En un día en que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) finalmente terminó de contar los últimos votos previo al comienzo formal del escrutinio general, una nueva batalla interna estalló luego de que el presidente del organismo, Francisco Rosado Colomer, notificara, en una carta al comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Nicolás Gautier, que la Oficina de la Inspectora General (OIG) asumiría “jurisdicción” para liderar una auditoría sobre el atropellado proceso de voto adelantado.
Aunque los comisionados, en pasados días, habían acordado la necesidad de que un ente externo llevara a cabo algún tipo de investigación, la decisión de Rosado Colomer levantó ronchas entre los representantes de todos los partidos, con la excepción del representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) ante la CEE, Héctor Joaquín Sánchez.
Gautier, tras culminar una reunión en la que el presidente les notificó formalmente la decisión de acudir a la OIG para que de alguna manera interviniera en la CEE, aceptó que consideraba la posibilidad de acudir a la corte para revertir la decisión de Rosado Colomer, que no pasó primero por los comisionados.
Rosado Colomer, en un encuentro que tuvo con los medios poco antes de la reunión de comisión, argumentó que la auditoría no se trata de un asunto electoral.
“No sé cuál es la base que ellos tienen. Alguien me dijo que podría ser que tienen una argumentación de que es algo electoral. Esto es una auditoría de material. ¿Que incide en los electoral? Quizás. Pero ahora mismo es un cuadre de papeletas, que esa auditoría la solicitó el primer partido (PNP) y fue aprobada de forma unánime”, expresó el presidente.
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“Cuando recibí esa carta (notificándole la auditoría de OIG), a mí me sorprendió, porque hacer auditorías en la CEE es un asunto electoral, no administrativo. Cuatro comisionados coincidieron conmigo en que la OIG no puede hacer auditorías de asuntos electorales. La OIG sí puede hacer auditorías de asuntos financieros pero no asuntos electorales. El presidente resolvió en contra de nosotros y a favor del PNP de que sí va a llevar a cabo la auditoría, así que yo tendré que decidir si acudo a los tribunales para revisar esa decisión”, sostuvo, por su parte, el comisionado de la Pava.
Sánchez y la comisionada alterna del PNP, Vanessa Santo Domingo, aseguraron que, aunque ellos no solicitaron que OIG realizara la auditoría, la CEE ya había alcanzado un acuerdo con esa agencia hace varias semanas, y que ningún partido presentó objeciones en aquel entonces.
“Nosotros, para darle paz y confianza al pueblo de Puerto Rico, ya que hay personas que lo que hacen es crearles confusión y caos, habíamos solicitado el pasado 20 de octubre que se hiciera una auditoría”, mencionó Sánchez.
“Entendemos que los comisionados debemos decidir eso en consenso y seleccionar entes externos que no sean parte de la rama ejecutiva. Lo que sí es cierto es que esa movida e interés de solicitar esa auditoría reconoce que hay serias irregularidades en todas las etapas del proceso electoral”, había dicho el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín.
El propio Valentín presentó ayer un recurso de mandamus para forzar a la CEE a entregar al MVC una serie de documentos relacionados al voto adelantado.
El documento legal radicado ante el Tribunal de San Juan contiene 10 solicitudes de información a la CEE: la lista final de solicitudes de voto ausente y adelantado, desglosado por precinto; el total de papeletas enviadas y recibidas de voto adelantado por correo y voto ausente; la lista de solicitudes de “elector viajero” recibidas entre el 1 y 4 de octubre; la lista de electores que votaron en todas las modalidades de voto adelantado; el número de solicitudes de voto a domicilio; el número de solicitudes de voto adelantado que fueron grabadas; la lista de solicitudes de voto por correo devueltos; el número de casos autorizados por JAVA para recoger votos a domicilio manualmente; la lista de votantes adicionales de voto a domicilio; y un “desglose de todo lo contabilizado de voto adelantado por precinto en cada modalidad”.
“El presidente indicó que gestionaría la petición con las oficinas correspondientes. Sin embargo, al momento de presentar este recurso, la información no ha sido producida”, lee la demanda.
Rosado Colomer, en tanto, ripostó que los partidos cuentan con gerentes en JAVA que deben tener acceso a la información que pidió el partido.
Sin embargo, Gautier también sostuvo que la CEE había sido incapaz de proveerles información muy similar a la que reclamó judicialmente el MVC, aunque no precisó si se buscaría unirse a ese recurso, si presentaría otra demanda o si se abstendría de tomar acción legal.
Los gerentes de JAVA “pueden tener acceso, pero desde el punto de vista global, de la operación de JAVA, no. Porque ellos bregan con las solicitudes de los partidos a los cuales representan, no con las de otros partidos”, dijo Gautier.
Termina el conteo preliminar
Mientras los comisionados y el presidente batallaban sobre la auditoría, en el piso del Roberto Clemente los funcionarios de los partidos lograron cerrar el conteo de votos contenidos en los 125 maletines de voto adelantado y ausente que se encontraron esta semana.
No obstante, culminado ese proceso, el director de escrutinio, Ferdinand Ocasio, no pudo precisar la cifra final de papeletas que se hallaron, al indicar que no se habían sometido las actas correspondientes a algunos de los precintos trabajados entre el miércoles y el jueves.
Ese cuadre de actas, posiblemente, se extendería hasta la mañana de hoy, tras lo cual comenzaría el escrutinio general con el precinto 1 de San Juan y que seguiría en orden númerico hasta finalizar con el precinto 110 de Trujillo Alto, en un proceso que Ocasio proyectó duraría hasta tres semanas, incluyendo recuentos.
Los resultados de los votos contados ayer no fueron divulgados de inmediato, sino que se reflejarían en las estadísticas del escrutinio general a partir de hoy.