Pese a expresiones de la administradora de la Administración de Servicios Generales (ASG), Karla Mercado, el liderato del Departamento de Seguridad Pública (DSP) negó tener interés en cancelar la transacción de una guagua blindada adquirida durante la administración del entonces gobernador Ricardo Rosselló a un costo de $245,000.
En una carta dirigida a Mercado —a la cual Metro tuvo acceso—, Melinda Romero Donelly, jefa de personal del DSP, rechazó que la agencia le haya comunicado a la principal oficial de compras del gobierno o a otros funcionarios de la ASG su intención de cancelar la transacción de la guagua blindada. Por el contrario, planteó que la agencia se limitó a señalar que el vehículo no tiene utilidad para el DSP y solicitaron el reembolso de $58,150 que tramitó el Negociado de la Policía para la entrega del vehículo.
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Ayer Mercado, mediante un comunicado de prensa, aseguró que el DSP le habría comunicado su intención de rescindir de la transacción del vehículo y advirtió que esto podría conllevar la pérdida de fondos públicos y consecuencias legales para el gobierno.
“Debemos aclarar varios asuntos que fueron falsamente representados por usted”, reza las primeras líneas de la misiva de Romero Donelly.
“En ningún momento la comunicación que fuera cursada por el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y notificada electrónicamente el 1 de diciembre de 2020, se hace referencia a la intención de cancelar la adquisición del vehículo blindado. Por el contrario, la comunicación sí expresa que se está remitiendo la documentación de la unidad para que la Administración de Servicios Generales (ASG) finiquitara la transacción con el suplidor, Texas Armoring Corporation, y dispusiera de la misma según estimaran conveniente, cónsono con la solicitud que usted personalmente me requirió”, continuó Romero Donelly.
Romero Donelly también cuestionó las múltiples solicitudes de Mercado al expediente certificado de la transacción ya que alegó que la adquisición del vehículo no inició en el DSP. “Todas las veces que, de manera verbal, la ASG nos solicitó una copia certificada del expediente, se le indicó que al DSP no haber iniciado la compra no habíamos tenido acceso a expediente alguno”, añadió la jefa de personal del DSP. A su vez, le indicó que en una ocasión le solicitó el expediente de la transacción a personal de la ASG y que Mercado le informó que no tenía dichos documentos a pesar de que esta última agencia gubernamental inició la compra del vehículo blindado.
Romero Donelly, además, mencionó que los documentos que entregaron a ASG fueron aquellos que pudieron recopilar de distintas agencias “y por ende no certificamos [los documentos] ya que ningún componente del DSP realizó gestión alguna para la adquisición de la guagua blindada adquirida de manera contraria a las mejores prácticas de compras establecidas en el Gobierno de Puerto Rico”.
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Incluso, la funcionaria del DSP, le comentó a Mercado que el pasado 29 de mayo le solicitó información adicional de la compra ante la existencia de una tablilla que la ASG le habría asignado a la guagua blindada.
Agregó que, ante la falta de una fianza de cumplimiento —o ’performance bond’— es que el DSP decidió referir la transacción al Departamento de Justicia y a la Oficina del Contralor. Según Romero Donelly, en septiembre Mercado le solicitó una copia de la fianza de cumplimiento a pesar de que no se había emitido dicha fianza.
“No obstante, se envió una comunicación a La Fortaleza el 10 de septiembre de 2020 y el 24 de septiembre de 2020, La Fortaleza emitió una certificación notificando que en sus expedientes no obraba ningún documento relacionado al ’performance bond’ en cuestión”, reza la misiva de Romero Donelly.
La funcionaria también objetó las expresiones de Mercado en torno a una alegada falta de comunicación entre ambas dependencias gubernamentales.
“Nos toma por sorpresa que se sostenga en que no tiene respuesta del DSP, cuando lo cierto es que sí existían conversaciones directas con usted y con varios funcionarios de la ASG”, añadió. Inclusive, Romero Donelly mencionó que funcionarios de la ASG se comunicaron con el DSP para auscultar la posibilidad de entregarle el vehículo blindado al Albergue de Testigos.
La orden de compra se generó en febrero de 2018 a un costo original de $245,000. En ese momento, la intención era que el vehículo se utilizara para el transporte del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares y su familia.
Una vez trascendieron públicamente los detalles de la compra, en julio de ese año, el exmandatario dispuso que el vehículo, una guagua Chevrolet Suburban “Premier”, se destinara a la División de Armas y Tácticas Especiales (SWAT) de la Policía. Entre marzo y octubre de 2018, la Oficina del Gobernador y el Negociado de la Policía realizaron de manera combinada desembolsos por $224,100 para adquirir la guagua.
En mayo de 2020, Pedro Janer, secretario del DSP, solicitó a la Oficina de la Contralora una investigación en torno a la adquisición del vehículo.
