La Contraloría de Puerto Rico reveló el viernes, que la aprobación de leyes estatales, tuvo como efecto el uso de fondos del Sistema de Emergencias 9-1-1 para propósitos contrarios a lo establecido en la legislación federal.
Además, la Junta del Negociado autorizó desembolsos sin considerar la declaración expresa de la legislación federal con respecto al uso de los cargos a los abonados telefónicos.
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El Gobierno de Puerto Rico estableció el Fondo para la Promoción de Empleos y Actividad Económica en el 2014, y el Fondo de Responsabilidad Legal en el 2015. Estos fondos recibieron 12,484,016 dólares entre el 2014 y 2016 del Sistema 9-1-1.
Además, el Sistema de Atención al Ciudadano 3-1-1, cuyo servicio no está relacionado a llamadas de emergencia, registró un déficit de 10,434,614 dólares, del 2012 hasta el 2019, que se compensó con los recaudos del Sistema 9-1-1.
Entre el 2014 y 2016, la Junta del Negociado también aprobó y otorgó 275,000 dólares de fondos del Sistema 9-1-1 a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y 11,672 dólares para la remodelación de la Escuela Heraclio H. Rivera de Toa Alta.
Estas situaciones contrarias a la Ensuring Needed Help Arrives Near Callers Employing Act of 2004 y a la Wireless Communications and Public Safety Act of 1999, impidió contar con 23,205,302 dólares para distribuir a las agencias de seguridad para atender situaciones de emergencia o desastres, y cubrir sus gastos administrativos y operacionales. Los auditores externos señalaron en el 2016 que por dos años se había incumplido con la distribución de un mínimo de 40 por ciento de los recaudos a las agencias de seguridad.
Además, esta situación propició que la Federal Communications Commission condicionara la aprobación de un fondo de 810,300,000 dólares a través de Uniendo a Puerto Rico Fund en el 2018, para la reconstrucción de la infraestructura de los proveedores de telecomunicaciones en Puerto Rico tras el paso del huracán María.
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La Contraloría recomienda a la Gobernadora y a la Asamblea Legislativa, promover legislación para atemperar las leyes estatales con la legislación federal que rige el Sistema 9-1-1 y considerar el uso restricto de los recaudos a los abonados telefónicos. Además, que se considere restituir al Negociado los 12,484,016 dólares para que se utilicen de acuerdo con las disposiciones establecidas en la legislación federal.
El pasado mes de octubre, el sistema 9-1-1 tuvo que cesar operaciones por unas horas debido a un caso de COVID-19 en la agencia y se pidió a la ciudadanía que llamaran a otro número para emergencias.
