El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico reaccionó este lunes a la recomendación de la jueza Maritere Brignoni Mártir que hizo la gobernadora Wanda Vázquez Garced para ocupar la vacante que surge esta semana en el Tribunal Supremo.
La vacante surge una vez se retire la jueza asociada del Supremo, Anabelle Rodríguez Rodríguez, este 24 de diciembre.
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Entre los potenciales candidatos para la vacante al Tribunal Supremo que evaluó la Comisión de Nombramientos Judiciales del Colegio se encuentra la jueza Brignoni Mártir.
“A pesar que la jueza Brignoni está cualificada para la plaza a la que se le nombró, el Colegio concluyó que habían otros jueces más cualificados para la plaza, a la luz de los criterios esbozados por la Comisión de Nombramientos Judiciales del Colegio”, dijo la entidad en una declaración escrita.
“El Colegio reconoce la prerrogativa constitucional de la Gobernadora para hacer el nombramiento y que le toca ahora al Senado de Puerto Rico ejercer su facultad constitucional de consentir a dicho nombramiento. El deber del Senado es determinar si la jueza Brignoni Mártir es la candidata más idónea para ocupar la plaza y eso requiere un proceso donde se puedan evaluar las cualidades y cualificaciones de la jueza Brignoni, un proceso que requiere la sosegada evaluación de toda información relevante a las ejecutorias pasadas”, sostiente el Colegio de Abogados y Abogadas.
“Es imperativo que se celebren vistas públicas donde la Honorable Brignoni pueda contestar preguntas e interrogantes de todos los senadores. La falta de transparencia en el proceso de confirmación de la jueza Brignoni dejará de manera permanente una nube de dudas sobre la idoneidad de la jueza para la vacante”.
“Además, es importante que se dé acceso a los informes, documentos que forman parte de la evaluación de la candidata. Esperamos que el Senado de Puerto Rico pueda hacer un análisis ponderado de esta nominación y emita su voto basado en los criterios y guías del perfil idóneo que debe tener todo candidato a juez incluyendo una posición en el Tribunal Supremo de Puerto Rico”, indicó la entidad,
“El pueblo exige una judicatura que nos devuelva la fe en la justicia y que todo nombramiento judicial responda a los mejores interés del país, no a intereses partidistas”, concluyó el Colegio de Abogados y Abogadas.
