Como una “manifestación de discrimen por género” catalogaron decenas de activistas las expresiones de las legisladoras electas por el Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve y Lisie Burgos, quienes el pasado lunes enviaron una carta al gobernador electo Pedro Pierluisi pidiéndole que declare estado de emergencia por “violencia generalizada” y no sólo por violencia contra la mujer.
“La violencia de género es un problema social y de salud pública que debe ser atendido con rigurosidad. Negar su existencia es ser cómplices de los feminicidios y transfeminicidios que tanto consternan al País, así como del dolor y terror que sufren las mujeres que luchan por sobrevivir las agresiones que enfrentan en sus hogares o comunidades”, expresaron hoy más de 150 organizaciones y profesionales que por décadas han trabajado con este grave
problema social. En el grupo hay organizaciones civiles, feministas, de servicios a sobrevivientes y de derechos humanos.
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“Pedirle al gobernador electo, Lcdo. Pedro Pierluisi, que ignore los datos y estadísticas sobre la violencia de género es un acto más de violencia contra el resto de las mujeres en Puerto Rico, incluyendo a las personas trans. Invisibilizar esa violencia, más que proteger vidas, las destruye todas. Las nuevas legisladoras parecen no entender que su deber es legislar desde una perspectiva de derechos humanos y no desde una postura que fomenta
el discrimen y perpetúa la violencia. Hasta ahora han estado más enfocadas en atacar organizaciones de servicios y derechos humanos que en atender el grave problema que enfrentamos”, dijo Amárilis Pagán de Proyecto Matria.
En la carta dirigida a Pierluisi, las legisladoras se mostraron en contra de que se declare el estado de emergencia por violencia contra la mujer exclusivamente pues eso , según ellas, permitiría “que se utilice el Gobierno para adelantar las agendas ideológicas de unos grupos, entre los que destacan organizaciones feministas de género, que buscan servirse de las estructuras gubernamentales para adoctrinar en ideología de género”.
Las activistas que rechazaron esta acción aseguraron que estadísticas demuestran que la violencia de género impacta en su mayoría a las mujeres y a las personas sexo-género diversas, colocándolas en una situación de abuso físico, verbal, emocional o sexual, usualmente perpetrado por hombres. Según datos de los pasados 5 años, en Puerto Rico asesinan a una mujer cada 7 días. El Observatorio de Género reporta que durante el año 2020 y en la semana número 49 del año, el total de feminicidios es 55, incluyendo 2 menores de edad y 6 transfeminicidios. De ese total 16 están categorizados como íntimos. Esto equivale a 1.12 mujeres cada 7 días, una cifra que supera las de años anteriores.
“Ciertamente, es un atentado contra la vida de las mujeres pretender invisibilizar la violencia ejercida contra éstas –y solicitar que no se les proteja– cuando en un contexto de pandemia, la cifra de mujeres violentadas ha ido exponencialmente en aumento, y muchas organizaciones del sector civil han estado denunciando y reportando dicho incremento”, añadió Frances Collazo de Profamilias.
Las organizaciones destacaron que el Estado de Emergencia comenzó a solicitarse desde el año 2018, bajo la gobernación de Ricardo Rosselló. Ese año, las estadísticas de feminicidios alcanzaron las 52 muertes.
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En Puerto Rico, más de 40 organizaciones civiles se dedican a ofrecer servicios de seguridad, albergue, apoyo psicosocial, intercesoría legal, vivienda y desarrollo económico a mujeres en situaciones de violencia doméstica. “No sólo trabajamos para salvar las vidas de miles de mujeres, sino que además garantizamos la seguridad de sus niñas y niños y les acompañamos durante su proceso de sanación y recuperación”, explicó Vilma González Castro de Coordinadora Paz para la Mujer.
“Si bien en Puerto Rico, al igual que en muchos países, los hombres también son víctimas de violencia que atenta contra sus vidas, las principales causas de la violencia no están basadas en su género, sino que se asocian al narcotráfico o crimen organizado. Ya el Estado de Derecho en Puerto Rico protege actualmente a las víctimas de crímenes violentos, así como penaliza dicha conducta delictiva, sin distinción de género”, dijo Edda López Serrano de Aborto Libre Puerto Rico.
Las organizaciones hicieron referencia al Informe Anual de Muertes Violentas de Puerto Rico para el año 2017 del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico en el cual se informa que “[d]e las 1,025 muertes violentas registradas en 2017, 729 fueron homicidios (71.1%). Los homicidios son más frecuentes en hombres (n=692, 94.9%) que en mujeres (n=37, 5.1%) […] Las circunstancias criminales más frecuentes de homicidios en Puerto Rico están relacionadas con el tráfico ilegal de drogas y el crimen organizado. De los 729 homicidios ocurridos en 2017, 332 (45.5%) estaban relacionados con el narcotráfico y el crimen
organizado.”
“El Estado de Emergencia por violencia de género que se solicita es debido a la alta incidencia de violencia contra las mujeres y personas sexo-género diversas, a causa de su género”, Patricia Otón de Inter-Mujeres.
“No podemos tapar el cielo con una mano y negar las estadísticas comprobadas de violencia de género y feminicidios en Puerto Rico. Nuestras organizaciones han sido rigurosas en el proceso de contabilizar los feminicidios y también al registrar y documentar los eventos de violencia de género que atienden a través de sus programas de servicio directo. Si no atendemos la violencia de género con medidas de equidad y respuestas concertadas desde el gobierno, la sociedad y las organizaciones, seguiremos perdiendo
vidas que podrían haber sido protegidas”, señaló Irma Lugo Nazario, del Observatorio de Equidad de Género.
Finalmente, las organizaciones puntualizaron que el rechazo de ambas legisladoras a las políticas públicas y modelos de trabajo dirigidos a atender las diversas manifestaciones de violencia basada en prejuicios y estereotipos de género constituye una violación crasa de los derechos humanos y refleja desde ahora el potencial incumplimiento de su obligación de ejercer una debida diligencia en la protección de quienes sufren violencias de género.
Reiteraron, además, su solicitud al gobernador electo, Lcdo. Pedro Pierluisi, para que se decrete un estado de emergencia por violencia de género.
Mientras que en su misiva, las legisladoras expresaron que “debería declararse un estado de emergencia por la violencia generalizada, su deber como Gobernador electo es proteger la vida de todos los puertorriqueños de las diferentes manifestaciones de la violencia que estamos enfrentando, y que afectan tanto a mujeres como a hombres de todas las edades. Creemos que el verdadero reclamo de equidad exige reconocer que ambas vidas tienen el mismo valor”.
