La secretaria interina del Departamento de Justicia, Inés del C. Carrau Martínez, participó del sexto día de vistas públicas del Comité de Transición, en el cual presentó un recuento de los objetivos y logros alcanzados por el Departamento durante el período comprendido entre enero 2017 y octubre 2020. Además, la también integrante del Comité de Transición Saliente detalló las iniciativas en curso con la finalidad de garantizar su continuidad.
En su ponencia, la Secretaria presentó una radiografía sobre todas las unidades, oficinas, secretarías y/o dependencias adscritas al Departamento de Justicia. Se informó que la agencia cuenta con un plantilla activa de 1,369 empleados y 31 puestos de confianza, distribuidos en 13 Fiscalías de Distrito, 13 Procuradurías de Menores y Familia, 29 secciones del Registro de la Propiedad, la Secretaría Auxiliar de lo Civil, la Secretaría Auxiliar de Asuntos Monopolísticos, la Oficina del Procurador General, la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito (OCSVTD), la Junta de Confiscaciones, el Albergue de Víctimas y Testigos, y el Sistema de Información de Justicia Criminal, entre otras oficinas.
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Actualmente, alrededor de 114 empleados de la Ley 447 cualifican para acogerse a los beneficios de la Ley 80-2020, conocida como “Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos”. Los empleados que cualifican para el retiro incentivado incluyen personal esencial como abogados, fiscales, procuradores y otro personal administrativo.
A raíz de este programa de Retiro, se le solicitó a la Administración Entrante que atienda con apremio el reclutamiento de cómo mínimo, 124 abogados para suplir la necesidad de personal que tienen las áreas como la Secretaría Auxiliar de Asuntos de lo Civil, Oficina del Procurador General, la Oficina de Asuntos Monopolísticos, entre otras unidades administrativas.
En términos de la infraestructura del departamento, se destaca como un logro importante la relocalización de la sede principal. Sobre el particular, se informó que por años, pasadas administraciones identificaron como prioridad la necesidad de reubicar la sede, pero ello no había sido viable debido a que el contrato de arrendamiento con la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) por el edificio de Miramar era irrescindible ya que éste garantizaba los bonos de esa agencia. Sin embargo, los graves estragos y daños provocados por el Huracán María exigieron que se identificara una facilidad que permitiera albergar la sede principal del Departamento de manera temporera, pero con la visión de que pudiese convertirse en permanente en la eventualidad de algún cambio en las condiciones contractuales. Afortunadamente, este proyecto se puedo viabilizar y hacer realidad en diciembre de 2018, gracias a la aprobación de $5,630,550.30 en fondos federales a través de la Agencia para el Manejo de Emergencias conocido por sus siglas en inglés FEMA. Se trabajó de la mano con FEMA y se logró cubrir la totalidad del arrendamiento desde el primer día hasta el 30 de marzo de 2020, cuando la Jueza Taylor Swain, bajo la ley federal Promesa, liberó del contrato de la antigua sede en Miramar.
Se reseñó también que el Proyecto de Modernización de la Infraestructura de los Sistemas de Información del Departamento de Justicia (conocido por los fondos CAPEX) viabilizó la actualización y modernización de todos los equipos de informática, permitiendo con ello garantizar el resguardo de los datos del Registro de la Propiedad y promovió la continuidad de los servicios que presta nuestra agencia. Específicamente, este proyecto se refiere a la modernización de nuestros Sistemas de Informática, Telecomunicaciones y Resguardo de Información, mediante una asignación presupuestaria especial autorizada por la Junta de Supervisión Fiscal por la cantidad de $7,748,138.93 provenientes del fondo CAPEX. De la asignación especial tenemos comprometidos el 98.9% de los fondos y esperamos poder completar los pagos pendientes al 31 de diciembre de 2020.
Como una iniciativa importante lucha contra el crimen, se destacó que se renovó el acuerdo de entendimiento y colaboración mediante el cual se extiende por tres años adicionales el pacto de colaboración entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) y el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) para el procesamiento de casos.
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Por otra parte, se informó sobre la promulgación de la Carta Circular Núm. 2020-01 que establece las Normas y procedimientos al amparo del Artículo 11 de la Ley Número 141-2019, conocida como la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el acceso a la información pública, para la evaluación, tramitación y procesamiento expedito de las solicitudes se información pública bajo el control de la Entidades Gubernamentales, como preámbulo al Reglamento que se someterá para aprobación, constituyen una iniciativa importante que se destaca en la ponencia de la secretaria interina.
Muy importante también, en octubre del 2018, se estableció la Unidad de Control de Fraude al Medicaid (Medicaid Fraud Control Unit – MFCU) para combatir el fraude por parte de proveedores de servicios médicos, según requerido por ley federal. Ésta es una unidad permanente existente en los 50 estados y dos territorios. La misma está subvencionada en parte por la Oficina del Inspector General de los Estados Unidos, y cuenta con el apoyo del U.S. Department of Health and Human Services (HHS).
Esta unidad investiga y procesa las violaciones a las leyes estatales por Fraude al Programa de Medicaid en Puerto Rico. Promueve también acciones para el recobro y/o la restitución de las pérdidas al Programa de Medicaid. Para tener jurisdicción, los casos que investiga la división deben tener alegaciones creíbles de fraude o de negligencia o de abuso de personas institucionalizadas. MFCU acepta referidos de distintas agencias tales como ASES, Departamento de la Familia, Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada, entre otros. En el último año se han recuperado $199,452.79.
Se reseñó que, a fin de atender el problema que se enfrenta nuestra sociedad ante los crímenes por violencia de género, delitos sexuales y maltrato de menores, se adoptó mediante la Orden Administrativa 2019-04 el Protocolo para atención de los asuntos bajo la competencia de la División de las Coordinación de las Unidades Especializadas de violencia doméstica, delitos sexuales y maltrato a menores. Aunando esfuerzos con la Oficina de la jefa de los Fiscales en junio de 2019 se logró la Unificación de los Centros de Investigación y Denuncias, mediante la cual se consolidó en el Centro Metropolitano de Investigaciones y Denuncias (CMID) las Unidades Investigativas de San Juan, Carolina y Bayamón. También mediante la Propuesta STOP Violence Against Woman Act (VAWA), el Departamento recibió de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, la asignación de $498,598, para continuar con la contratación de tres fiscales especializados adicionales y transcriptoras, impactando las jurisdicciones de Carolina, San Juan, Bayamón, Ponce, Utuado, Fajardo y Mayagüez
Se reactivó el Strike Force de Drogas local, que representa una iniciativa anticrimen de gran resultado. Como parte de este programa el Negociado de la Policía de Puerto Rico está continuamente compartiendo inteligencia que permite identificar las tarjetas que participan activamente en empresas dedicadas al narcotráfico y actos de violencia. Durante el periodo de enero de 2020 al presente se han realizado múltiples operativos con el fin de impactar directamente la venta ilegal de drogas y sustancias controladas.
De igual modo, como parte de los esfuerzos interagenciales se creó un equipo de trabajo entre el Departamento de Hacienda, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el Negociado de la Policía de Puerto Rico, el Negociado de Investigaciones Especiales y el Departamento de Justicia, para la investigación y procesamiento de los casos de “PUA”.
Se informó también que durante el periodo del 2017 al 2020, la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito (OCSVTD) atendió 165,999 víctimas en las diferentes Fiscalías. Además, se ofrecieron 147,232 orientaciones a víctimas de delito en las diferentes Fiscalías. Se identificaron fondos suficientes para la contratación de 19 Técnicos de Asistencia Social con la preparación especializada en las áreas de salud mental y trabajo social para reforzar el funcionamiento de las Fiscalías.
Se destacó que el Registro de la Propiedad representa un motor de actividad económica y una fuente de ingreso adicional al fondo general. En el año fiscal 2016-2017 allegó al fondo general $52,573,889.36. Luego, en el 2017-2018 generó $29,377,532.04 y en el año fiscal 2018-2019 produjo recaudos de $60,753,618.84. Para este año fiscal 2019-2020 proyectamos recibir $80,292,755.
Se mencionó como un logro significativo, la creación de la Sede Metropolitana del Registro de la Propiedad, mediante la que se consolidaron 11 de las 29 Secciones del Registro, correspondiente a los pueblos de San Juan, Caguas, Carolina y Guaynabo. Esto ha permitido maximizar el uso de recursos humanos para atender el atraso en las inscripciones en aquellas secciones que lo requieran.
Una asignación presupuestaria especial coordinada con la Junta de Supervisión Fiscal implementó un programa de Internado de Estudiantes Universitarios como Ayudantes de Técnicos de Registro de la Propiedad para atender el atraso en la inscripción de documentos. Este proyecto es una colaboración entre el Registro de la Propiedad y la Universidad de Puerto Rico. El programa de trabajo fue implementado durante el mes de febrero de 2020 para atender el atraso en una de las secciones de la Sede Metropolitana y dos secciones de Bayamón.
Sobre las operaciones de la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) se informó que entre 2017 a octubre 2020 se han duplicado la cantidad de querellas recibidas. De igual manera, ha incursionado en litigios de casos de temas de envergadura nacional, tales como atender la epidemia de los daños que han causado los opioides; la divulgación de datos personales por la negligencia de Equifax y Facebook; y la peligrosidad de las bolsas de aire en los automóviles fabricadas por Takata, por mencionar algunos. El caso de los opioides, que actualmente litiga la OAM tiene el potencial de producir sobre $140 millones de dólares para trabajar con la crisis de adición que enfrenta Puerto Rico y los Estados Unidos.
Se informó que, la División de Recursos Externos (DRE) maneja y distribuye, en calidad de recipiente, unos $174,721,856.00 entre los diversos “grants” o subvenciones otorgadas por el gobierno federal. Entre las subvenciones que maneja la DRE se encuentran: (1) el grant Edward Byrne Justice Assistance (mejor conocido como JAG); (2) los grants del Victim Of Crime Assistance (conocido como VOCA), uno para Compensación y (3) otro para Asistencia a víctimas; (4) la subvención del Sexual Offender Registration and Notification Act (conocido como SORNA) otorgada para desarrollar bajo los estándares de ley el registro de ofensores sexuales, (5) la subvención bajo el Prison Rape Elimination Act (conocido como PREA) otorgado al Departamento de Corrección y manejado por el Departamento de Justicia para la prevención de agresiones sexuales en las instituciones carcelarias del estado; (6) el John R. Justice (JRJ) grant que va dirigido a repagar los prestamos estudiantiles de abogados del estado y defensores públicos; (7) la subvención bajo la Oficina del Sex Offender Sentencing, Monitoring, Apprehending, Registering, and Tracking (SMART) del Departamento de Justicia Federal, para apoyar el desarrollo e implementación del registro de ofensores sexuales. La mayoría de éstos fondos federales son otorgados anualmente y de ordinario tienen una vigencia de 4 años cada uno. La gran suma que maneja la DRE se debe a que cada subvención puede tener varios años abiertos simultáneamente, en distintas etapas de los procesos.
Carrau Martínez culminó su ponencia diciendo que “sólo me resta decir que a pesar de los desafíos, ha quedado demostrado que somos un pueblo resiliente. Con la unidad de propósito y el acuerdo de voluntades nos hemos levantado y sobrepasado todas estas adversidades -naturales y fiscales. Esperamos haber resumido los logros y objetivos alcanzados por el Departamento de Justicia al procurar, en beneficio de todos puertorriqueños, cambios importantes en el proceso de hacer justicia, a la vez que promovemos un país en el que se destaque el derecho a vivir en una sociedad donde se respete la diversidad y se promueva la convivencia pacífica entre todos los miembros de la comunidad”.
