El Gobierno de Puerto Rico ha incumplido con la ley que le obliga, desde el año fiscal 2018-2019, a adquirir solo vehículos híbridos o de fuentes que no dependan del combustible fósil. El mandato está incluido en la Ley Núm. 33 del año 2019, llamada Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático en Puerto Rico, un estatuto que entró en vigor en mayo de 2019, tras la firma del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.
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En el Artículo 18 de la ley se establece que la política pública de la compra de estos vehículos seguirá las guías que establezca la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico (ASG). Pero, tras 19 meses desde que comenzó su vigencia, la ASG todavía no ha elaborado el reglamento con las normas y guías para la compra de vehículos que funcionen con fuentes alternativas al combustible fósil. Hasta el momento, la ASG solo se ha limitado a divulgar un boletín en el cual les informa a los secretarios de departamentos, jefes de agencia u organismos de la rama ejecutiva, así como los alcaldes, sobre el cumplimiento con la Ley 33. El boletín tiene fecha del pasado 16 de noviembre, que es un mes después de que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) se comunicó por primera vez con la ASG solicitando el documento de normas y guías para la adquisición de este tipo de vehículos.
Según el estatuto, las 78 legislaturas municipales del país deben aprobar ordenanzas para que sus respectivos municipios adquieran estas unidades. Pero el CPI contactó a cinco de los municipios más poblados de Puerto Rico y todos indicaron que no cuentan con ordenanzas u otros documentos oficiales en los cuales se establezcan las guías de compra que exige la ley.
Para el caso de San Juan, la Oficina de Trámite Legislativo de la legislatura municipal, confirmó en declaraciones escritas enviadas al CPI que allí “no hay medida -radicada o aprobada- relacionada con esta legislación”.
En Bayamón, la oficial de prensa del gobierno municipal no respondió a la pregunta de si existe alguna ordenanza con las guías para la adquisición de estas unidades de transportación. Solo informó que la policía municipal de Bayamón adquirió recientemente cinco vehículos híbridos. La información fue confirmada al CPI por personal del cuartel general municipal ubicado en el centro urbano de la ciudad. En el caso de la legislatura municipal de Bayamón, esta indicó que no cuenta con ninguna ordenanza dirigida a cumplir con las disposiciones de esta ley.
En el caso del municipio de Carolina, una de sus oficiales de prensa le indicó al CPI que en la legislatura municipal no tenían conocimiento de esa orden que establece la mencionada ley del 2019. La empleada municipal indicó además, que, por razones económicas, el gobierno de Carolina no contempla actualizar su flota vehicular.
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Mientras que una empleada de la legislatura municipal de Mayagüez, que se identificó como secretaria, informó por vía telefónica que en el récord legislativo no existe ninguna ordenanza relacionada a la compra de este tipo de vehículos.
El municipio de Caguas informó que actualmente no existe legislación u ordenanza municipal relacionada a la ley 33. La administración municipal dijo que desde el 2007 se han puesto en marcha varios proyectos demostrativos de energía renovable, incluyendo la adquisición de un carro de tecnología híbrida por la Oficina de Asuntos Ambientales en el año 2008.
El Artículo 18 de la Ley 33 hace referencia a que: “A partir del Año Fiscal 2019-2020 se comenzará progresivamente con la adquisición o sustitución de vehículos de naturaleza híbrida o cuyo funcionamiento sea con métodos alternos a combustibles fósiles, tales como electricidad, energía solar, hidrógeno y gasolina de forma combinada”, establece parte del Artículo 18 del estatuto.
La meta de la ley es que para el Año Fiscal 2027-2028 todos los vehículos del Gobierno sean híbridos o de fuentes que no dependan de combustibles fósiles. De no cumplir con la orden, las agencias, oficinas de gobierno y municipios se exponen a multas por parte de la ASG, la misma agencia que ha incumplido con la promulgación de las guías.
La ley permite excepciones para que tanto la ASG como las legislaturas municipales, otorguen dispensas para la adquisición de otros vehículos que no cumplan con las especificaciones de “motor limpio”. Sin embargo, la ley no aclara cuándo y en qué circunstancias se puede justificar la compra de vehículos tradicionales, sino que le delega a la ASG y a las legislaturas municipales establecer las especificaciones y condiciones para aprobar las dispensas.
Cuatro meses después de la firma de esta ley de Cambio Climático por el Gobernador, el exsenador y entonces presidente de la Comisión Especial de Asuntos de Energía del Senado, Larry Seilhamer Rodríguez presentó una resolución para ordenarle a la Junta Reglamentadora de Servicio Público (JRSP) la realización de un estudio sobre los vehículos eléctricos y las estrategias para trabajar la transición hacia la adopción de estas unidades de transportación en Puerto Rico.
La pieza legislativa no llegó a ser considerada por la Cámara de Representantes, y el estudio no se hizo, según confirmó al CPI el oficial de prensa de la JRSP.
Uno de los propósitos principales de la Ley Núm. 33 del 2019 es la creación del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático. El grupo, que incluye seis miembros científicos y tres integrantes ex officio, fue designado por la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, en septiembre de 2019. Sin embargo, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) no incluyó la labor del Comité en su presupuesto, razón por la cual, a más de un año desde que se constituyó el grupo, sus integrantes no han podido cumplir con los trabajos que les fueron encomendados por la ley, según reveló un reportaje del CPI.
Los seis integrantes científicos del Comité son nombrados por el gobernador con el consejo y consentimiento de ambas cámaras en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Los tres miembros ex officio son el Presidente de la Universidad de Puerto Rico, el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, y el Secretario del DRNA, quien preside el Comité.
Según la ASG, las guías y normas para la adopción de las especificaciones relacionadas a los “vehículos de motor limpio” se trabajarán con la asesoría del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático.
La información en torno a la asesoría fue confirmada al CPI por el Dr Rafael Méndez Tejeda, quien forma parte del Comité. El científico indicó que el grupo de expertos sobre cambio climático y el subadministrador de la ASG, Joel Fontánez, se reunieron dos veces entre octubre y noviembre para discutir la elaboración de las guías y normas que servirán de base para la adquisición de los nuevos vehículos.
“La ASG ha quedado en implementar la guía y pasarnos la guía y los demás detalles, para nosotros [en el Comité] hacer los ajustes con la Ley 33. No nos ha llegado la guía, pero ya [ASG] se ha reunido con nosotros dos veces”, dijo Méndez Tejeda.
Por su parte, Fontánez explicó que, al momento de la primera reunión de octubre, apenas llevaba poco más de un mes como subadministrador de la ASG y que por esa razón no estaba al tanto sobre la orden de redactar un reglamento para la compra de nuevos vehículos en el Gobierno. Dijo, además, que en las próximas semanas tiene en agenda otras reuniones con el Comité, así como con los presidentes de la Federación de Alcaldes y la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico.
Al preguntársele a Méndez Tejeda sobre cuán viable es la meta de reducir la dependencia en combustibles fósiles con la compra de vehículos eléctricos, el académico en climatología explicó que la meta es utilizar electricidad de fuentes alternas al petróleo.
“Aunque algunos [carros eléctricos] pueda ser que se carguen con electricidad de combustibles fósiles, la idea es que los carros eléctricos se carguen con energía solar o eólica, que si se disponen algunas plantas en la isla, se puedan hacer con paneles solares, y que allí vayan y se carguen”, explicó el también catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Carolina.
“No hemos querido hacer una cosa de romper o de que vamos a cambiar todo de cantazo. La idea es que en el mismo sentido que vamos cambiando la cantidad de vehículos se vayan implementando programas de energía solar, programas de energía eólica o cualquier otro tipo de programa que pueda entrar a la red”, añadió.
El CPI se comunicó con dos de las entidades públicas que son dirigidas por funcionarios que forman parte del Comité de Cambio Climático. En el caso de la UPR, cuyo presidente tiene un asiento en el organismo, reconoció que aunque la ley 33 ordena la compra de los vehículos híbridos o de fuentes alternativas a los combustibles fósiles, no ha realizado ninguna adquisición de este tipo desde que entró en vigor la ley hace más de un año.
“Debido a la disminución de presupuesto, la Administración Central de la UPR no ha adquirido los vehículos en los pasados dos años; sin embargo, realizamos los trámites correspondientes para cumplir con la legislación en el término establecido, antes del 2028”, lee la declaración escrita que la UPR envió al CPI.
“Como parte de la revisión y actualización de los reglamentos institucionales, evaluaremos si es necesario realizar enmiendas a la reglamentación vigente”, agregó el comunicado.
Por su parte, el secretario del DRNA, Rafael Machargo, indicó que, como integrante del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, trabaja junto a sus colegas científicos para presentar “temprano en el 2021” una propuesta de la guía con las normas para la adquisición de los nuevos vehículos.
Aunque el DRNA todavía no ha comenzado a implementar lo que ordena la ley del 2019 con respecto a los vehículos, Machargo declaró que de ahora en adelante esa será la política de su agencia y que no se debe esperar a la publicación de la guía de la ASG.
“El boletín [de la ASG del 16 de noviembre] opera ex propio vigore. Yo entiendo que en el DRNA, a partir de ese momento, toda la compra de vehículos tienen que ser híbridos o eléctricos”, afirmó Machargo ante los cuestionamientos del CPI.
Se repite la misma historia
Han transcurrido 19 meses desde que entró en vigor el estatuto y para la abogada especializada en temas ambientales, Verónica González, su incumplimiento es comparable con lo ocurrido con la ley de reciclaje (Ley Núm. 411 del año 2000), que establecía como meta reciclar el 35% de los desperdicios sólidos en Puerto Rico para el año 2006.
“A mí no me sorprende que estemos en una coyuntura como esta, en que las distintas entidades de gobierno, que tienen un mandato con la ley, no estén informadas al respecto. No me sorprende que no se estén dando pasos afirmativos, por lo menos con la premura que uno ve en la propia ley. La ley reconoce que el cambio climático es un problema inminente. No es algo que tenemos 100 años para atender”, dijo González al CPI.
En cuanto a las excepciones que la ley permite para otorgar dispensas a agencias y municipios que justifiquen la adquisición de vehículos de motor que no cumplan con la orden, González expresó que “las excepciones no pueden ser tan amplias que dejen sin efecto la ley o que impidan que se cumplan los propósitos de la ley”.
Por su parte, el exdirector de la Agencia Federal de Protección Ambiental en Puerto Rico y el Caribe, Carl Soderberg, defendió la orden que establece la Ley Núm. 33 del 2019 e instó al Gobierno a cumplirla.
“La ley es clara que ya para el 2028, toda la flota del Gobierno y municipios no puede ser de combustión interna”, manifestó el también integrante del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático.
Retos en la implementación
Para cumplir con la meta de que en el 2028 la totalidad de los vehículos del Gobierno sean híbridos o de fuentes alternativas al combustible fósil, deben existir la infraestructura y el personal capaz de trabajar en el mantenimiento o reparación de estas unidades. De acuerdo a la ASG, el éxito para el cumplimiento de la ley dependerá, en gran medida, en lograr que los distribuidores de carros en Puerto Rico tengan disponibilidad de este tipo de vehículos en su inventario.
“Yo no puedo comprar lo que no existe. Se invitaron a dueños de la industria o dueños de dealers [a reuniones] para poder traer la infraestructura a Puerto Rico. La infraestructura son los vehículos, pero no es solo eso, porque si nos vamos a mover a eléctrico o híbrido, tienen que existir las estaciones que recargan. Más allá de eso y tener disponibilidad de los vehículos en Puerto Rico, lo que me dijo la industria es que ni siquiera tienen mecánicos en sus propios dealers que se especialicen en este tipo de vehículos”, comentó Fontánez sobre las reuniones que la ASG ha sostenido con dueños o representantes de concesionarios de carros en Puerto Rico.
El presidente del Grupo Unido de Importadores de Automóviles (GUIA), Ricardo García, indicó que la implantación de la ley no es viable en la actualidad.
“Hoy día no estamos ahí y es porque es un reflejo de lo que está pasando con lo que está disponible a nivel mundial. No es algo de Puerto Rico nada más. La realidad es que si tienes una industria que lo que se vende es carros híbridos localmente en menos de 1% de la venta, pues es un poco complicado pensar que ahora todos los vehículos del Gobierno van a ser de esos. Primero por la disponibilidad, segundo, por el tipo de vehículos que necesitas. No necesariamente hay carros híbridos o eléctricos en todas las categorías, como camiones o pick up, que no tienen esa tecnología. Tercero, lo que sería el costo para el gobierno, ya que en este momento, al no ser un producto de masa, es mucho más caro”, expresó García al CPI.
Asimismo, el presidente de GUIA explicó que la escasez de mecánicos expertos en este tipo de vehículos responde precisamente a que dichas unidades no son las que predominan en el mercado puertorriqueño, ni son las que más se venden en los concesionarios de automóviles.
“Esperar que ellos [los concesionarios] tengan mecánicos expertos en eso sería irrazonable. Eso no quiere decir que hacia eso nos estemos moviendo o que nos dirigiremos a eso en todas las empresas. En ese momento [2019] no estábamos preparados. Pero quizás para el 2028 ya estemos preparados. Creo que es una ley que se anticipó a los tiempos”, agregó García.
Para la transición a la adquisición de este tipo de vehículos habría que ajustar las propuestas en las que se solicitan fondos al Gobierno federal. De acuerdo al Secretario del DRNA, la implementación de la Ley Núm 33 del 2019 podría enfrentar el obstáculo de que agencias pudieron haber solicitado una cantidad de fondos federales basada en el costo de un vehículo tradicional, en lugar de una unidad híbrida o eléctrica.
“Las propuestas federales, cuando se presentan, probablemente el funcionario (de Gobierno) que preparó la propuesta incluyó unos costos para los vehículos tradicionales y quizás eso pueda afectar la propuesta. Yo entiendo que debe buscarse una transición razonable para la adquisición de los vehículos, porque tampoco se van a perder unos fondos federales por ese problema. Eso también podría ser un escenario de justificación para la excepción”, argumentó Machargo.
Rafael R. Díaz Torres es integrante de Report for America
Esta nota se publica en Metro gracias a una alianza con el Centro de Periodismo Investigativo. Puede acceder la versión original AQUÍ
