Trece meses transcurrieron desde la declaración de Estado de Alerta por la violencia de género, hasta la emisión en octubre de la Orden Ejecutiva que declara servicio de prioridad para el gobierno la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
La alerta decretada el 4 de septiembre de 2019 pautaba la creación de un protocolo para atender el problema de la violencia de género. Aunque no se concretó, se tradujo en un documento titulado “Protocolo de Acción para Combatir la Violencia Hacia Las Mujeres de Puerto Rico” incluido en la nueva Orden Ejecutiva.
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Esta también establecía integrar entidades públicas y privadas, gubernamentales y del tercer sector, mientras que la Orden Ejecutiva lleva a la creación de una Comisión Multisectorial Contra La Violencia de la Mujer con miembros de las agencias para asesorar a la Gobernadora en la implementación del Protocolo.
Para la cofundadora de Proyecto Matria, Amarilis Pagán, estas medidas no son nuevas. “La Orden Ejecutiva incluye cosas que se supone que existían y que fueran operacionales. En los últimos años la respuesta gubernamental a la violencia de género se fue deteriorando a tal extremo que nos presentan soluciones viejas como si fueran soluciones nuevas”, dijo.
Además, aseguró que para la creación de un plan efectivo, el gobierno debe mirar la violencia de género desde la perspectiva de las desigualdades que lo producen.
La nueva Orden también dispone a Educación a ampliar el programa de enseñanza sobre equidad a todo el sistema y adiestrar a su personal sobre el tema, y pone a la Procuradora de la Mujer como encargada de someter a la Junta propuestas para obtener fondos que garanticen la atención de estas medidas.
