Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico devolvió el 3 de diciembre una acusación de tres cargos que acusaba a cinco hombres y tres mujeres, que son miembros de una organización de narcotráfico, con conspiración para poseer con la intención de distribuir sustancias controladas, anunció W. Stephen Muldrow, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
La Administración de Control de Drogras (DEA, por sus siglas en inglés) en conjunto con “Airport Investigations and Tactical Team” (AirTAT) se encargaron de la investigación. AirTAT identifica, localiza, interrumpe, desmantela y procesa a organizaciones criminales transnacionales que utilizan los aeropuertos de Puerto Rico para contrabandear narcóticos, armas, carga humana, documentos falsificados, ganancias ilegales y otros contrabando.
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“Esta investigación demuestra el esfuerzo de colaboración para identificar, atacar y desmantelar las organizaciones de narcotráfico involucradas en el transporte de narcóticos desde Puerto Rico al continente estadounidense”, dijo Muldrow. “La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos continuará trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para atacar este problema y detenciar el uso de Puerto Rico como un lugar de transbordo”.
El agente especial de la División del Caribe de la DEA a cargo, A.J. Collazo, dijo que “continuaremos utilizando todos nuestros recursos interinstitucionales para la interrupción y desmantelamiento de estas organizaciones de narcotráfico independientemente de la modalidad que utilicen”.
La acusación alega que en 2018, los acusados, junto con otras personas conocidas y desconocidas para el Gran Jurado conspiraron para obtener, transportar y distribuir narcóticos, incluyendo cocaína, de Puerto Rico a Nueva York.
Esta organización de narcotráfico es una red de reclutadores, coordinadores y transportadores que viajan desde Puerto Rico a los Estados Unidos a través de vuelos comerciales con narcóticos para la distribución al por mayor, todo para obtener ganancias financieras y ganancias significativas.
Los acusados son:
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Jaime Antonio Nieto-Irizarry
Frankie Javier Piñero-Miranda
Elena García-Muñíz
Sergio Rosario-Cruz
José Luis Acevedo-Atilano
Jaime David Ruiz-Delgado
Tiffany Michelle Zayas-Román
Saraí Denisse Rivera-Díaz
Asistente de los fiscales de Estados Unidos Jawayria Z. Auchter y Richard T. Los Passanisi de la Sección de Crimen Organizado Transnacional están a cargo del enjuiciamiento del caso. Si son declarados culpables, los acusados se enfrentarán a una pena mínima de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua. Las acusaciones contienen sólo cargos y no son evidencia de culpabilidad. Se presume que los acusados son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.
Esta investigación forma parte de una investigación del “Organized Crime Drug Enforcement Task Force” (OCDETF). La OCDETF identifica, perturba y desmantela a los narcotraficantes, lavadores de dinero, pandillas y organizaciones criminales transnacionales de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos mediante el uso de un enfoque multisectoral dirigido por el fiscal, impulsado por la inteligencia y que aprovecha las fortalezas de las agencias policiales federales, estatales y locales contra las redes criminales.
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