Portavoces de la Coalición del Sector Privado alertaron este jueves sobre las “nefastas” consecuencias que tendría implantar un nuevo cierre al comercio y la industria.
Las expresiones del grupo surgen luego que la gobernadora Wanda Vázquez Garced se reunió este martes con un grupo de alcaldes que apoyan ser más rigurosos con la Orden Ejecutiva y restringir las actividades públicas para detener el alza continua en los casos de Covid-19.
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Un supuesto documento preparado por el Departamento de Salud, que circuló por los medios noticiosos y las redes sociales, recomienda niveles más restrictivos en las actividades públicas.
“Desde el comienzo de la pandemia en marzo, el sector empresarial del país ha cumplido cabalmente y de forma minuciosa todas las Órdenes Ejecutivas presentadas por el gobierno, reconociendo el compromiso y responsabilidad que tenemos con cada uno de los ciudadanos puertorriqueños”, indicó Aysha Issa, Presidenta de la Asociación de Productos de Puerto Rico, en una declaración escrita.
Issa añadió que “ocho meses ha sido tiempo más que suficiente para demostrarle al Gobierno local y asegurarles a los clientes que los comercios nos hemos ajustado, invertido en una suma considerable y presentado todas las medidas sugeridas y que responden a la nueva realidad de hacer negocios en medio de la pandemia. No obstante, la mera consideración de regresar a la fase inicial de la pandemia que provocó el cierre total del comercio es nuevamente señalar al sector privado como la única industria responsable para disminuir el alza de contagios del COVID-19.
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“Exigimos al Gobierno a que reconsidere las posibles restricciones que van enfocadas, otra vez y únicamente al comercio y que pretenden implementar en plena temporada navideña. Los ajustes deben ir dirigidos a una mejor fiscalización, orientación al comportamiento y la responsabilidad que debe tener cada individuo ante el escenario que estamos enfrentando. Lo contrario sería un impacto, a la economía local, con unas repercusiones muy difíciles de poder procesar ahora y, mucho más, en el futuro”, añadió Issa.
A este reclamo se unió el presidente electo de la Asociación de Restaurantes, José Vázquez Barquet, quien compartió alarmantes cifras de un sondeo realizado por Inteligencia Económica el cual arrojó una reducción del 50 por ciento de las ventas en restaurantes, que tardarán cerca de 2 años en recuperarse económicamente y han tenido que invertir entre 5,000 a 25,000 dólares por establecimiento para implantar las medidas requeridas por el Gobierno.
“La industria de restaurantes ha sido líder en el establecimiento de protocolos fuertes y la mayoría ha operado de forma segura y responsable en bienestar de nuestros empleados y clientes. Nos preocupa la posibilidad de un ‘lockdown’ por el impacto significativo que pudiera tener en la operación de los restaurantes y la economía en general. Para muchos restaurantes operar con el 30 por ciento de capacidad es complicado, sobre todo para los pequeños y medianos negocios. No podemos bajar más de ese porciento porque las consecuencias serían nefastas para la industria y miles de empleados quedarían en la calle” expresó el ejecutivo.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Comercio al Detal, Iván Báez, informó que en las más de 46 mil observaciones que fueron realizadas por estudiantes universitarios a las tiendas de más 100,000 cuadrados, los resultados fueron muy positivos, evidenciando un 97 por ciento de cumplimiento en el uso de “hand sanitizers”, mascarillas y distanciamiento físico entre personas.
“Hemos hecho todo lo que nos han pedido y más. Estamos conscientes de la situación complicada que estamos enfrentando como país y no hemos escatimado esfuerzos para educar a los patronos, empleados y clientes. Estamos muy satisfechos con el apoyo que los comercios nos han brindado a los esfuerzos de la campaña educativa Nueva Realidad te Abrazamos, y a las medidas de salud y seguridad en sus tiendas. Cerrar el comercio no es la solución cuando el 68 por ciento de los contagios están en las fiestas, encuentros familiares y lugares públicos según informó el Departamento de Salud” añadió Báez.
El llamado a todos los sectores es que no bajen la guardia y que en especial, el Gobierno enfoque sus esfuerzos en aquellos sectores informales que no están en cumplimiento y en lograr que todos los ciudadanos pongan de su parte para controlar esta crisis, mediante campañas educativas más efectivas y refuerzo del cumplimiento de la Orden Ejecutiva en sus hogares.
“Un cierre en estos momentos sería devastador para el sector privado y el tejido socioeconómico de la Puerto Rico. El sector privado, que emplea a más del 70 ciento de la fuerza laboral de la Isla y trabaja de cerca con las comunidades que sirve, ha cumplido cabalmente con los requisitos de seguridad y salud establecidos por el gobierno para confrontar la pandemia que afecta al país. La economía y la salud van de la mano, de hecho, miles de empresas enfrentan insolvencia y se estima que el impacto económico de la pandemia sobrepase los 10 mil millones de dólares” concluyó el doctor Francisco Montalvo Fiol, Coordinador de la Coalición del Sector Privado de Puerto Rico.
Los esfuerzos por controlar la pandemia ha alcanzado un punto donde se ha podido precisar las causas que ocasionan la propagación de la pandemia y en el punto en que estamos representa un daño económico irreversible responsabilizar al sector económico, e impedir que contribuya a sostener la economía cuando se conocen que los brotes de COVID-19 se están produciendo principalmente en los núcleos familiares y actividades donde ocurre una aglomeración alta de personas. Las restricciones nuevas deben apuntar esas actividades específicas y evitar un deterioro económico mayor de nuestra economía.
