Juliana Ortiz, una funcionaria de colegio por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) que también trabajó haciendo una ruta de voto a domicilio en el municipio de San Germán, conoce de primera mano las múltiples irregularidades que se produjeron en el voto a domicilio durante el pasado proceso electoral del 2020.
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Si la persona que iba a visitar para voto adelantado ya había votado en una primera visita, su firma debía aparecer en la lista al lado de su nombre y no debían ser visitados por segunda vez. Pero durante su ruta, Ortiz encontró electores que le indicaron que ya habían votado y su firma no aparecía en la lista. Al cuestionar en su Junta de Inscripción Permanente (JIP) el por qué de la situación, le dijeron que había varias copias de la misma lista.
“Si las personas que nos tocaron no hubiesen sido honestas, podrían haber votado dos veces”, sostuvo Ortiz.
Otras personas que visitó, por instrucción del comisionado del Partido Nuevo Progresista (PNP) de su precinto, que era quien asignaba las visitas, le indicaron, para su sorpresa, que no habían solicitado el voto a domicilio.
Las irregularidades que vio no se limitaron a estos dos tipos de irregularidades . Durante la ruta encontró un caso de una persona con Alzheimer, a quien no se le permitió votar por no encontrarse apto. Un familiar tenía la intención de votar por él, pero Ortiz le advirtió que si lo hacía, tendría que recusar ese voto.
El Manual de procedimientos del voto adelantado en el domicilio establece que los funcionarios de colegio deben asegurarse de que el elector tenga la capacidad de consentir y ejercer el voto de forma secreta.
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“La capacidad para consentir es una mediante la cual el elector debe poder, de forma individual y voluntaria, comunicarse mediante cualesquiera de los siguientes mecanismos: la expresión oral, escrita y señales o gestos corporales afirmativos iguales o parecidos a los que utilizan las personas con problemas de habla, audición o visión. También implicará que el elector libremente y sin coacción es quien ejerce el voto de forma independiente y secreta”, dice el documento.
Ortiz contó además, que se topó con personas que no tenían ningún problema de movilidad, uno de los criterios para solicitar votar en el hogar, pero se les permitió el voto a domicilio. Dijo que los funcionarios en ocasiones tenían que hacer segundas visitas, porque la primera vez no encontraban a todas las personas que habían solicitado votar a domicilio. En el pasado Código Electoral, el voto adelantado a domicilio era solo para personas mayores de 80 años.
El nuevo reglamento de voto ausente y voto adelantado no requiere evidencia de que el elector no puede ir a votar el día de las elecciones, ya que con los cambios al Código Electoral que contienen nuevos reglamentos, se eliminó el requisito de certificación médica. Incluso, fuentes del CPI aseguraron que no todas las solicitudes de voto a domicilio fueron evaluadas por una comisión local con participación de más de un partido.
Entre los requisitos revisados tras la aprobación del nuevo Código Electoral para solicitar el voto adelantado, además de información personal del elector, solo se le pedía que indicara la razón que le impedía ir al colegio el día de las elecciones.
El presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, sostuvo que el requisito de certificación médica para votar a domicilio se eliminó tras la determinación de permitir – por la pandemia – que personas mayores de 60 años pudieran votar mediante este método. Rosado Colomer aseguró además, que las solicitudes de voto a domicilio fueron evaluadas por una comisión local con representación de todos los partidos, pero fuentes del CPI confirmaron que esto no ocurrió en muchos precintos.
El día de las elecciones siguieron las irregularidades. Al llegar a su colegio, Ortiz fue informada de que no habían eliminado de las listas de votantes a las personas que ya habían votado por adelantado, algo que ocurrió en muchos otros colegios, según múltiples fuentes, incluyendo a la CEE, confirmaron al Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
“O sea, que esas personas podían ir a votar y nosotros no sabíamos que ya habían votado”, advirtió.
Las listas de votantes que Ortiz tuvo en sus manos el día del evento tenían fecha del 14 de septiembre, lo que significa que no estaban actualizadas, ya que, por orden del Tribunal Federal, los electores tuvieron hasta el 24 de septiembre para solicitar el voto adelantado.
El director de la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico (OSIPE) de la CEE, Eduardo Nieves Cartagena, aseguró al CPI que la agencia produjo unas listas en papel color salmón con los nombres de las personas que habían votado por adelantado para que los funcionarios de colegio las usaran de referencia y escribieran a mano la palabra “excluido” en el espacio de la firma de las listas de votantes. Esto no siempre ocurrió.
Si a un elector se le aprobó el voto adelantado, pero no fueron a su domicilio o no le llegaron las papeletas por correo, podía votar el 3 de noviembre, dijo al CPI el presidente de la CEE. El funcionario de colegio debió haber verificado que ese elector estaba excluido, según la hoja color salmón, así que votaría como “añadido a mano”. Rosado Colomer indicó que hubo funcionarios que – por falta de adiestramiento o error humano – no verificaron la lista de excluidos y permitieron que esos electores votaran en el colegio electoral.
Pero al menos dos funcionarios de distintos colegios dijeron al CPI que el día de la elección nunca vieron la hoja color salmón.
Ortiz también aseguró que en el maletín que fue entregado a su colegio de votación no había ninguna lista color salmón. Tampoco fue advertida de que esta lista color salmón debía estar en los maletines.
Entre las irregularidades relatadas al CPI por distintos funcionarios que trabajaron con el voto a domicilio también está que se hicieron solicitudes para voto a domicilio y llegaron para voto por correo, y que hubo casos de personas mayores a las que los funcionarios o familiares le marcaron la papeleta contrario a su voluntad de voto.
Al menos tres candidatos y funcionarios entrevistados por el CPI confirmaron que hubo mucha insistencia de los funcionarios del PNP y del Partido Popular Demócratico (PPD) en el voto a domicilio. Una de las fuentes fue el candidato al Senado por el PIP, Luis Ibrahyn Casiano, quien aseguró que hubo insistencia, por ejemplo, en ir más de una vez a una casa si la persona no se encontraba. Según el presidente de la CEE, si el elector no se encontraba en su hogar al momento en que los funcionarios pasaban a recoger el voto, debía votar “añadido a mano” el día de las elecciones.
Por otro lado, el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lcdo. Olvin Valentín y la Lcda. Eva Prados Rodríguez, candidata del MVC a representante del Precinto 3 de San Juan, solicitaron una investigación tras la aparición de unas papeletas sospechosas de voto adelantado durante el proceso de escrutinio. Las papeletas no contaban con los dobleces típicos de que fueron tramitadas en sobres predirigidos de la CEE, por provenir del voto adelantado, que incluye el voto a domicilio.
El presidente de la CEE dijo al CPI que esta situación se debió a que se acabaron los sobres pequeños donde se colocaban las papeletas y se comenzaron a colocar en sobres de tamaño legal, los que son más grandes. Pero la papeleta más grande, que es la legislativa, no cabe en el sobre legal que usó la CEE, denunció la licenciada Prados.
Agregó que luego de haber denunciado la situación, ahora esperan por que los comisionados tomen una decisión final sobre si esto se investigará.
Barry Elbert Babilonia, quien fue coordinador electoral del PIP en Aguadilla, indicó que tuvo una experiencia directa con dos familiares que pidieron votar desde sus hogares. Él estuvo presente como familiar, ya que sabía el día en que irían los funcionarios de colegio. Aseguró que al llegar, no le explicaron a su tío y a su mamá cómo votar. Si él no hubiera estado allí, dijo, estos hubieran dañado las papeletas porque casi no veían el recuadro donde poner la marca, por ejemplo, en la papeleta del plebiscito.
Babilonia también instruyó a sus familiares a votar en secreto dentro de la casa porque los funcionarios pretendían que votaran en la parte de afuera de la casa, sin ninguna privacidad.
La coordinadora de la Unidad 8 del Precinto 2 de San Juan por el PPD, Ruth Noemí Caraballo, también denunció al CPI una posible violanción a la privacidad del voto en las pasadas elecciones, específicamente en el voto a domicilio.
“Independientemente de que este sector me reciba en su casa y yo lleve su papeleta, el voto es secreto, por lo tanto, el elector no tiene por qué votar frente a mí, ni tiene por qué echar la papeleta en el sobre frente a mí, porque el elector es dueño y señor de su voto. Yo vi una insistencia del funcionario del PNP que me acompañaba por ver por quién votaba la persona”, aseguró.
Caraballo, quien lleva décadas de trabajo como funcionaria en las elecciones, dice que nunca había visto tanta desorganización e irregularidades en el proceso electoral como en esta ocasión. Dijo, además, que en el caso del voto a domicilio, al cotejar los materiales, se percataron que faltaban 15 papeletas municipales, por lo que tuvieron que solicitarlas a la JIP.
Las solicitudes de voto adelantado rompieron récord en las elecciones 2020. Según OSIPE, hubo 57,470 bajo la modalidad de voto por correo. De voto a domicilio, hubo 105,454.
Esta nota se publica en Metro gracias a una alianza con el Centro de Periodismo Investigativo. Puede acceder la versión original AQUÍ
