Desde el CPI
Hace ya casi diez meses, dos días después de que se estableciera un periodo de cuarentena, la gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó una orden ejecutiva que pretendía atender las necesidades de las personas sin techo durante la pandemia. Mientras la mayoría de los puertorriqueños debían permanecer en sus hogares, las personas sin hogar requerían especial atención.
La orden establecía que los secretarios de Vivienda, Salud y Familia deberían trabajar en conjunto con las organizaciones comunitarias para crear centros de asistencia que fueran espacios seguros, donde las personas sin hogar pudieran hacer cuarentena, recibir servicios de apoyo y realizarse las pruebas de COVID-19. Para esto, el Departamento de la Vivienda federal asignó $12.4 millones del Emergency Solutions Grant Program (ESGP) el pasado mes de abril. Un mes después de firmada la orden, el plan sobre papel era crear un centro de asistencia en Santurce.
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A punto de finalizar el año, el plan que aseguraban tener casi listo, ya no existe. Según el secretario del Departamento de la Vivienda, Luis Carlos Fernández Trinchet, la orden para que se detuviera el proceso vino del secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, ya que, a su parecer, los hospitales darían abasto para que las personas sin techo que dieran positivo a COVID-19 pudieran tratarse y hacer cuarentena en los mismos.
González Feliciano no ha atendido durante más de un mes una petición de entrevista del CPI para explicar por qué no se cumplió la orden ejecutiva, cómo se atendió a esta población y qué se hizo con los fondos asignados.
“Se descartó el proceso inicial, pero el tiempo le ha dado la razón al secretario de Salud porque los hospitales no se han llenado”, dijo Fernández Trinchet, a pesar de que el país tuvo en diciembre un alza en las hospitalizaciones.
Francisco Rodríguez Fraticelli, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Coalición de Coaliciones, que atiende a la población de personas sin hogar, entiende que los hospitales no son los lugares apropiados para que las personas sin hogar puedan hacer cuarentena. “No es la manera correcta, porque la mayoría de los casos son asintomáticos. Es un desperdicio de recursos poner a alguien en un hospital cuando todo lo que necesita es aislarse, pero como no tienen hogar, no pueden”, dijo Rodríguez Fraticelli.
Cuando el CPI cuestionó al secretario de Vivienda sobre el uso que se le ha dado a los fondos asignados para la creación de espacios de cuarentena para las personas sin hogar, Fernández Trinchet argumentó que “el hecho de que hubiesen recursos para hacerlo no implicaba que era prudente crear una estructura”.
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Yorelys Rivera Amador, directora ejecutiva de Iniciativa Comunitaria, organización sin fines de lucro que atiende a personas sin techo, dijo que su organización solicitó parte de estos fondos del Emergency Solutions Grant Program (ESGP). “Nuestra propuesta fue sometida en julio con estructuras que están en desuso en Río Piedras para revitalizar el casco urbano”, dijo. Al cierre de esta edición, no había recibido respuesta por parte del gobierno. Por su parte, la Coalición de Coaliciones también recibió un trato similar cuando pidieron fondos para alquilar unidades de vivienda, “todo lo que nosotros propusimos cayó en oídos sordos”, dijo Rodriguez Fraticelli.
En un principio, el plan gubernamental también vislumbraba crear centros de asistencia en otros lugares, como Ponce, donde Rodríguez Fraticelli estima que hay cerca de 120 personas sin hogar, pero Fernández Trinchet desconoce a dónde fueron a parar esos planes. “Si continuaron esas conversaciones, no fui parte de ellas”, dijo.
Pruebas de COVID-19
A pesar de que la orden ejecutiva también establece que se deben realizar pruebas de COVID-19 a las personas sin hogar, el gobierno no ha hecho esfuerzos significativos para esta labor. El CPI pidió al Departamento de Salud las estadísticas de las pruebas que han hecho a esta población, la agencia dijo que no tiene los datos y refirió la petición a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), que no contestó.
Mientras tanto, las personas sin techo han dependido del azar para obtener acceso a las pruebas. Luis, quien salió recientemente de prisión, supo que era negativo al virus porque le hicieron la prueba cuando lo arrestaron. De salir positivo a COVID-19, hubiera estado dispuesto a hacer cuarentena en el hospital, a pesar de que dijo haber tenido experiencias negativas con personal médico. Otro hombre sin techo que se encontraba en la Parada 18 de la Avenida Manuel Fernández Juncos, dijo que su plan era tratar de conseguir una cita en el Centro de Metadona. “Allí te piden tener resultado negativo, pero por lo menos te hacen la prueba ellos mismos. Aunque hay que esperar pal’ de días para recibir el tratamiento”, comentó mientras sacaba una mascarilla de su bolsillo para ponérsela en el rostro. Por su parte, Michael, un joven que lleva siete años viviendo en la calle, logró realizarse una prueba molecular debajo de una carpa azul en Río Piedras. “Yo salí negativo. Tengo los resultados aquí conmigo. Te los puedo enseñar si quieres”, dijo con un tono defensivo, como el de quien ya está cansado de ser marginalizado.
La Coalición de Coaliciones informó que realizó 1,475 pruebas moleculares a personas sin hogar, empleados que ofrecen servicios directos a esta población, y personas de diferentes grupos vulnerables en pueblos fuera de la zona metropolitana. Entre esas pruebas, ninguna persona sin techo dio positivo a COVID-19. Rodríguez Fraticelli, presidente de la organización, explicó que esto puede deberse, precisamente, a la marginación que siempre han sufrido quienes viven en la calle.
“Mientras la población general continúa exponiéndose y aumentando el número de contagios y muertes relacionadas con COVID-19, la población sin hogar y vulnerabilizada ya se encontraba aislada y marginada como parte del rechazo y discrimen… Ahora es objeto de más rechazo en medio de esta pandemia. Sin embargo, en esta ocasión el rechazo y la marginación ha representado también su protección de esa sociedad que les rechaza”, comentó Rodríguez Fraticelli.
Al preguntarle a Fraticelli si había recibido apoyo de AMSSCA para llevar a cabo las pruebas, dijo que “ellos no nos son útiles para nada, ellos son los que nos buscan a nosotros cuando nos necesitan”.
Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC en inglés) emitieron unas guías para atender a la población sin techo durante la pandemia, pero se desconoce si el Departamento de Salud las siguió o distribuyó entre las agencias y proveedores de servicios a este grupo.
La organización Iniciativa Comunitaria recibe una asignación anual de AMSSCA de $1.2 millones, según su directora ejecutiva, el Gobierno les hace un desembolso de $360 mil dólares cada tres meses, pero desde julio no reciben ningún pago, señaló Rivera Amador.
La marginación se ha exacerbado
La asistencia que recibe la comunidad por parte de las organizaciones comunitarias también se ha visto comprometida en algunas zonas durante la pandemia. Algunas entidades de ayuda tienen protocolos más estrictos o han optado por exigir pruebas de COVID-19 negativas a sus beneficiarios, denunció Rodríguez Fraticelli. Por esta razón, el difícil acceso a las pruebas trae consigo mayores complicaciones. Por ejemplo, en ocasiones se les ha negado un plato de comida a personas hambrientas por no poder comprobar que son negativos al virus, según Rodríguez Fraticelli.
En Guara Bi, una organización que ofrece servicios de vivienda a personas sin hogar en albergues ubicados en Caguas, Comerío y Vega Baja, exigen un resultado negativo para proveer asistencia, pero el programa no facilita el acceso a la prueba. “Aquí no hacemos las pruebas, ellos la tienen que traer de afuera”, dijo un oficial de seguridad que respondió al teléfono.
“Se han exacerbado las dificultades de antes. Si antes era bien dramática la manera en la que los rechazaban cuando pedían una peseta, ahora es casi neurótico”, dijo el presidente de la Coalición de Colaciones.
Salud mental versus vivienda
El secretario del Departamento de la Vivienda considera que la problemática de las personas sin hogar no es una situación de albergue, sino una de salud mental. “Vivienda se encarga de levantar refugio y darle facilidades. Vivienda no va a atender la situación de salud de estas personas”, dijo Fernández Trinchet.
En cambio, Rodríguez Fraticelli asegura que la vivienda es un elemento básico inmediato a resolver ya que un espacio seguro es un determinante social de la salud. Rivera Amador concuerda con él, “En el país uno de los retos que vemos es que cuando salen del detox lo que se recomienda es una casa permanente, pero las personas sin hogar no tienen un espacio donde recuperarse”, dijo la líder comunitaria.
Fernández Trinchet sostuvo que “el punto es que muchas de estas personas no quieren una vivienda. Es una situación de salud mental por la que no pueden estar más de una semana completa en algún lugar”, comentó el secretario. A lo que Rodríguez Fraticelli reaccionó diciendo que hay miles de personas que residen en vivienda pública y reciben tratamiento para su bienestar emocional.
“Siguen dando excusas. Los están discriminando. ¿Dónde está su opinión experta? Esa es su opinión personal. Las decisiones que toman están basadas en prejuicios que afectan las vidas de seres humanos”, añadió Rodríguez Fraticelli. “Para mí es una falta de seriedad el no tomarse el tiempo para comprender el problema” comentó quien también vivió unos años en la calle. Falta de colaboración del gobierno El desinterés del gobierno por asistir a esta población no se ha dado solamente durante la pandemia. “Cada cuatro años me tengo que volver a sentar con ellos… Hay grupos de líderes capaces, que están dispuestos a trabajar con el gobierno en igualdad de condiciones, pero eso no se da. El Gobierno trata de ser protagonista en su mirada siempre política,” recalcó el líder comunitario. Por su parte, el director de Desarrollo y Recursos Externos de La Fondita de Jesús, Edwin Otero Cuevas, considera que el Gobierno no ve a las organizaciones sin fines de lucro como aliadas, sino como un gasto. Apenas un 6% del presupuesto anual de La Fondita de Jesús proviene del gobierno, el resto se costea a través de donaciones. “Escudándose en ese pequeño aporte, nos tiran a nosotros la responsabilidad, pero es la responsabilidad del Estado velar por la seguridad de las personas”, manifestó. En las agencias gubernamentales existe una falta de voluntad política para atender el problema. “Es triste porque en nuestro país hay miles de personas clamando por un techo seguro. Nadie quiere estar en la calle. La vida y las situaciones los han obligado”, sostuvo la directora ejecutiva de Iniciativa Comunitaria. El líder de la Coalición de Coaliciones considera que además de ser un problema de intereses políticos, es también una falta de educación sobre la problemática. Día a día, quienes están en posiciones de poder toman decisiones basadas en prejuicios que afectan negativamente a la población, asegura Rodríguez Fraticelli. Esta historia se publica en Metro gracias a una alianza con el Centro de Periodismo Investigativo. Puede acceder la versión original AQUÍ Te puede interesar: Salud reporta 19 muertes adicionales por COVID-19 Gobernadora enmienda Orden Ejecutiva y elimina Ley Seca De alto calibre la última oferta cinematográfica del 2020
