En medio de las negociaciones con los acreedores del país en torno a un nuevo plan de ajuste de la deuda, la Junta de Control Fiscal (JCF) publicó hoy los fondos disponibles para cumplir con los requerimientos financieros que puedan surgir de concretarse el acuerdo.
Así lo anunció el ente fiscal hoy —junto a laAutoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf)— mediante un comunicado de prensa en el que señalan que inicialmente, los acreedores del gobierno de Puerto Rico proporcionaron un análisis de la situación de efectivo de Puerto Rico y el efectivo disponible para distribuir a los acreedores.
PUBLICIDAD
Indican que, de acuerdo con los procedimientos de mediación, la Junta respondió a las declaraciones de los acreedores con un análisis de efectivo detallado, que incluye un análisis del efectivo total de Puerto Rico, el efectivo restringido y los saldos mínimos de efectivo que el gobierno necesita mantener.
Según la Junta, al 30 de junio de 2020, el total de efectivo y el equivalente en efectivo de la entidad pública era de $24,700 millones. Aproximadamente, $15,900 millones de esa cantidad estaban en manos de agencias del gobierno central. Los $8,800 millones restantes pertenecían a corporaciones públicas, incluyendo la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (PRASA) y la Universidad de Puerto Rico (UPR).
De acuerdo con los documentos de la JCF, $5,400 millones del efectivo del gobierno central están restringidos, incluidos alrededor de $3,800 millones de fondos federales relacionados con el COVID-19. Después de contabilizar algunos otros fondos que potencialmente no están disponibles, por ejemplo, fondos de desempleo, la Junta estimó que el Gobierno tenía $10,300 millones en efectivo sin restricciones al 30 de junio de 2020.
Aproximadamente $6,000 millones de ese efectivo sin restricciones se contempla como efectivo para los acreedores en la última propuesta para un Plan de Ajuste enmendado, $1,500 millones se asignan para restaurar los pagos a los jubilados que perdieron sus contribuciones de empleados en el plan de contribución definida del gobierno del Sistema 2000, y aproximadamente $650 millones está reservado para sindicatos, jubilados y otros reclamos. Los fondos restantes eran el saldo de efectivo mínimo para las operaciones gubernamentales y otras necesidades críticas, como la financiación provisional para desastres.
El efectivo restringido incluye fondos recibidos del gobierno federal o restringidos por la ley o reglamento federal para usos específicos, incluidos los fondos de la Ley CARES; fondos pertenecientes a terceros y mantenidos por entidades gubernamentales en custodia u otras cuentas segregadas; y otros fondos legalmente restringidos.
PUBLICIDAD
Las negociaciones entre la JCF y los acreedores habrían comenzado luego de la reunión del 20 de noviembre en la que avalaron presentarle el nuevo plan de ajuste a los acreedores.
El plan de ajuste enmendado propone la eliminación de la estructura de los bonos junior de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y la sustituye con un instrumento de valor contingente (CVI, por sus siglas en inglés) de hasta $1,000 millones, el cual sería sufragado únicamente si los recaudos del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) exceden las proyecciones del Plan Fiscal certificado de mayo de 2020. De acuerdo con la Junta, el nuevo plan destinará alrededor de $6,000 millones a los acreedores y alrededor de $5,000 millones en bonos de obligación general. La propuesta del plan enmendado también aplicaría una reducción del 8.5% a las pensiones que excedan los $1,500 por mes.
