará un número tan pronto se radique en la Secretaría de la Cámara de Representantes, busca enmendar los artículos 6 de la Ley Número 2 de 26 de marzo de 1965, según enmendada, conocida como “Ley para Conceder una Anualidad Vitalicia y otras Facilidades a Ex-Gobernadores”, a los fines de aclarar los derechos o beneficios que ostentará un ex-gobernante, para establecer que no disfrutará de los beneficios si decide renunciar al cargo y para enmendar la Ley Número 20 de 10 de abril de 2017 para eliminar la discreción del Comisionado de la Policía para proveer escoltas a un exfuncionario.
En la actualidad, los exgobernadores Carlos Romero Barceló, Luis Fortuño Burset, Alejandro García Padilla y Wanda Vázquez Garced tienen escoltas asignadas mientras que Sila M. Calderón Serra y Aníbal Acevedo Vilá renunciaron a dicho derecho.
La medida de Aponte Rosario establece que “esta Asamblea Legislativa reconoce la austeridad, la estrechez económica y crisis fiscal por la que ha atravesado el gobierno de Puerto Rico, por lo que se establece expresamente como política pública el deber de reducir gastos no esenciales para redirigirlos a los servicios esenciales directamente a los ciudadanos.