El presidente de la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia (FFAJ), el abogado José Enrique Colón Santana, afirmó este lunes que la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, parte de premisas equivocadas al oponerse a la legislación que ordenaría a los bancos a transferir dinero no reclamado a un fondo para la representación legal de las personas pobres.
Colón Santana indicó que las inquietudes planteadas por Jaresko en una carta dirigida a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y los presidentes legislativos, en la que esta expresó su rechazo al Proyecto de la Cámara 2310, son injustificadas. Dicha medida, afirmó, no tendría el efecto adverso a las finanzas del gobierno ni al sector cooperativo que plantea Jaresko en su comunicación.
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De hecho, las cooperativas financieras quedaron excluidas del texto enmendado por la Cámara de Representantes, manifestó Colón Santana en una declaración escrita.
El proyecto, aprobado en ese cuerpo y que se encuentra ante la consideración del Senado en la presente Sesión Extraordinaria, nutriría el fondo legal para servicios a las comunidades pobres que administra la Fundación con el dinero no reclamado o en cuentas inactivas en los bancos. Mediante la legislación, el dinero sería transferido al Fondo de Acceso a la Justicia y Fondos Unidos (United Way) para el ofrecimiento de servicios esenciales a las poblaciones más necesitadas de Puerto Rico.
“Rechazar este proyecto es negarle acceso a la justicia a la población más empobrecida del País, que bastante ya ha sufrido los embates de la crisis económica que nos afecta desde hace unos años, y que se ha visto golpeada tras los desastres naturales recientes y el impacto del COVID-19”, sentenció Colón Santana.
“La postura de la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal no es justificada. Este proyecto cuenta con un apoyo amplio de múltiples sectores, incluyendo la comunidad de acceso a la justicia en Puerto Rico. Tan es así, que fue aprobado unánimemente en la Cámara. Sin duda, la justicia será servida con la aprobación de este proyecto”, reiteró el letrado.
Del mismo modo, la licenciada Amaris Torres Rivera, directora ejecutiva de la FFAJ recalcó que “proyectos de ley como este aseguran el apoyo legal a familias que pudieran enfrentar desahucios, ejecuciones de hipoteca y otros procedimientos que les dejarían desprovistos de protecciones adecuadas, más aún en momentos donde existe una crisis mundial de salud y la merma en ingresos de tantas familias”.
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Torres Rivera expresó que el PC 2310 es un proyecto necesario para allegar recursos al Fondo de Acceso a la Justicia, que subvenciona a más de 30 proyectos legales e impacta a sobre 10,000 personas que viven bajo los niveles de pobreza en Puerto Rico.
Al presente, la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia ha hecho accesibles servicios legales a personas afectadas por los huracanes Irma y María, la secuencia de terremotos que sacudió el sur de la Isla, personas con necesidad de títulos de propiedad, víctimas de violencia doméstica, adultos mayores, pacientes con cáncer, personas con diversidad funcional, entre muchos otros
